Comentarios a la Ley N° 31042, Ley de Reforma Constitucional: ¿La solución a nuestros males para las próximas elecciones?

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Comentarios a la Ley N° 31042, Ley de Reforma Constitucional: ¿La solución a nuestros males para las próximas elecciones?

El pasado 15 de setiembre del 2020 se publicó en el diario Oficial El Peruano la Ley N° 31042, Ley de Reforma Constitucional, que incorpora los artículos 34-A y 39-A. Ambos apartados establecen que aquellas personas que cuenten con sentencia en primera instancia por delitos dolosos, es decir, por cualquier acto delictivo ejecutada con intención, sea en calidad de autores o cómplices, estarán impedidas de ejercer puestos en la función pública o postular a cargos de elección popular en miras a las próximas elecciones.

Joseph Alguayo 


A primera impresión, de una u otra manera, considero que ello evitaría el ingreso de nuevos personajes, con antecedentes penales o en etapa de investigación, a ocupar cargos públicos en las diversas instituciones del Estado. Además, esta reforma frenaría el retorno de ciertas figuras políticas, marcadas por actos de corrupción, para desempeñarse nuevamente en el Congreso, los diferentes Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipalidades, solo por citar algunos ejemplos de instituciones públicas tomadas por la corrupción en los últimos años.
Incluso, el pasado 18 de octubre, el pleno del Consejo Regional de La Libertad aprobó por unanimidad respaldar la Ley de Reforma Constitucional. De esta manera, los sentenciados, en primera instancia, no podrán ejercer cargos de confianza en el Gobierno Regional de La Libertad.

No obstante, esta reforma, a pesar de ser una medida popularmente atractiva a la opinión pública, lamentablemente presenta diversos conflictos con garantías constitucionales e instituciones procesales, tales como la presunción de inocencia y el derecho a la pluralidad de instancias. Asimismo, a mi parecer, no resolvería firmemente los extensos problemas de corrupción en las instituciones públicas.


Empezaré por el tema más complejo, esto es la corrupción pública. ¿Qué entendemos por este fenómeno social? Para Alfonso Quiroz la corrupción se entiende,

como el mal uso del poder político-burocrático por parte de los funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas de desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos, junto con la distorsión de políticas e instituciones. La corrupción constituye, en realidad, un fenómeno amplio y variado, que comprende actividades públicas y privadas“.

Por lo tanto, la corrupción sería aquel fenómeno extenso y variado que comprende tantos ámbitos públicos como privados. Esta se manifiesta en base a un inadecuado uso del poder político-público por parte de ciertos funcionarios que en complicidad con agentes e intereses privados corrompen: i) instituciones públicas, por ende, generan una mala imagen a la clase política; ii) se benefician de recursos económicos del Estado, inclusive, los corruptos obtienen ganancias sin necesidad de tocar fondos del Estado, pues podrían recibir dinero privado a cambio de favores en razón de su cargo; y, iii) la corrupción impide el desarrollo social del Estado.

Asimismo, para completar el contenido de la definición de lo que se entiende por corrupción en su sentido amplio, tanto José Ugaz como Francisco Ugaz, abordan lo que para ellos significa la corrupción en el siglo XXI:

No nos referimos solo a aquellas prácticas cotidianas de violación de las reglas para obtener beneficio personal, sino al desvió de inmensas cantidades de dinero por autores poderosos cuyas consecuencias afectan los DD.HH. de millones de personas. Por lo general, estos delitos no reciben sanción alguna”.

Para estos autores, los beneficios personales que puedan obtener ciertos funcionarios públicos en base a su incorrecto accionar, sería solo la punta del iceberg de esta gran problemática llamada corrupción pública, pues los personajes que ostentan un mayor poder político y/o económico serían los que causan más perjuicios económicos al Estado. La idea mencionada anteriormente es lo que se conoce como “gran corrupción” a nivel estatal.

Explicado lo que entendemos por corrupción a nivel macro, se sabe que existen diversas manifestaciones de corrupción entre las cuales tenemos a la corrupción privada, la micro corrupción, la corrupción y el crimen organizado y la corrupción pública y administrativa. Esta última nos interesa abordar. Ahora, Manuel Villoría define a la corrupción pública como un abuso de poder, con un beneficio directo o indirecto para el corrupto o para los grupos de que forma parte este, con incumplimiento de normas jurídicas o de las normas éticas que una comunidad asume como válidas y donde el autor siempre pone por delante los intereses privados sobre el interés general. De la misma forma, este autor menciona que existe una conexión entre la corrupción pública y la captura de los poderes políticos, pues estos grupos ejercen el control dentro de la estructura interna del Estado, por lo que hace más compleja combatirla solo con leyes o reformas que impidan, por ejemplo, la participación en política de ciertas figuras políticas o que agraven o aumenten las penas por este tipo de delitos. Una de las formas de capturas mencionadas por el autor que, a mi juicio, podría aplicarse al caso peruano es la financiación de los particulares (personas naturales o jurídicas) a las campañas de los partidos políticos a cambio de favores una vez que lleguen al poder.

