LA NECESIDAD DE UN JUEZ IMPARCIAL EN EL PROCESO PENAL

DECRETO LEGISLATIVO N° 1385 QUE SANCIONA LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO
04/09/2018
Las claves de la detención preliminar dictada en contra de Keiko Fujimori
11/10/2018
Mostrar todo

LA NECESIDAD DE UN JUEZ IMPARCIAL EN EL PROCESO PENAL

LA NECESIDAD DE UN JUEZ IMPARCIAL EN EL PROCESO PENAL

Por: Yois Katherine Alejos Montero[1]

 

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.”– Sócrates

 

         INTRODUCCIÓN

Hace pocos meses, el portal periodístico IDL-Reporteros difundió una serie de audios que revelaron supuestos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias entre integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y jueces. Pero, la indignación social llegó a un nivel inconcebible cuando se conoció que los jueces basaban sus decisiones en virtud  de contraprestaciones o beneficios patrimoniales.

Estos hechos pusieron en relieve la extrema preocupación por la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de sus jueces, todo ello en relación con el deber que tiene el Estado de resguardar derechos fundamentales y alcanzar la justicia. Con ello, se alcanzó un punto relevante que es la imparcialidad de los jueces en los procesos penales, que conlleva no sólo a resguardar objetivamente al ordenamiento jurídico, sino garantizar efectivamente los derechos fundamentales de toda persona inmersa en un proceso, ya sea penal, civil, administrativo, laboral u otros.

Sin embargo, es en los procesos penales donde se involucran derechos y libertades sumamente relevantes para lo cual es importante la protección de estos frente arbitrariedades. Para ello, existen cláusulas constitucionales que señalan derechos-garantías que definen los ámbitos orgánicos de la jurisdicción penal, la formación del objeto de proceso, el régimen de actuación de las partes; así como de la actuación formal de la pretensión punitiva y su resistencia hasta la sentencia[2].

Estos derechos garantía que guían el proceso penal tienen una finalidad doble: por un lado, la imparcial aplicación del derecho, que pretende evitar la obtención de la verdad a cualquier precio; y por el otro, evitar situaciones de indefensión y violación de derechos fundamentales materiales[3].

En el presente artículo, abordaremos la importancia de una de estas garantías: el derecho-garantía a un juez imparcial. El cual establece un parámetro esencial para el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Asimismo, el desarrollo de su relevancia nos permitirá afirmar que su ausencia produce serios daños al ordenamiento jurídico, a la sociedad y a los derechos fundamentales. Por otro lado, abordaremos su reconocimiento a partir del plano internacional para poder aterrizar al plano del ordenamiento interno desde su enfoque constitucional al proceso penal.

  1. EL DERECHO- PRINCIPIO A UN JUEZ IMPARCIAL DESDE EL PLANO INTERNACIONAL. –

A nivel internacional esta garantía está reconocida como un derecho-principio. Es específicamente dentro de la esfera del derecho internacional de los derechos humanos que se le atribuye una vinculación directa con un derecho humano. En ese sentido, lo reconocen como una expresión del derecho al debido proceso. Es decir, establecen correctamente a la imparcialidad del juez como una manifestación del derecho humano al debido proceso.

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en ese sentido que “el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática”[4].

Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado lo señalado  por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de modo que, en la misma línea, ha reconocido que este es un derecho fundamental implícito que se fundamenta en base al principio de dignidad humana y del modelo de estado democrático. Asimismo, el Tribunal reconoce que este es un derecho implícito dado que “no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido reconocer que forma parte del derecho al debido proceso[5]”.

En otras palabras, el Tribunal al conocer la exigencia de respetar los derechos humanos concluyó en que “El status del derecho al juez imparcial como uno que forma parte del debido proceso, se deriva de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que exige que las disposiciones constitucionales mediante las cuales se reconocen derechos fundamentales se interpreten y apliquen de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias que hayan sido ratificadas por el El Juez imparcial, no es sólo un derecho fundamental de las partes de un litigio, es también una garantía institucional de un Estado de Derecho establecida en beneficio de todos los ciudadanos y de la imagen de la Justicia, como pilar de la democracia. Estado peruano[6]”.

