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LA COSA JUZGADA EN EL ÁMBITO PENAL

LA COSA JUZGADA EN EL ÁMBITO PENAL

Por: Nataly Flores

El tema de la cosa juzgada probablemente incite en muchas personas dos reacciones: que lo consideren anticuado, por una parte, y demasiado restricto aún como monografía jurídica, por otra. Nada más equivocado; la problemática de la cosa juzgada es palpitantemente actual, y de otro lado, incluye vastos y numerosos aspectos de la teoría general del Derecho (Rivas 1954: 11).

Ahora bien, remontándonos a los orígenes de esta institución, el derecho romano entendía a la cosa juzgada como un efecto de la sentencia. Dicha concepción, sin embargo, ha venido variando a lo largo del tiempo, dejando poco a poco de ser considerada como tal por no representar una consecuencia natural de ella. Según Ana María Arrarte, la identidad de la cosa juzgada ahora implica una calidad especial o autoridad impuesta desde fuera por el ordenamiento jurídico, en atención a una exigencia, que es la necesidad de seguridad jurídica (Carrillo y Gianotti 2013: 375)

Expuesto ello, es necesario indagar más acerca del contenido de cosa juzgada. En ese sentido, el presente artículo abarcará el significado de dicha garantía, su clasificación, su regulación en nuestra actual Constitución Política, las excepciones que existen en materia penal en torno a la cosa juzgada, la distinción existente entre cosa juzgada en materia penal y cosa juzgada en materia civil y la naturaleza sustancial de la cosa juzgada. En adición a ello, se desarrollará un debate en torno a la cosa juzgada y, finalmente, se abarcará el tema de su medida de eficacia a modo de conclusión.

Respecto al significado de cosa juzgada, Pablo Sánchez Velarde apunta que es una institución que otorga seguridad jurídica. Una persona que ya ha merecido por su conducta una resolución judicial, no debe ser nuevamente investigada ni juzgada por los mismos hechos. De allí proviene su estrecha relación con el principio non bis in ídem(Vicente 2012: 52). Así, se impone nuevamente la noción, ya mencionada por Ana María Arrarte, sobre la importancia de la cosa juzgada como garantía que contribuye a la seguridad jurídica en nuestro ordenamiento.

En la doctrina nacional, José Urquizo Olaechea expresa que, en realidad, la norma constitucional consagra la cosa juzgada en el sentido que la cuestión controvertida que ha sido resuelta definitivamente por una autoridad judicial no puede nuevamente ser enjuiciada en el mismo proceso ni en ningún otro. Una de sus consecuencias es precisamente no reiterar la denuncia penal sobre algo ya resuelto (Vicente 2012: 53). Aquí nuevamente se puede deducir que la cosa juzgada tiene una marcada relación con el principio de non bis in ídem.

En suma, no precisa de mayor hondura para terminar aceptándose que la cosa juzgada proviene de sentencia fija. Así, que exista un fallo irrecurrible es uno de los requisitos que conforman la cosa juzgada formal, fallo que, por otra parte, debe ser pronunciado por un juez competente (Rivas 1954: 218).

Expuesto lo anterior, en este punto cabe desarrollar la clasificación de la garantía de cosa juzgada. Fernando Vicente sostiene que teniéndose en cuenta que la cosa juzgada sólo tiene su ámbito de aplicación en lo jurisdiccional, descartándose su aplicación en el ámbito administrativo, presenta la siguiente clasificación: la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material (2012: 56). Así, se entiende por cosa juzgada formal cuando la resolución judicial expedida se convierte en inimpugnable, sea porque adquirió lo consentido (no se impugnó la decisión) o porque adquirió lo ejecutoriado (se agotó la doble instancia). Este tipo de cosa juzgada se manifiesta propiamente dentro del proceso penal (Vicente 2012: 56-57).

Por otro lado, se entiende por cosa juzgada material, cuando se impide que un hecho ya juzgado a través de una resolución judicial firme, sea materia de un nuevo proceso penal. Este tipo de cosa juzgada se aplica fuera del proceso penal ya fenecido, es decir, hacia el futuro, impidiendo un nuevo juzgamiento del mismo hecho (Vicente 2012: 56-57).

Con referencia a la distinción entre la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal, el jurista alemán Claus Roxin ha aclarado que: “Con los conceptos de cosa juzgada formal y material son descriptos los diferentes efectos de la sentencia (Vicente 2012: 57-58). La cosa juzgada formal se refiere a la inimpugnabilidad de una decisión en el marco del mismo proceso (efecto conclusivo); junto a ello acarrea la ejecutabilidad de la sentencia (efecto ejecutivo). La cosa juzgada material provoca que la cosa juzgada en firme no puede ser nuevamente objeto de otro procedimiento; el derecho de perseguir penalmente está agotado (efecto impeditivo) (Vicente 2012: 57-58).

