Culpable soy yo: La presunta responsabilidad penal de la Municipalidad de Pueblo Libre en la muerte de dos trabajadores del Mc Donald’s

EL DERECHO A LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
13/03/2019
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Por: Javier Chiok Gonzalez[1]

Con fecha 17 de diciembre de 2019, el Subgerente de Riesgos y Desastres de la comuna de Pueblo Libre, declaró ante un medio local que no se habían realizado las labores de fiscalización propias de su subgerencia puesto que al tratarse de una franquicia multinacional, el asumía que cumplían con los estándares legales correspondientes.

Tal y como se titula la recordada canción de José Luis Rodríguez (“El Puma”), hace unos días leí una declaración del Subgerente de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Pueblo Libre[2], Andrés Ciudad Trujillo, donde señalaba que omitió realizar la fiscalización debida al local de la cadena de comida McDonald`s ubicado en su jurisdicción, donde murieron electrocutados dos jóvenes. Según el subgerente se debió a que “como el local de fast food era administrado por una transnacional, pensaron que cumplían con los estándares de seguridad internacionales ”.  

Los hechos que son materia de investigación a la fecha ocurrieron en el local del local de McDonald`s ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria y La Marina. Los jóvenes Gabriel Campos Zapata (19 años) y Alexandra Porras Inga (18 años), perdieron la vida al electrocutarse mientras cumplían labores de limpieza dentro del local de la referida cadena.

Lo señalado por el subgerente de la Municipalidad de Pueblo Libre llama profundamente la atención, en tanto que, lejos de ser una declaración que podría causar indignación, resultaría ser una posible confesión de un delito. Ello, en tanto éste habría infringido el deber de garante que ostenta como subgerente de Riesgos y Desastres de la referida municipalidad, hechos que habrían devenido en la muerte de los jóvenes antes mencionados.

En el presente artículo, se procederá a argumentar por qué esta persona tendría un deber de garante, para luego analizar si su conducta omisiva sería penalmente relevante para el caso, en tanto esta conducta habría sido elemento preponderante para el resultado lesivo en el bien jurídico de las víctimas.

 

El deber de garante del Subgerente de Riesgos y Desastres

Como primer elemento a analizar, resulta necesario determinar si el subgerente de riesgos y desastres de la Municipalidad de Pueblo Libre, ostenta o no, un deber de garante.

El deber de garante tiene la función de determinar, quién tiene la obligación de intervenir para evitar la realización del resultado mediante un acto positivo. Esta persona tiene el deber de garantizar que éste no acaezca[3]. Asimismo, resulta importante añadir que, tal como señala Mir Puig  el deber de garante puede entenderse a través de  dos vertientes. La primera, como aquella obligación que corresponde a un sujeto respecto de la protección de un bien jurídico; mientras que la segunda, entendida como la función personal de control de una fuente de peligro, bajo ciertas circunstancias[4].

El presente artículo, plantea la existencia de un especial deber de garante de los funcionarios públicos. Tal como señala Pawlik, este especial deber de garante tiene su fundamento en la función prestacional del Estado[5].

A continuación, se procederá a señalar por qué el Subgerente de Riesgos y Desastres de la comuna de Pueblo Libre, a través de sus declaraciones, estaría confesando la omisión de sus funciones y, por tanto, admitiendo su posible responsabilidad por la muerte de ambos jóvenes.

Tal como señala el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de la Municipalidad de Pueblo libre, en su artículo 108º, literal ¿el subgerente tiene las funciones de?”: f) “Efectuar programas de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones en el Distrito (…) y q) “Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente, notificar los incumplimientos conforme a ley”[6]. Asimismo, según el artículo 7º del Decreto Supremo 002-2018-PCM,  la Municipalidad, a través de su órgano ejecutante (a cargo de la Subgerencia de Riesgos y Desastres), debe poner en conocimiento de la autoridad municipal el incumplimiento de las condiciones de seguridad[7]. Con lo antes señalado, corroboramos que existe una norma especial (ROF de la Municipalidad) la cual regula la obligación del Subgerente de Riesgos y Desastres no solo de supervisar o realizar inspecciones técnicas a las edificaciones en el distrito; sino que también reconoce la obligación de exigir el cumplimiento de la normativa prevista para su subgerencia, así como la de notificar los incumplimientos a ésta.

