EL DERECHO A LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

LA COSA JUZGADA EN EL ÁMBITO PENAL
28/11/2018
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Por: Claudia Castro Aliaga

De acuerdo con nuestra Constitución Política de 1993, es derecho -y principio- de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional. Estos dos principios abarcan el iter procesal y brindan de garantías y derechos a los administrados para que se pueda llegar a cumplir con la finalidad del proceso: la resolución efectiva de controversias y la búsqueda de la paz social. Dentro de los derechos y garantías que contamos se encuentra el derecho a la prueba, el cual se desarrolla, como el mismo nombre lo dice, en la etapa probatoria del proceso. En las próximas líneas desarrollaremos el derecho a la prueba, dividiendo el presente artículo en tres apartados: i) El derecho a la prueba; ii) El derecho a la prueba según el Tribunal Constitucional; y, iii) El derecho a la prueba en el proceso penal.

  • El Derecho a la Prueba

El derecho a la prueba es aquel derecho de toda persona parte de un proceso que consiste en poder presentar ante el órgano jurisdiccional todos los medios probatorios pertinentes para la defensa de su postura. En este sentido, el catedrático Reynaldo Bustamante nos explica lo siguiente:


“(…) El derecho a probar es aquel derecho subjetivo, perteneciente al grupo de los llamados derechos fundamentales, que posee todo sujeto de derechos por el solo hecho de serlo, que le permite utilizar dentro de un proceso o procedimiento, conforme a los principios que lo delimitan y le dan contenido, todos los medios probatorios pertinentes que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a su defensa. Se trata de un derecho que no tiene por objeto o materia convencer al juzgado sobre la verdad de los hechos afirmados por los sujetos procesales, es decir, no es un derecho a que el juzgador se dé por convencido en presencia de ciertos medios probatorios, sino a que se admitan y actúen los ofrecidos por los sujetos procesales distintos a él (…) y los valores debidamente, teniéndolos en cuenta en la sentencia o decisión, con prescindencia del resultado de su apreciación -es decir, independientemente de que quede convencido o no sobre los hechos afirmado.”

  • El derecho a la prueba según el Tribunal Constitucional

Este derecho ha sido desarrollado de manera amplia por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias debido a su importancia como uno de los elementos principales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Una de las principales tareas de este Tribunal ha sido establecer los límites de este derecho. Al respecto, en la Sentencia N° 03997-2013-PHC/TC se nos menciona que:

“Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. (…) Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia.”[1]

De este modo, el Tribunal Constitucional refiere que la importancia de este derecho consiste en la presentación de medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juez sobre la veracidad de sus argumentos. Estos medios probatorios, por lo tanto, deben ser debidamente admitidos y actuados para que puedan cumplir con su finalidad; en este sentido, no basta con la sola posibilidad de presentar los medios probatorios por parte del órgano jurisdiccional, sino que también se debe actuar para que se cuente con un debido cumplimiento de este derecho.

  • El derecho a la prueba en el proceso penal

Después de haber tratado de definir el derecho a la prueba, nos concentraremos en su aplicación en el proceso penal. Con la finalidad de cumplir con esta tarea, procederemos a estudiar su regulación en el Nuevo Código Procesal Penal (en adelante “NCPP”), código que se encuentra vigente en la mayoría de los distritos jurisdiccionales.

En la Sección II del Libro Segundo -La Actividad Procesal- del NCPP se regula todo lo relacionado a la prueba, sobre todo, en el Título II -desde el artículo 155° al 252°- que hace referencia a los medios de prueba. De acuerdo a este texto normativo, los principales medios de prueba en el proceso penal son la confesión, el testimonio, la pericia, el careo y la prueba documental, con la posibilidad de poder presentarse otro tipo de medio probatorio.

Estos medios probatorios; sin embargo, deben cumplir con los principios de pertinencia, conducencia y utilidad para que puedan ser aceptados dentro del proceso penal. Estos principios, que sirven como límites de la actividad probatoria, fueron desarrollados por la jurisprudencia de la siguiente manera:

  • Pertinencia → Exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto del proceso. 
  • Conducencia →  El legislador establece la necesidad que determinados hechos sean probados a través de determinados medios probatorios; en este sentido, resultaran inconducentes los medios probatorios que se encuentre prohibido para probar un hecho.
  • Utilidad → Solo podrá presentarse los medios probatorios que contribuya a conocer el objeto que es materia de investigación y que, por lo tanto, presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador[2].

