Alcances de la aplicación de la non reformatio in peius

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Alcances de la aplicación de la non reformatio in peius

El Acuerdo Plenario N° 5-2007/CJ-116 señala que el artículo 300° del Código de Procedimientos Penales, que regula los ámbitos del recurso de nulidad, implica que no se puede dar la reformatio in peius. Ello se encuentra señalado en los incisos respectivos: 1) la Corte Suprema solo puede confirmar o disminuir la pena del acusado; 2) la modificación a las penas o medidas de seguridad solo pueden ser cambiadas cuando le sea favorable al sentenciado; 3) la Corte Suprema puede aumentar o disminuir la pena si es el Ministerio Público quien lo solicita bajo circunstancias que no correspondan a la comisión del delito.

La interdicción de la reformatio in peius es una garantía legal de los recursos que consiste, tal como lo señala Roxin, que la pena no puede ser modificada en perjuicio del acusado. Su incumplimiento constituye una incongruencia procesal que vulnera los derechos a la tutela jurisdiccional y de defensa, además de que tergiversaría el propio derecho al recurso e vulneraría el principio acusatorio si el Tribunal revisor actuara de oficio, en perjuicio y sin audiencia y contradicción del recurrente.

En base a ello, el debate se suscita en torno a si es posible que la Sala revisora, tras un recurso impugnativo presentado solo por el acusado o por el Ministerio Público en su defensa, puede a) variar el grado de consumación del delito, b) variar el grado de participación, c) variar la pena de principal a accesoria o viceversa, d) integrar el fallo con una pena principal o accesoria prevista en la Ley y no impuesta en la sentencia, e) integrar el fallo con el plazo de la pena de inhabilitación o el monto de la multa cuando la sentencia recurrida los ha omitido, o f) integración del fallo disponiendo el tratamiento terapéutico a que se refiere el artículo 178° – A del Código Penal. El Pleno acordó que ello dependerá de cada supuesto.

De esta forma, en relación a los tres primeros supuestos, si no se modifica perjudicialmente el quantum de la pena, se puede proceder al cambio. En cuanto a la inhabilitación, si la variación de esta pasa de principal a accesoria o viceversa sin causar un perjuicio en el recurrente, entonces será factible el cambio.

Asimismo, será factible el cambio de la calificación jurídica por parte del Tribunal de Revisión si por el derecho de la acusación a ser informado se dé conocimiento de la alteración al recurrente con el objeto de que este pueda contradecirla, y que el cambio no suponga un aumento de la pena o un cambio del tipo de pena que le suponga perjuicio, pero dicho cambio de calificación no podrá incluir nuevos hechos ni alterar lo esencial de los que constituyeron el objeto del proceso en primera instancia. Por otra parte, si el caso fuese que el Tribunal de Primera Instancia, de manera ilegítima, no dio la pena que señala la ley, como por ejemplo omitir dar una de las penas conjuntas de multa o inhabilitación, el Tribunal revisor tampoco podría actuar de oficio y modificar la pena, puesto que iría en contra de la non reformatio in peius.

Así, el recurso tiene la finalidad de que, a instancias del afectado, el Tribunal Revisor examine la resolución judicial apelada solo en los extremos que se le solicite expresamente, sobreponiéndose ello incluso al deber del juez de sumisión a la ley que implicaría la corrección de oficio de errores evidentes en la sentencia. Por ello, el Tribunal no puede modificar la sentencia empeorando la situación del imputado, ya que eso atentaría contra la seguridad jurídica al hacer que el propio recurso presentado se vuelva en contra del imputado que lo presentó.

Finalmente, en relación al sexto punto, es factible la imposición la disposición del tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad sexual. Aquí, el tratamiento no es una pena, sino es una medida de seguridad con la que se busca la rehabilitación del condenado a la sociedad, que no afecta el sentido de la sanción ni su lesividad.

Por ello, el Acuerdo Plenario estableció como doctrina legal los fundamentos expuestos anteriormente, señalando que todos los magistrados deben de seguirlos.

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2018/02/Legis.pe_.acuerdo_plenario_05-2007_CJ_116-la-non-reformatio-in-peius-y-modificaci%C3%B3n-de-otras-circunstancias-siempre-que-no-se-modifique-la-pena-art.-300-CPP.pdf

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