Resulta coherente entonces, señalar que dicha norma no solo enmarca las funciones del Subgerente de Riesgos y Desastres, sino que también reconoce la existencia de un deber de garante del funcionario público, en este caso del citado subgerente. Y ello porque, al tener un status jerárquico mayor (subgerente), significa no solo un mayor dominio o control sobre la fuente de riesgo; sino que también significa un mayor nivel de responsabilidad de protección frente a la vulnerabilidad del bien jurídico (la vida)[8].

Con lo señalado por el citado subgerente, nos encontraríamos en el supuesto de una confesión de la omisión de dicho deber de garante (así como la omisión de funciones propias de su cargo), las cuales devinieron en la realización del hecho que llevó a la muerte de los trabajadores antes mencionados. Adicionalmente, es necesario precisar que el subgerente no sería el único responsable por dicha omisión, sino también otros funcionarios de dicha Municipalidad.

Sin embargo, queda la duda respecto del fundamento que nos lleva a concluir que el funcionario de la Municipalidad de Pueblo Libre respondería penalmente por la muerte de los trabajadores, si únicamente omitió supervisar el local del McDonald´s ubicado en su distrito.

En la teoría del delito, tenemos distintos tipos de clasificaciones para analizar las conductas delictivas. Una de estas posibles clasificaciones son por la modalidad de comportamiento típico. Tal como señalan Hurtado Pozo y Prado Saldarriaga las reglas generales de la imputación penal que se recogen en nuestro Código Penal, parten de establecer una diferenciación naturalista entre acción y omisión[9].

En la teoría de los delitos de omisión el Derecho Penal sanciona  aquellas situaciones donde un sujeto deja de realizar una acción que se le exige durante una situación social concreta o determinada. Y ello siempre que dicho sujeto, sobre el que recae la exigencia, tenga la capacidad psicofísica de realizar determinada conducta[10]. Asimismo, resulta necesario señalar que en los delitos omisivos necesariamente se requiere la preexistencia de una situación donde se pueda atribuir al sujeto activo un deber de garante.

Dentro de los delitos omisivos, podemos distinguir entre delitos de omisión propia e impropia. Para el presente caso, resulta únicamente necesario hacer referencia al segundo grupo. La comisión por omisión u omisión impropia, son aquellos delitos en donde la omisión no se encuentra expresamente mencionada en el tipo penal[11].

Como señala Meini, el objetivo de que nuestro Código penal estipule los delitos de comisión por omisión no es otra sino corroborar que existe la posibilidad de que en los delitos de resultado, como el homicidio e incluso los delitos especiales, no solo pueden ser cometidos mediante un comportamiento activo; sino que también podrían ser realizados a través de una omisión[12]. Así pues, para que se configure un delito en comisión por omisión deberán cumplirse con los siguientes presupuestos[13]: a) Situación típica; b) Equivalencia entre acción y omisión; c) Ausencia de realización de la conducta exigida; y d) Capacidad de realizar la conducta exigida.

 

Habiendo señalado lo anterior, se procederá a subsumir los hechos del caso a los presupuestos requeridos por los delitos de comisión por omisión:

  1. Situación típica: Existía un deber de garante de parte del funcionario de la Municipalidad de Pueblo Libre en tanto la labor del subgerente era de prevenir, mediante el cumplimiento de sus funciones, la vulneración de un bien jurídico. En este caso, se incumplieron dichas funciones, lo cual conllevó a la muerte de los trabajadores.
  2. Equivalencia entre acción y omisión: Este presupuesto se concreta al equiparar la omisión de supervisión y ejecución de funciones, de parte del subgerente de la Municipalidad, a un quehacer activo, de cualquier persona, que pudiera vulnerar el bien jurídico. Es decir, la omisión de funciones es igual de influyente en la afectación de la vida de los trabajadores como la responsabilidad de la propia tienda de no haber cumplido con la reparación y mantenimiento adecuado del cableado de la tienda.
  3. Ausencia de realización de la conducta mandada: Existía la obligación del subgerente efectuar programas de inspecciones técnicas de Seguridad en edificaciones en el distrito y supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente, obligaciones que se materializarían a través del cumplimiento de funciones propias de su cargo. En las declaraciones realizadas al medio periodístico, este mismo acepta el incumplimiento de la conducta que lo obligaba a velar por la protección de bienes jurídicos.
  4. Capacidad de realizar la conducta mandada: La conducta previamente mencionada fue encargada al subgerente de Riesgos y Desastres de la Municipalidad, sujeto quien ostenta la capacidad de realizar dichas labores. Ello en tanto presuponemos que cumple con los requisitos necesarios para el ejercicio de dicho cargo y por ende, de cumplimiento de dicha obligación encomendada.