Expuesto lo anterior, se desarrollará acerca de cómo la cosa juzgada se encuentra regulada en nuestra Constitución Política. Así, la actual Constitución Política del Perú de 1993, regula la cosa juzgada en el artículo 139°.2 y 13, considerándolo como un “Principio y Derecho de la Función Jurisdiccional” (Vicente 2012:48).

En el inciso 2 del artículo 139° se deja establecido que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado a la autoridad de cosa juzgada; y, en el inciso 13 se establece: “La prohibición de revivir procesos fenecidos mediante una resolución ejecutoriada”. Según Roy Freyre, este último inciso advierte que, como una forma de extensión aplicativa, surten los efectos de cosa juzgada también la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción, con lo que esta Constitución busca equiparar ciertas formas de extinción de la responsabilidad penal (Vicente 2012:48). Asimismo, nuestra actual Constitución Política al señalar “la prohibición de revivir procesos fenecidos mediante una resolución ejecutoriada” aparentemente se encontraría limitando sus alcances, porque una resolución judicial puede alcanzar los mismos efectos cuando ha sido consentida, es decir, cuando no se la impugnó (Vicente 2012:48-49).

Un tema relevante, por sí mismo, es si todas las resoluciones que han quedado consentidas y/o ejecutoriadas, es decir, que han adquirido firmeza, podrían ser revividas mediante alguna circunstancia excepcional (Vicente 2012: 49).

En materia penal, se ha considerado, como supuesto para atacar a la cosa juzgada, la demanda de revisión, pero solo restringido para enfrentar sentencias condenatorias firmes injustas, en donde el valor de justicia (condena injusta) debe prevalecer sobre la seguridad jurídica de la cosa juzgada, por el hecho de encontrarnos con una persona que ha sido injustamente condenada ameritando la rescisión de la condena a pesar de su aparente firmeza (Vicente 2012: 49).

Otra excepción se presenta cuando en segunda instancia se atenúa la pena del condenado en primera instancia. Condena que no fue materia de impugnación por su persona mostrando más bien su conformidad (pero sí impugnada por otro condenado) consintiéndose la condena de primera instancia (Vicente 2012: 49). Por lo que la modificatoria en segunda instancia se encuentra permitida solo en lo que se refiere a lo favorable (en tanto el Ministerio Público no lo haya impugnado), conforme a las distintas manifestaciones del principio de la non reformatio in peius (Vicente 2012: 49).

Expuesto lo anterior, se debe recalcar que la cosa juzgada tiene una naturaleza sustancial en cuanto influye directa e inmediatamente en la situación sustancial y preexistente. La declaración de certeza una vez asistida por la autoridad de cosa juzgada se separa de la norma abstracta aplicada por el juez, formando una nueva fuente, o título, de regulación de la relación sustancial (Vellani 2001: 36-37). Por ello, es que se le atribuye de forma distintiva tal característica. Y en cuanto constituye esa nueva fuente, viene a influir, inevitablemente, en la situación sustancial preexistente (Vellani 2001: 39).

En este extremo es meritorio desarrollar la importancia de la cosa juzgada en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente, en la teoría procesal. En ese sentido, cabe recalcar que la teoría procesal ve en la cosa juzgada simplemente la fuente de un vínculo para el juez de todo futuro proceso (Vellani 2001: 53).

Ahora bien, aún cuando el legislador se hubiese limitado a establecer que una vez que la sentencia ha pasado formalmente en autoridad de cosa juzgada, los jueces no pueden ya decidir de nuevo, ni siquiera en un proceso instaurado ab ovo, entre las partes sujetas a la cosa juzgada respecto a cuanto ha constituido objeto de tal fallo (Vellani 2001: 53). Y, por consiguiente, la cosa juzgada operaría directamente en el plano procesal mediante el vínculo al juez, pero indirectamente también en la situación sustancial, en cuanto esta última no podría ya obtener una diversa regulación judicial (Vellani 2001: 53).

En síntesis, la cosa juzgada influye en la preexistente situación de derecho sustancial y tiene por eso naturaleza sustancial. Además precluye, entre las partes sujetas a la cosa juzgada, la posibilidad de proponer una nueva demanda judicial  respecto a lo que ha constituido ya objeto de la cosa juzgada, y, por ende, impone al juez, al que se ha acudido no obstante tal prohibición, declarar improponible tal demanda (Vellani 2001:54).

Por otro lado, cabe recalcar que además de poseer un aspecto sustancial, la cosa juzgada tiene otro aspecto que lo caracteriza. Así, se debe mencionar que la cosa juzgada opera también en los juicios futuros. Y solamente en este sentido se podría decir que la cosa juzgada tiene un aspecto sustancial y un aspecto procesal (Vellani 2001:54).

