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Definición y estructura del delito de peculado

Las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia acordaron establecer como doctrina legal, las definiciones precisadas y la estructura típica del delito de peculado. 

Así señalaron que el peculado es un delito pluriofensivo, por lo que el bien jurídico protegido se desdobla en dos objetos específicos  merecedores de protección penal: por un lado, es garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública y, por otro lado, evitar el abuso de poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. 

Asimismo, se estableció que para la existencia del delito materia de análisis no es necesario que, sobre los bienes que se haya confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del hecho ilícito, el agente ejerza una técnica material directa. Por lo que, es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, en otras palabras, aquella posibilidad de libre disposición que, en virtud de la ley, tiene el funcionario o servidor público, debe tener; por lo tanto, competencia funcional específica. 

Por otro lado, en relación a los comportamiento típicos la norma utilizada dos supuestos para describir la acción dolosa: “apropiar” y “utilizar”, los cuales deben contener los siguientes elementos para su configuración: 

  1. Existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. Se entiende por relación funcional el poder de vigilancia y control sobre la cosa como mero componente típico, esto es, competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos.
  2. La percepción, no es más que la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre lícita. La administración, que implica las funciones activas de manejo y conducción. La Custodia, que importa la típica posesión que implica la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de los caudales y efectos públicos
  3. Apropiación o utilización. En el primer caso estriba en hacer suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de la Administración Pública y colocándose en situación de disponer de los mismos. En el segundo caso: utilizar, se refiere al aprovecharse de las bondades que permite el bien (caudal o efecto), sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero.
  4. El destinatario: para sí. El sujeto activo puede actuar por cuenta propia, apropiándose él mismo de los caudales o efectos, pero también puede cometer el delito para favorecer a terceros. Para otro, se refiere al acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio final del tercero.
  5. Caudales y efectos. Los primeros, son bienes en general de contenido económico, incluido el dinero. Los efectos, son todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables.

Respecto a la conducta culposa, es de precisar que dicha figura no está referida a la sustracción por el propio funcionario o servidor público de los caudales o efectos, se hace referencia directamente a la sustracción producida por tercera persona, aprovechándose del estado de descuido imputable al funcionario o servidor público. Es decir, se trata de una culpa que origina (propiciando, facilitando, permitiendo de hecho) un delito doloso de tercero; sea que lo sustrajo con la intención de apropiación o de utilización, sea que obtuvo o no un provecho. El tercero puede ser un particular u otro funcionario o servidor público que no tenga la percepción, administración o custodia de los bienes sustraídos, no se castiga la sustracción de caudales o efectos, sino el dar lugar culposamente a que otro lo sustraiga dolosamente.

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