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Alcances típicos del delito de minería ilegal en el ordenamiento jurídico

Por Fabián Rolando Arias Razzo

Estudiante de la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad La Salle de Arequipa

1. Introducción

El concepto de minería ilegal fue delimitado por primera vez en el Decreto Legislativo N° 1100. Posteriormente, fue reemplazada por la definición descrita en el Decreto Legislativo N° 1105 y el decreto primigenio fue modificado por el Decreto Legislativo N° 1451. 

La definición actual de minería ilegal es la del Decreto Legislativo N° 1100, Decreto Legislativo que regula la Interdicción de la Minería Ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. Así la define de la siguiente manera: 

Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica que realiza sin contar con la autorización de la autoridad administrativa competente o sin encontrarse dentro del proceso de formalización minera integral impulsado por el Estado. Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido su ejercicio, se considera ilegal.

La delimitación del concepto de minería ilegal ha sido de gran interés para el legislador, sin embargo, el innegable vínculo entre minería ilegal, daños a la salud y otros delitos (entre muchos el crimen organizado) lo obligó a tipificar esta conducta como delito, el cual fue incorporado en el Código Penal mediante el Decreto Legislativo N° 1102 de fecha 28 de febrero de 2012. Sobre ello, en la exposición de motivos de la norma podemos encontrar una cuádruple justificación (o necesidad político criminal) para la incorporación de este tipo penal (en ejercicio del principio de ultima ratio) en la norma penal: económica, social, de salud pública y seguridad ciudadana. No obstante, por cuestiones de orden se tipificó este delito y sus delitos conexos en el título de Delitos Ambientales, tal como la misma exposición de motivos (s.f) lo señala: “la inclusión de estas nuevas figuras (…) responde al orden sistemático adoptado por el Código Penal y a evitar posibles confusiones con otras figuras delictivas no relacionadas (…) o con las agravantes de otros delitos”.

En las siguientes líneas, se podrá ver que al legislador no sólo le preocupa el daño que la minería ilegal ocasione, también le interesa incentivar la formalización de los mineros ilegales fijando ciertos supuestos de no punibilidad en normas posteriores. Asimismo, el legislador se interesa en abarcar tal cantidad de supuestos que la menor cantidad de conductas se escapen del ámbito de aplicación de este tipo penal como lo es establecer una modalidad culposa de comisión de este delito.

2. Tipicidad objetiva

Dado que este análisis se planteó en términos de tipicidad se procederá a subdividir el presente en análisis de tipicidad objetiva y análisis de tipicidad subjetiva iniciando por la tipicidad objetiva.

El tipo penal objeto de análisis está ubicado en el artículo 307-A del Código Penal, el cual estipula lo siguiente:

Artículo 307-A.- Delito de minería ilegal

El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa.

La misma pena será aplicada al que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos que se encuentre fuera del proceso de formalización, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental.

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad, no mayor de tres o con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.

A continuación, se analizará cada uno de con los elementos estructurales de la tipicidad objetiva:

2.1. Sujeto Activo

El sujeto activo de este delito lo podemos encontrar comúnmente al principio del tipo con el enunciado “el que”, en este caso el enunciado está presente por lo que se trata de un delito común, es decir que cualquier persona puede cometer este delito no requiriendo de que el sujeto detente alguna calidad especial.

Esta circunstancia también sirve para clasificar a este delito como un delito de dominio, es decir que en este delito se debe verificar que el sujeto o sujetos activos hayan detentado algún tipo de control o señorío (dominio) sobre el hecho imputado y su resultado típico.

Este delito no exige la concurrencia de varios sujetos activos en actos sucesivos o no, por ello este delito es monosubjetivo, es decir que solo puede ser realizado por un sujeto a título de autor.

2.2. Sujeto Pasivo

El sujeto pasivo puede dividirse en sujeto pasivo del delito (en adelante, SPD), sujeto pasivo de la acción (en adelante, SPA) y objeto del delito. El SPD es el titular del interés que se ha visto afectado y quien pudo sufrir las consecuencias del delito. El SPA u objeto de la acción es la persona o cosa sobre la que recae directamente la acción delictiva. 

En este caso el sujeto pasivo de la acción serán los bienes a los que se causó o se pudo causar perjuicio, alteración o daño; adicionalmente serán las personas cuya salud fuera menoscabada por los actos mineros ilegales.