En esa misma línea, es interesante lo que menciona María Acale sobre la insuficiencia del derecho penal para combatir la complicada problemática de la corrupción pública: “La lucha contra ella no es tarea fácil […] confiar solo en el Derecho Penal la tarea de acabar con ella, puede tener el efecto boomerang de generar más corrupción, pues se trata de una rama que entra a funcionar tarde”. Considero que también se aplicaría en el caso del Perú, pues el Derecho Penal no sería la solución a este problema, a pesar de que, en los últimos años, hayan surgido diversas leyes para combatir la corrupción pública, lamentablemente, este fenómeno está insertada en el seno del control estatal y, además, al ser grupos de poder que ostentan ventajas de índole económico y político, las leyes penales no tienen efectos sobre ellos. Al final, en la mayoría de los casos, quedan impunes.

En consecuencia, para combatir un fenómeno tan complejo como la corrupción pública no solo se necesitaría impedir que los malos elementos postulen o regresen a ocupar cargos y funciones públicas, sino que, también, se necesitaría la implementación de nuevas estrategias para combatirla, por ejemplo, que los diversos niveles de gobierno cuenten con sistemas de prevención de la corrupción (compliance público).

Ahora, respecto a los artículos 34-A y 39-A, las críticas versan en lo siguiente:

Primero, considero que esta reforma afectaría el derecho a la presunción de inocencia, amparada en el artículo 2, inciso 24- e) de la Constitución. Esto, debido a que, no se estaría contemplando dentro de las posibilidades la falibilidad de nuestro sistema de justicia y de los operadores jurídicos al momento de abordar y juzgar los casos. Efectivamente, el Congreso no habría tomado en cuenta ciertos escenarios en las que los jueces, como cualquier ser humano, puedan tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se comprueba que hubo una mala interpretación de la norma o que se comprobó, en base a los hechos y pruebas, que el imputado en primera instancia es inocente? Claramente se vulneraria este derecho. Tal como lo estableció el Tribunal Constitucional del Perú en sus sentencias N° 01768-2009-PA, 00156-2012-PHC, la presunción de inocencia implica que uno tiene que ser tratado como inocente, mientras no exista una sentencia definitiva con calidad de cosa juzgada.

Segundo, en la misma línea de lo anterior, otro derecho fundamental que podría ser vulnerado sería el de doble instancia (art. 139, inciso 6 CPP), y de acuerdo al TC, la cual garantiza que, en la resolución de una controversia planteada en sede judicial, debe existir una estructura jurisdiccional que, cuando menos, se encuentre organizada en una doble instancia, y para cuyo acceso se prevean los medios impugnatorios que correspondan (N° 03261-2005-PA/TC). Por lo tanto, solo bastaría con la sentencia de primera instancia, sin la necesidad de una segunda, para que una persona que quiera ejercer cargo o función pública sea impedida de postular o trabajar en la función pública.

Tercero, también es cuestionable que en la Ley se impida participar a aquellos condenados por cualquier delito doloso, sin tener en cuenta si su sanción está relacionada a su desempeño o funciones brindadas al sector público. En pocas palabras, hubiera sido más lógico e idóneo vetar a aquellos sentenciados por delitos relacionados con la administración pública (Título XVIII Código Penal). 

Asimismo, considero que esta reforma iría en contra de tratados internacionales, tales como el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 23 de la Convención Americana de DD.HH., pues se estaría discriminando e impidiendo a aquellas personas condenadas, por cualquier delito en primera instancia, a postular y ocupar cargos públicos, a pesar de que uno de los fines de la pena sea la resocialización y reinserción del reo a la sociedad. Incluso vulneraría el artículo 31 de la Constitución, sobre la participación ciudadana en asuntos públicos.

En conclusión, la Ley N°31042 no mitigaría el trasfondo del problema: la corrupción pública. En cambio, considero que el gobierno debería aplicar otro tipo de reformas tales como el financiamiento público de los partidos políticos para que no sean capturados por los grupos de poder e intereses privados, el fortalecimiento y empoderamiento a la sociedad civil sobre estos temas, brindándoles mejor educación e información y, lo más importante, la implementación de un sistema de prevención en todos los niveles de gobierno (compliance público). Estas tendrían un mejor efecto en la lucha contra la corrupción pública.

 


Referencias bibliográficas:

ACALE, María

2017 Limitaciones criminológicas y normativas del concepto de corrupción. Madrid, pp. 3-40.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6297670 

LA REPÚBLICA

La Libertad, sentenciados en primera instancia no tendrán cargos de confianza en Gobierno Regional. Consulta: 24 de octubre del 2020.

https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/18/la-libertad-sentenciados-en-primera-instancia-no-tendran-cargos-de-confianza-en-gobierno-regional-lrnd/fbclid=IwAR0ni2EPLg3eIZkeBKbvbw_A7izENOITv9vBh2GTsu052V5W5r5lYoKNiws 

QUIROZ, Alfonso

2013 Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO

2006 Expediente N°. 6149-2006. Consulta: 24 de octubre del 2020
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06149-2006-AA%2006662-2006-AA.pdf 

2009 Expediente N°. 01768-2009. Consulta: 24 de octubre del 2020
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01768-2009-AA.html 

2012 Expediente N°. 00156-2012. Consulta: 24 de octubre del 2020
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/principal-jurisprudencia/action=categoria_detalle&id_post=154302  

UGAZ, José y Francisco Ugaz

2017 Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad organizada. Lima: Fondo Editorial PUCP.

VILLORIA, Manuel

2014 “Corrupción Pública”. Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad. Madrid, N° 5, pp. 159-167. Consulta: 24 de octubre del 2020
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2175/1111 

 

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