DECRETO LEGISLATIVO N° 1385 QUE SANCIONA LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO

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DECRETO LEGISLATIVO N° 1385 QUE SANCIONA LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO

DECRETO LEGISLATIVO N° 1385 QUE SANCIONA LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO

*Por Kevin Medina de la Cruz

En la tarea de fortalecer la lucha contra la corrupción no solo en el ámbito público, el 04 de setiembre del presente año, se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1385, mediante el cual incorpora al Código Penal los artículos 241-A y 241-B al Título IX, Capítulo IV denominado “De otros Delitos Económicos, sancionado la corrupción en el ámbito privado que afectan el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas.

Dichos artículos establecen que el socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, apoderado, empleado o asesor de una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los entes no inscritos o sociedades irregulares, serán sancionados con una privación de la libertad no mayor de 4 años y con 180 a 365 días-multa.

Al respecto debemos hacer unos breves comentarios; primero, de un análisis exhaustivo, no se establece plenamente el objeto final de la norma; es decir, si tiene un carácter punitivo, no cumple con tal finalidad, toda vez que las penas privativas de libertad son no mayores a 4 años, lo cual, en la práctica, en una supuesta sentencia condenatoria, se establecería una pena privativa de libertad suspendida, mas no efectiva.

Un segundo problema es que atenta con lo principios generales del derecho penal al establecer un límite de las personas que puedan denunciar este delito, aun cuando el artículo 1 del Código Procesal Penal establece que la persecución penal de un delito es un acto público. Es por ello que, el tercer párrafo del artículo 241-B, no debería establecer que “solo se procederá mediante ejercicio privado de la acción penal”; es decir no debería limitar la denuncia penal solo aquellos directamente afectados por el delito, estos son la persona jurídica y el competidor.

Finalmente, deberíamos entender que todo esto forma parte de la política criminal que en la actualidad abundan en los medios de comunicación, y que, por lo tanto, en una manera rápida de generar una aprobación social, los legisladores establecen normas que no cumplen su función preventiva, protectora y resocializadora.

A manera de entender la presente norma, mediante el presente cuadro se da un concepto general de los diferentes tipos de personas jurídicas que la presente norma establece:

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTALES

COMITÉ

ENTES NO INSCRITOS

SOCIEDADES IRREGULARES

ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

COMITÉ

La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo (art. 80 CC)

La fundación es una organización no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social (art. 99 CC).

El comité es la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruísta (art. 111 CC).

El ordenamiento interno y la administración de la asociación que no se haya constituido mediante escritura pública inscrita, se regula por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 80 a 98, en lo que sean pertinentes (art. 124 CC).

Si por cualquier causa el acto constitutivo de la fundación no llega a inscribirse, corresponde al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, al Ministerio Público o a quien tenga legítimo interés, realizar las acciones para lograr dicha inscripción (art. 127 CC).

El comité que no se haya constituido mediante instrumento inscrito se rige por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 111 a 123, en lo que sean pertinentes. (art. 130 CC).

Es irregular la sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme lo dispone la ley, la que no ha observado sus disposiciones al transformarse, o la que continúa en actividad no obstante haber incurrido en causal de disolución prevista en la ley o en el contrato social (art. 385 LGS).

Organizaciones que no tienen como fin fundamental el lucro. (inc. 13, art. 2 C).

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