En este caso el sujeto pasivo del delito será el titular de los bienes jurídicos protegidos por este tipo entiéndase propietarios de terrenos adyacentes a los actos mineros ilegales y adicionalmente el Estado representado por el Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales conforme lo establece el artículo 47 del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS. Si bien estos bienes jurídicos pertenecen a la colectividad estos en algunos casos se pueden individualizar, citando a Andaluz Westreicher: “por tratarse de delitos que tienen por objeto la tutela de bienes jurídicos de naturaleza difusa, el titular de los mismos es la colectividad, lo cual no es óbice para que, en determinados casos, haya correspondencia también con el sujeto específico sobre el que recae la acción típica” (2006, p. 769). Asimismo, la Corte Suprema nos indica lo siguiente a través de la casación N° 464-2016: “Se trata de un bien jurídico colectivo, supraindividual, sin dejar de considerar a la persona, destinataria última de la protección penal.” (2019, p. 12).

La condición de perjudicado la puede detentar tanto el SPD como el SPA, si la detenta el SPA dependerá del caso concreto.

Por ejemplo, una comunidad indígena cuya propiedad fuera menoscabada por la actividad minera ilegal ejercida en el terreno colindante. El terreno será el objeto de la acción y la comunidad será el sujeto pasivo del delito junto con el Estado.

2.3. Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido se puede definir como el interés social cuya protección está garantizada por el Derecho.

En ciertos delitos existe un bien jurídico protegido general y bienes jurídicos protegidos específicos, como es el caso de los delitos contra la Administración Pública. Este también es el caso de los delitos contra el ambiente. La pauta más evidente para obtener el bien jurídico protegido de estos delitos es el título en el que se encuentran contenidos, por lo tanto, el bien jurídico protegido general es el ambiente y los bienes jurídicos protegidos específicos para el caso del delito de minería ilegal son los siguientes:

  • El ambiente y sus componentes: La Ley General del Ambiente nos remite a su concepto en el artículo 2.3 haciendo una síntesis el ambiente es todo lo que componen un espacio y tiempo específicos (elementos naturales, humanos, culturales, químicos, etc.).
  • La calidad ambiental: La calidad ambiental es la efectivización del derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado establecido en el artículo 2.22 de nuestra Constitución Política. 
  • La salud ambiental: Es la preservación de la salud humana a través del debido cuidado al medio ambiente debido a la profunda interrelación entre el medio ambiente y el goce de ciertos derechos humanos.

Se puede concluir que este es un delito pluriofensivo dada la cantidad de BJP específicos presentes.

2.4. Comportamiento típico

Con este apartado comenzamos el análisis de los elementos objetivos del tipo dejando atrás los elementos estructurales. Estos elementos se dividen en objetivos y subjetivos. Procedemos a abordar los primeros, es decir los verbos rectores del tipo y sus circunstancias.

El único verbo rector de la norma en comento es realizar un acto (minero), por lo que nos encontramos ante un delito simple.

Comúnmente se podría asociar el verbo realizar con una acción empero, más adelante veremos que ello no es así. 

Las circunstancias del tipo penal se presentan en su forma agravada que se abordará más adelante.

Prosiguiendo con el desarrollo de la tipicidad objetiva todo tipo penal tiene elementos descriptivos y normativos, dado que este tipo en particular tiene múltiples elementos normativos incidiremos exclusivamente en estos.

La Corte Suprema ha fijado el análisis de los elementos normativos dividiéndolos en tres:

Como primer elemento fija el acto minero que engloba a aquellas actividades mineras que son resultado de la obtención y ejercicio de derechos mineros a través de una concesión minera. Este tipo penal incluye dos actos mineros, la exploración y la explotación. Adicionalmente el tipo penal reconoce la extracción; sin embargo, la extracción como tal no está reconocida como actividad minera en la normativa pertinente. 

El tipo penal en este extremo es cerrado, pero al incluir la frase “u otros actos similares” hace que el tipo se vuelva abierto, esto no implica que el alcance de este elemento normativo quede a discreción del juez, sino que nos debemos remitir a la normativa pertinente. 

En este punto es de justicia mencionar que los tipos penales ambientales son tipos penales en blanco, esto quiere decir que para completar ciertas definiciones establecidas en la norma penal debemos remitirnos a las definiciones de normas extrapenales. En este caso debemos buscar en la Ley General de Minería y su Texto Único Ordenado (TUO) las definiciones de exploración y explotación, así como buscar qué otras actividades mineras existen (labor general, transporte, etc.).

La norma también abarca todos los tipos de minerales, tanto metálicos como no metálicos. Estas también tendrán que buscarse en la Ley General de Minería (LGM)

Como segundo elemento normativo a la ausencia de autorización de entidad administrativa competente. Para este extremo se tendrá que consultar cuando no existe dicha autorización tanto en la LGM como en el DL 1100. Para efectos ilustrativos esta falta de autorización se refiere a dos supuestos: cuando nunca se tramitó tal autorización o cuando la autorización feneció. El término “autorización” fue previamente delimitado a la autorización para el inicio/reinicio de actividades, posteriormente la norma fue modificada para (se puede suponer) abarcar un mayor número de supuestos. Esto más bien fue un desacierto dado que ahora se tiene que inferir que tal “autorización” es la del inicio/reinicio de actividades como establecía la norma.