 

Finalmente, a manera de conclusión, es necesario hacer la precisión que con lo antes expuesto no estamos eximiendo de responsabilidad a la cadena McDonald´s, en tanto empleadores de ambos jóvenes. Muy por el contrario, encontramos que resulta necesario atribuirles responsabilidad a ambas partes (el privado y el funcionario público), en tanto han omitido deberes de cuidado que, de manera conjunta, ha conllevado a que acaezca el resultado lesivo: la muerte de dos jóvenes trabajadores.

Existe además un punto a mencionar respecto de la capacidad del subgerente de Riesgos y Desastres para responder penalmente por la omisión de sus funciones. En el presente caso, debemos hacer mención a que existe una línea divisoria entre el compliance laboral (responsabilidad de McDonald´s de adecuarse a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la responsabilidad de supervisión de parte de la Municipalidad. Tal como señala el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, el Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM en su artículo 5º que los criterios a ser evaluados por parte de la Municipalidad (el órgano competente en esta comuna es la Subgerencia de Riesgos y Desastres), entre otros, son los estándares y exigencias mínimas de operatividad, mantenimiento, etc.[14]

Entonces, resulta coherente señalar que la supervisión de que el cableado eléctrico del local cumpliera con las “exigencias mínimas de operatividad y mantenimiento” era responsabilidad de la subgerencia municipal. Ello, no solo para prevenir alguna afectación a los propios trabajadores del local; sino a fin de prevenir que cualquier persona, sea cliente, trabajadores o terceros que frecuenten el local, pudieran verse afectados.

Por lo antes mencionado, se plantea que el funcionario de la municipalidad de Pueblo Libre a cargo de la fiscalización y control del cumplimiento de las medidas de seguridad de locales ubicados en dicha jurisdicción ostentaría una responsabilidad frente a los hechos ocurridos y que conllevaron a la trágica muerte de dos jóvenes trabajadores del local de McDonald´s ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Consideramos que la responsabilidad del funcionario de la municipalidad sería por el delito de homicidio por comisión por omisión.

 

[1] Abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Delitos contra la Administración Pública y temas de Corrupción. Miembro extraordinario de la Asociación Civil Iter Criminis.

[2] Diario La República. Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/17/mcdonalds-no-fue-fiscalizada-segun-subgerente-de-control-de-riesgos-de-pueblo-libre-hay-que-ser-sensatos-es-una-trasnacional-video-atmp/?fbclid=IwAR3Mxb5MDI2LW09BJr3u1AYIOcFYnKPQLAnoaapDURjeL80rOcuyXTjGgFQ. Revisado el 17.12.2019

[3] Gropp, S 11 N° 8; Baumann/Weber/Mitsch. S 15 N° 44. Cfr. Peña Cabrera, 1995, pp. 475.

[4] MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal. Parte General”. Barcelona, España. Editorial Reppertor. 2005. Pp. 351.

[5] PAWLIK, Michael. El funcionario público como garante de impedir delitos”. En InDret, Barcelona, 2008.

[6] Disponible en: http://www.muniplibre.gob.pe/assets/docs/ordenanzas/ordena5272019.pdf. Revisado el 17.12.2019.

[7] Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM. Decreto Supremo que aprueba el nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE). (AJUSTAR TIPO DE LETRA)

[8] GUIMARAY MORI, Erick y Julio Rodríguez Vásquez. Colusión por Comisión por Omisión: El caso de los Alcaldes y los Presidentes Regionales. En Revista IUS ET VERITAS Nº 51. Diciembre 2015, Lima, Perú. pp. 291.

[9] HURTADO POZO, Jose y Victor Prado Saldarriaga. Derecho Penal Parte General. Tomo I, pp. 1076.

[10] BUSTOS RAMIREZ, Juan. Obras completas. (Derecho penal parte general) Tomo I, pp. 974-975.

[11] Es decir que el fundamento de hecho del tipo penal, no menciona la condición exigida de cumplimiento del comportamiento atribuido al sujeto.

[12] MEINI, Ivan. Comisión por Omisión. En “Problemas fundamentales de la Parte General del Código Penal” de José Hurtado Pozo. Lima 2009. Pp. 433.

[13] MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal Parte General. Barcelona. Pp. 324.

[14] DECRETO SUPREMO Nº 002-2018-PCM. Artículo 5º

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