En este sentido, todo aquel medio probatorio que no cumpla con estos principios; es decir, que no tengan una relación directa o indirecta con el hecho, que se encuentren prohibidos por el legislador y/o que no ayude al proceso de convicción del juez, no deberán ser admitidas dentro del proceso penal.

Ahora bien, una vez establecido los criterios que debe cumplir la prueba para poder ser admitida en el proceso penal, es necesario precisar en qué parte del proceso penal se puede presentar los medios probatorios. Como debemos recordar, el NCPP establece un nuevo modelo de proceso penal, el cual se encuentra dividido en tres partes: i) la investigación preliminar; ii) la etapa intermedia; y, iii) el juicio oral. Como el tema principal del presente artículo no se centra en el nuevo proceso penal, explicaremos de manera breve la etapa de investigación preliminar y la etapa intermedia con la finalidad de poder señalar en qué momento se puede presentar los medios probatorios.

En la etapa de investigación preliminar el representante del Ministerio Público realiza, como su nombre lo dice, la investigación del hecho para poder encontrar algún indicio de responsabilidad sobre el imputado. De encontrar algún indicio de responsabilidad, el Fiscal decide por formalizar la denuncia penal, notificando al imputado de su decisión e informando al juzgado correspondiente para que se pueda llevar a cabo la audiencia de presentación de cargos. Si en la referida audiencia, el Juez encuentra haber mérito para la apertura de instrucción, se inicia con la etapa intermedia y, en la misma audiencia, tanto el representante del Ministerio Público como el imputado tendrán que presentar los medios probatorios que consideren necesarios. Cabe precisar que se tendrá que determinar la pertinencia, conducencia y utilidad de cada medio probatorio en la audiencia, siendo que si la parte contraria no está de acuerdo, podrá oponerse para que el Juez la desestime.

No obstante, el NCPP, en su artículo 371°, también le da la oportunidad a las partes procesales de poder presentar medios probatorios con posterioridad a la audiencia, pero esto podrá hacerse solamente si estos han tenido conocimiento con posterioridad de la mencionada audiencia. Asimismo, de manera excepcional, se podrá reiterar el ofrecimiento de medios probatorios que fueron denegados con anterioridad, pero se deberá contar con una argumentación especial, quedando al criterio del Juez aceptarlo o no. 

Por último, de acuerdo al artículo 385° del texto normativo, también de manera excepcional, una vez culminada la recepción de los medios probatorios, el Juez podrá disponer de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevas pruebas solamente con la condición de que resulten indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Esta sería la última oportunidad en la cual se puede admitir los medios probatorios en el proceso penal.

  • ●      Conclusión

El derecho a la prueba forma parte fundamental del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y consiste en la posibilidad que tiene las partes procesales de presentar los medios probatorios que refuercen sus argumentos y ayuden al proceso de convicción del juez. En este sentido, para que pueda ayudar al proceso de convicción, no basta que los medios de prueba sean admitidos para concluir que se ha respetado este derecho fundamental, sino que, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, es necesaria también su actuación en el proceso.

Refiriéndonos al proceso penal, este derecho se encuentra desarrollado y delimitado en la Sección II del Libro Segundo -La Actividad Procesal- del Nuevo Código Procesal Penal. La regulación que se ha tenido sobre este derecho en el texto normativo, ha sido establecer que los principios que deben cumplir los medios probatorios, siendo estos el de pertinencia, conducencia y utilidad; es decir, todo medio probatorio para que sea admitido debe cumplir con estos principios.

Finalmente, la etapa en la que se puede ofrecer los medios probatorios es la de la etapa intermedia, en la que las partes procesales podrán presentar sus medios probatorios en la audiencia de presentación de cargos, debiendo oralizar cada uno de estos y de qué manera cumplen con los principios mencionados. No obstante, a lo largo del referido texto normativo, podemos encontrar otras oportunidades en las que se puede realizar la presentación de medios probatorios, pero que estas solamente se dan de manera excepcional, siendo que deberán de contar con una argumentación especial para que se puedan admitir.


[1] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 03997-2013-PHC/TC

[2] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia 6712-2005-HC/TC

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