Y, como tercer elemento normativo es el daño o daño potencial al medioambiente, para esto tenemos que remitirnos a la normativa ambiental pertinente sobre los instrumentos de gestión ambiental que miden el impacto de determinadas actividades sobre el medioambiente.

Gracias a este tercer elemento podemos concluir que el tipo penal bajo análisis es un delito de resultado que puede ser de lesión o de peligro abstracto, pero este posible daño al medioambiente debe ser grave para ser de interés del Derecho Penal.

Asimismo, podemos concluir que este es un delito instantáneo, es decir que se comete con la realización de la conducta típica. Este puede ser de resultado permanente, en caso de que se haya causado daño y este sea reversible o de estado cuando el daño por su gravedad no sea reversible por el sujeto activo (lo que incidirá en la obtención de un principio de oportunidad).

2.5. Imputación objetiva

La imputación objetiva hace referencia a la causalidad entre la conducta desplegada por el agente y el resultado. En este caso se deberá demostrar que la realización de actividades mineras sin autorización del ente administrativo ocasionó o pudo ocasionar un daño al medioambiente.

3. Tipicidad subjetiva

Los elementos subjetivos del tipo penal hacen referencia a la motivación con la que actuó el sujeto en la comisión del delito, es decir a la intención del sujeto de cometer el ilícito penal.

Como se vio en parágrafos precedentes dado que este es un tipo penal cuyo verbo rector requiere la realización una acción activa sólo podría admitir una modalidad dolosa, sin embargo el legislador que previó tal circunstancia estableció en el último párrafo del tipo que también se admitía una modalidad culposa y la exposición de motivos de la norma se refiere a que esta modalidad contempla el supuesto en el cual el título minero del concesionario haya fenecido sin que esté fuera consciente de dicho vencimiento y haya continuado con sus actividades.

Respecto a este punto Alarcón (2018) afirma: 

Así mismo, este delito admite la culpa, no obstante, el mismo se torna difícil de materializar, por cuanto, no es lógico pensar que una persona natural o jurídica que se dedica a la actividad minera desconozca las obligaciones respecto de las condiciones para poder realizar las distintas fases de la actividad minera (p. 168)

En conclusión, este tipo admite tanto la imputación a título doloso como a título culposo aunque este último sea difícil de materializar (el título minero haya fenecido o el desconocimiento de la norma).

Corresponderá al fiscal encargado del caso en el marco de la investigación preparatoria y al juez dentro del proceso penal merituar dichas circunstancias en virtud del caso concreto.

4. Supuesto de no punibilidad

Como se refirió al principio de este artículo el legislador aplicó para la dación de esta norma el ius puniendi y el ius imperium, el primero por razones obvias y el segundo porque junto con la interdicción de la minería ilegal aplicó una política enfocada en la formalización de los mineros ilegales.

Por lo antes mencionado el legislador en diferentes momentos ha fijado una serie de supuestos de no punibilidad

El primero de estos supuestos lo encontramos en la norma que insertó este delito en el Código Penal, el Decreto Legislativo N° 1102 el cual establece en su primera disposición complementaria final lo siguiente:

Está exento de responsabilidad penal el agente de los delitos señalados en el párrafo anterior que, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario computados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se inserte en programas sostenidos de formalización de minería o de otras actividades económicas alternativas promovidas por la autoridad competente.

Esta disposición sólo se puede entender a raíz de lo explicado por el legislador en la exposición de motivos de la norma primigenia, es decir que por una cuestión de política criminal (fomento a la formalización) se conceden estos 120 días para que voluntariamente quienes estén cometiendo este delito entren en programas de formalización.

El segundo supuesto viene dado con el Decreto Legislativo N° 1351 de fecha 06 de enero de 2017 cuya única disposición complementaria final establece: 

Están exentos de responsabilidad penal por la comisión del delito de minería ilegal establecido en el artículo 307-A, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:

  1. El sujeto de formalización minera que no logra la autorización final de inicio o reinicio de operaciones mineras por culpa inexcusable o negligente del funcionario a cargo del proceso de formalización.
  2. El agente de los delitos de minería ilegal, que se inserte al Registro Integral de Formalización Minera, dentro del plazo establecido en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1293

El primer supuesto que nos ofrece la norma va en concordancia con la explicación brindada anteriormente respecto de cuál era la “autorización” cuya ausencia constituye uno de los elementos normativos del tipo, con la lectura de este supuesto concluimos una vez más que esta es la autorización de inicio/reinicio de actividades. El supuesto pide como condiciones que esta autorización no se hubiera obtenido por culpa inexcusable o negligencia del funcionario pública a cargo del proceso de formalización, dicha condición va en concordancia con una de las modificaciones sufridas por el TUO de la Ley 27444, en específico en su artículo 11.3 relativo a la responsabilidad administrativa del emisor de un acto administrativa con ilegalidad manifiesta a su vez manifestando el deseo del legislador por hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios de la Administración.