Ahora bien, desarrollado lo anterior, se analizará la distinción entre la cosa juzgada en materia civil y la cosa juzgada en materia penal.

La caracterización de las influencias de la cosa juzgada civil sobre la penal nos aboca a la problemática de las cuestiones prejudiciales. Es sabido que la acción civil y la penal son muy diversas; que la una corresponde a la violación de los derechos patrimoniales del individuo y la otra a los vitales intereses de subsistencia y progreso de la sociedad afectados por el delito (Rivas 1954: 253). En adición a ello, la cosa juzgada en materia civil es movilizada solo por el interés privado y la cosa juzgada en materia penal es movilizada por espontánea determinación del Estado y excepcionalmente de los particulares; que las magistraturas son también distintas por creadas conforme a un criterio específico que el Estado tiene sobre cada uno de los Tribunales que decidirán esos asuntos tan diferentes (Rivas 1954: 253).

De ello tenemos que concluir que las esferas de lo civil y lo penal son absolutamente independientes; que por regla general la una no tiene influencia ni relación con la otra, razón por la cual el ejercicio de la acción pública no tiene ni puede tener trabas de ninguna clase; y que consecuentemente, la sentencia civil y su efecto característico, la cosa juzgada, no pueden influir en forma alguna sobre las persecuciones criminales (Rivas 1954: 253).

En torno a la cosa juzgada se ha generado un importante debate. Ello, debido a que existen argumentos a favor y en contra de la cosa juzgada de las resoluciones que deciden excepciones y cuestiones procesales. Así, el debate se centra en las siguientes premisas: si las resoluciones procesales producen o no efectos de cosa juzgada no debe ceñirse a los autos de sobreseimiento del proceso, sino a cualquier tipo de resolución procesal, auto o providencia; porque incluso en aquellos casos en los que el pronunciamiento procesal no pone términos al pleito debe tener carácter vinculante (De Padura 2002:196).

Por otro lado, se ha mencionado que uno de los requisitos para poder hablar de cosa juzgada es la existencia de un pronunciamiento mediante una alegación, enjuiciamiento o pronunciamiento. Sin el mencionado pronunciamiento, no podría hablarse de cosa juzgada (De Padura 2002:196). Por último y para centrar el debate, lo que aquí se plantea es si el pronunciamiento procesal debe o no producir efectos de cosa juzgada.  Si el juez de oficio, o a instancia de parte, se declara competente, lo que impide cuestionar la competencia en un segundo pleito es la cosa juzgada y no la preclusión (De Padura 2002: 196-197).

Sobre las razones por las que la doctrina suele excluir del ámbito de la cosa juzgada las resoluciones procesales, se menciona que cuando se niega la fuerza de cosa juzgada material de las resoluciones procesales, las razones de esta actitud se justifican básicamente en tres ideas (De Padura 2002:197). Estás ideas consisten en el carácter incidenter tantumcon el que habitualmente se resuelven las cuestiones procesales, en el hecho de que la decisión se tome con base en una semiplena probatio, es decir, cuando todavía no se ha practicado prueba y, por último, la necesidad de que el juez del segundo proceso examine los documentos y la demanda a los efectos de constatar la existencia de hechos nuevos posteriores al primer proceso (De Padura 2002:198).

Finalmente, y a modo de conclusión,  Eduardo J. Couture nos señala que la medida de la eficacia de la cosa juzgada se resume en tres posibilidades: que es inimpugnable, en el sentido que está vedado cualquier ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia; que es inmutable, en el sentido que ninguna autoridad puede alterar los términos de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, para finalmente señalar que toda sentencia pasada en dicha autoridad es susceptible de ser ejecutada (Zubiate s/f: 107).

En suma, la cosa juzgada es una garantía de gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico que contribuye primero a la seguridad jurídica y segundo, actúa como una institución que le otorga a los particulares protección en base a las resoluciones judiciales que ya se les han sido atribuidas anteriormente por una autoridad judicial.

BIBLIOGRAFÍA

CARRILLO, Alfredo y Sergio GIANOTTI

2013    Cosa Juzgada vs ¿Cosa Juzgada?. IUS ET VERITAS. Lima, número 47, pp. 374-385.

DE PADURA, María Teresa

2002    Fundamentación de la sentencia, preclusión y la cosa juzgada. Valencia: Tirant Lo Blanch.

RIVAS, Leonardo

1954   La cosa juzgada en la ciencia jurídica y en la legislación ecuatoriana.  Quito: Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana

VELLANI, Mario
2001    Naturaleza de la cosa juzgada. San José: Editorial Jurídica Universitaria

VICENTE, Fernando

2012     El contenido esencial del non bis in ídem y la cosa juzgada en el Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL

Zubiate, Jorge

s/f         El valor de la Cosa Juzgada en el Perú. Themis. Lima, número 21, pp.106-  110.

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