¿Debe de existir resistencia de la víctima y no existir su retractación para que se configure el delito de violación sexual?

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¿Debe de existir resistencia de la víctima y no existir su retractación para que se configure el delito de violación sexual?

El 2011 los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se reunieron en Pleno Jurisdiccional, llevando a cabo un Acuerdo Plenario para determinar fundamentos relativos al delito de violación sexual. Así, se desarrollaron cuatro temas:

El primero de ellos es la irrelevancia de la resistencia de la víctima de agresión sexual. Esto se basa en dos razones. La primera es que la comisión del delito se da con la amenaza o vis compulsiva, por lo que la víctima puede creer que ha mayor resistencia sufrirá mayor descarga de violencia. La segunda razón es que por las circunstancias concretas del contexto la víctima puede considerar inútil toda resistencia, sin importar si el momento de la fuerza coincide o no con el momento de la consumación del hecho.

El segundo tema es la declaración de la víctima. Esta debe de contar con los requisitos de i) la ausencia de incredibilidad subjetiva, ii) la corroboración periférica mínima con datos de otra fuente, iii) declaraciones que no sean fantasiosas o increíbles y iv) coherencia. El quinto requisito, que es el de uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio, debe de flexibilizarse en los delitos de violación sexual, ya que las víctimas pueden estar expuestas a los reproches familiares y culpabilidad por denunciar a una persona cercana. Por ello, se considera la declaración inculpatoria sobre el testimonio absolutorio. Así, la declaración no pierde su credibilidad.

Por ello, para que una retractación se considere válida, debe de analizarse: i) la solidez de la declaración incriminatoria, ii) la coherencia interna del nuevo relato y su capacidad corroborativa, iii) la razonabilidad de la justificación de haber dado una declaración falsa, iv) los contactos que haya tenido el procesado con la víctima y v) la intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar.

Asimismo, no podrá inferirse del comportamiento anterior o posterior de la víctima su credibilidad, su honorabilidad o su disponibilidad sexual ni el consentimiento del acto sexual. Tampoco podrá inferirse el consentimiento del silencio o falta de resistencia, o si este se ha dado bajo la incapacidad de la víctima de expresar su libre consentimiento o ha actuado bajo un entorno de fuerza o amenaza.

El tercer tema es la prueba en los delitos de violación sexual. Para llevar a cabo las pruebas, deben de darse los principios de pertinencia de la prueba, de necesidad, de conducencia o idoneidad, y de utilidad o relevancia. Por ello, los medios de prueba deben de tener relación con la materia que se está investigando, siendo así que se debe de ver i) por el grado de ejecución ii) por el objeto empleado para la penetración, iii) la zona corporal ultrajada, iv) por la intensidad de la conducta, v) por el medio coaccionante empleado y vi) por las condiciones personales de la víctima, como la mayoría o minoría de edad, la incapacidad, la grave alteración de la conciencia, entre otros.

Así, el principio de pertinencia busca proteger el derecho a la intimidad de la víctima, evitando que se indague acerca de su vida anterior o posterior al hecho delictivo, con lo que ello son pruebas inadmisibles cuando exista una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima. En esta línea, cuando se contrapongan el derecho a la intimidad de la víctima con las indagaciones de la defensa, se recurrirá a un test de proporcionalidad.

Por último, el cuarto tema señala que se debe de evitar una estigmatización secundaria de las víctimas, por lo que se deberá de seguir: i) reserva de las actuaciones judiciales; ii) preservación de la identidad de la víctima; iii) promoción de la actuación de única declaración de la víctima.

Así, la decisión fue establecer como doctrina legal los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 21° al 38° y que los criterios jurisprudenciales deben de ser expuestos por los jueces de todas las instancias judiciales, con excepción de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ.

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