El segundo supuesto fue posteriormente modificado para incluir otro plazo de inserción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El supuesto primigenio nos remite al artículo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1293 en el que se establece lo siguiente:

4.2 Las inscripciones de los sujetos referidos en el inciso 3 del párrafo 4.1 del presente artículo, se realizan a partir del 06 de febrero de 2017, y hasta por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La modificación vino de la mano de la Ley 31007 de fecha 16 de octubre de 2019, el cual a expresamente establece: 

Artículo 4.- De la exención de la responsabilidad. Inclúyase dentro de los alcances del literal b. de la disposición complementaria final única del Decreto Legislativo 1351, a los sujetos que se inserten al Registro Integral de Formalización Minera dentro del plazo señalado por el artículo 3 de la presente norma.

A su vez el artículo 3 de dicha norma establece un plazo de 120 días para la inscripción.

Haciendo un recuento se plantearon hasta tres prórrogas de la causal de no punibilidad con la finalidad de incentivar la formalización de mineros ilegales, esto nos puede recordar la estrategia que desplegó el Poder Ejecutivo cuando se dispuso que SUNAT sancionara a los transportistas por no portar o llenar correctamente sus guías de remisión dándoles plazo de un año para que se adapten a la norma. Atestiguamos cómo se prefiere la formalización minera a la interdicción de la minería ilegal.

Habiendo abordado la configuración típica del delito de minería ilegal, así como algunos supuestos temporales de no punibilidad es momento de hacer las conclusiones correspondientes.

5. Conclusiones

  • El tipo penal de minería ilegal fue incluido en el Código Penal por diferentes motivos, entre los cuales podemos encontrar una justificación de seguridad ciudadana, salud, etc.
  • Este tipo penal admite una modalidad dolosa y culposa con la finalidad de que ningún supuesto escape a su ámbito de aplicación y por ende ninguna conducta quede impune.
  • Este es un tipo penal en blanco, es decir que para delimitar ciertos conceptos debemos remitirnos a la normativa correspondiente, en este caso a la Ley General de Minería y normas complementarias.
  • Este es un tipo penal pluriofensivo dado que por lo menos se tutelan tres bienes jurídicos protegidos.
  • Este tipo penal es de peligro abstracto o lesión debiendo probarse cualquiera de estos supuestos con informes especializados en la materia de ser posible.
  • Este tipo penal al hacer referencia a la falta de autorización administrativa hace referencia a la autorización para el inicio/reinicio de actividades.
  • El legislador en pro de formalizar la minería ilegal ha fijado en diferentes normas supuestos temporales de no punibilidad para aquellos mineros ilegales que voluntariamente se formalicen respetando el principio de subsidiariedad de la Ley Penal.

 


Bibliografía

Andaluz Westreicher, C. (2006). Manual de Derecho Ambiental. Proterra: Lima, Perú

Alarcón, M. (2018). Ilícitos penales derivados de la minería ilegal de oro en el Perú. caso Madre de Dios. M+A Revista electrónica de medio ambiente UCM, vol 19, Núm 2 (pp. 159-177). Recuperado de Microsoft Word – ARTICULO_1_M+A2018.2.doc (ucm.es)

Casación N° 464-2016 (Corte Suprema de Justicia de la República – Sala Penal Transitoria, 21 de mayo de 2019).

Código Penal. Decreto Legislativo 635. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lima, 08 de abril de 1991.

Decreto Legislativo 1100. Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. Lima, 18 de febrero de 2012.

Decreto Legislativo 1102. Decreto Legislativo que incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal. Lima, 28 de febrero de 2012.

Decreto Legislativo 1293. Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Lima, 29 de diciembre de 2016.

Decreto Legislativo 1351. Decreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la seguridad ciudadana. Lima, 06 de enero de 2017.

Exposición de Motivos. Decreto legislativo que incorpora al Código Penal los delitos de Minería Ilegal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). s.f.

Ley 31007. Ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal. Congreso de la República. Lima, 16 de octubre de 2019.

 

1 Comment

  1. Guillermo Aguilar García dice:

    Muy buena descripción sobre el delito de la minería ilegal…sería interesante seguir estudiando el tema desde la práctica procesal y que resultados dió la normativa en cuestión… felicitaciones