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Alcances de la incautación

El Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116 estableció algunos puntos de doctrina legal respecto a la incautación. Así, la incautación como medida procesal presenta una configuración jurídica dual. Por una parte, la incautación es una medida instrumental de búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Aquí, su función es principalmente conservativa al asegurar las fuentes de la prueba material. Por otra parte, la incautación como medida cautelar de coerción tiene la función es de prevención, ya que se busca evitar el ocultamiento de bienes y la obstaculización de la averiguación de la verdad.

En relación con la medida instrumental, la incautación recae (i) contra los bienes que constituyen el cuerpo del delito o (ii) cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento. El cuerpo del delito es aquel objeto contra el que recae el hecho punible o que ha sufrido directamente sus efectos lesivos, como el cadáver en un homicidio o la droga en el tráfico ilícito de drogas. Por otra parte, en las cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento encontramos las piezas de ejecución, que son los objetos usados para la comisión del delito, y las piezas de convicción, que son los vestigios materiales que comprueban la existencia, autoría o circunstancias del hecho punible.

Con respecto a la medida cautelar, esta incide en los efectos, los instrumentos y los objetos del delito. Los efectos del delito o producta scaeleris son los objetos producidos durante la comisión del delito, como el dinero falso en el delito de falsificación, o las ventajas económicas producto del delito, como la contraprestación del delincuente a sueldo. Los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris son los objetos que, puestos en relación de medio a fin con la infracción, han servido para su ejecución, como el vehículo usado para transportar la mercancía o el arma utilizada para el delito. Finalmente, los objetos del delito son las cosas materiales sobre las que recayó la acción típica, como el arma en el delito de tenencia ilegal de armas.

Así, la incautación de los bienes y objetos garantizan su eventual decomiso como consecuencia accesoria del delito, permitiendo su eficaz control para la acreditación del hecho punible.

La incautación es realizada en primer término por la Policía o la Fiscalía, la cual necesita la confirmación del Juez de Investigación Preparatoria inmediatamente, sin tardanza injustificada. La tardanza justificada se verá en base a los principios de proporcionalidad. La decisión judicial se dicta sin ningún trámite. Así, en los casos de flagrancia delictiva o de peligro inminente de la perpetración del delito, la Policía debe incautar los bienes relacionados al hecho delictivo. Pero fuera de estas situaciones, es el Fiscal quien autoriza la incautación bajo la figura del “peligro por la demora”, en la que tiene un papel importante el juicio de necesidad. Si el peligro por la demora no tiene urgencia y se trata de bienes de decomiso, se requerirá una orden judicial para proceder con la incautación.

En cualquiera de los casos, el pronunciamiento judicial es imprescindible. En los casos de ausencia de la intervención y ulterior resolución judicial, puede realizarse una subsanación. No es así en los casos que necesitan primero de la resolución judicial para proceder con la incautación. Aquí se daría la nulidad absoluta. De esta forma, hasta no obtener la intervención judicial, no es posible utilizar como evidencia lo obtenido mediante la incautación.

El afectado por la incautación puede (i) interponer recurso de apelación o (ii) solicitar el reexamen de la medida. Así, el reexamen de la incautación se asocia a la incorporación de actos de investigación o de algún elemento de convicción luego de la realización del acto mismo, que modifique la situación que inicialmente generó la incautación. El reexamen se basa sobre un análisis de la medida a partir de nuevos indicios procedimentales o elementos de convicción Asimismo, si un tercero es propietario del bien incautado y no ha intervenido en el delito también puede (i) solicitar el reexamen de la medida de la incautación para que se le entregue el bien de su propiedad y (ii) puede intentar directamente la apelación.

En base a todo ello se llegó a la decisión de establecer lo señalado como doctrina legal cuyos principios jurisprudenciales deben ser citados por los jueces de todas las instancias.

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0fc494004075b660b4f9f499ab657107/ACUERDO_PLENARIO_PENAL_05-2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0fc494004075b660b4f9f499ab657107

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