 En virtud de este desarrollo, la doctrina ha coincidido al señalar al principio de imparcialidad de los jueces como garantía del debido proceso y en denominarla como la ausencia de prejuicios frente a un litigio, es decir, la ausencia de interés en que el conflicto de solución de determinada manera[7]. Es por ello, que se entiende que el principio de imparcialidad judicial llama a que la ley pueda ser aplicada por los jueces sin inclinaciones personales o prejuicios hacia los individuos. Los jueces deberían aplicar a la ley en forma uniforme y consistente a todas las personas. En otras palabras la imparcialidad judicial debería ser semejante a la protección ecuánime de la ley[8]. En adición a este desarrollo tanto internacional como nacional, se ha podido establecer que el derecho a la imparcialidad tiene tres despliegues: la impartialidad (el juez no ha de ser parte), la imparcialidad (el juez debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio) y la independencia (el juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes)[9]. Así, este desarrollo es de gran relevancia dado que se materializa en los procesos penales conocer su reconocimiento internacional así como su contenido constitucional permite establecer que su respeto se materializa y efectiviza en los procesos penales.

  1. EL JUEZ IMPARCIAL COMO UNA GARANTÍA PROCESAL ESPECÍFICA. –

Teniendo como exigencia garantizar el derecho al debido proceso desde el plano internacional y tomando en cuenta todas aquellas normas constitucionales que garantizan las reglas procesales que inciden en los derechos de las personas, debemos tener en cuenta que en el plano procesal penal existen dos clases de garantías: las garantías genéricas y garantías específicas[10].

Las primeras son reglas generales , polivalentes, que inciden en el ámbito general o integral del proceso, además proyectan a todas las etapas del proceso. En algunas ocasiones refuerzan el contenido de las garantías específicas y, en otras, incluyen determinadas garantías que no fueron formalmente incorporadas en la Constitución[11]. Y, estas se dividen en: debido proceso, tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de inocencia. Mientras que las garantías específicas son reglas puntuales, circunscritas a una institución procesal o a un ámbito de proceso. En otras palabras, son aquellas que se desprenden de las garantías específicas.

Las garantías específicas del proceso penal son numerosas. La garantía a un juez imparcial pertenece a este grupo de garantías específicas que se desprende de la garantía general del debido proceso, en virtud de los derechos humanos y la Constitución. El debido proceso es una garantía con un antecedente que se remonta a la V enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América con antecedentes desde la Carta Magna inglesa de 1354, como la más genérica de todas las garantías procesales constitucionalizadas por la Ley Fundamental, deducible, por lo demás del principio de Estado de Derecho. Esta garantía-derecho indica las condiciones mínimas del desenvolvimiento del proceso en los marcos fijados por la Constitución en cuya virtud el Poder Judicial debe actuar de acuerdo con las reglas preestablecidas y que aseguren, ampliamente, la participación de las partes en la solución de controversias puestos en su conocimiento[12].

Como parte al debido proceso, la garantía a un juez imparcial permite que toda la tramitación ante el juez sea acorde con el fin de la justicia, la regularidad, y la igualdad del procedimiento. De esta manera, el juez manifestará su imparcialidad en tres ámbitos del proceso: en primer lugar, será independiente del resto de poderes del Estado y de sus superiores jerárquicos, en segundo lugar, será independiente frente a la sociedad y los intereses objetivos; y en tercer lugar, frente a las partes y al objeto litigioso, es decir, el juez como titular de la  potestad jurisdiccional, que exige un tercero neutral “supra partes”, no ha de tener la calidad de parte del proceso y su juicio ha de ser determinado solo por la actuación del derecho objetivo en el caso concreto[13].

En efecto, esta manifestación tendrá efectos acordes con la garantía a un debido proceso. Los efectos de está garantía son básicamente tres: la neutralidad, desinterés o imparcialidad en sentido estricto (el juez debe ser ajeno  tanto a las partes como al objeto litigioso); y ausencia de prevención en el juez que ponga en duda su ecuanimidad al momento de juzgar[14]. De esta manera, la imparcialidad se refiere al momento procesal, es decir, al ejercicio de la función jurisdiccional, la cual supone la garantía dirigida al justiciable tendente a lograr la objetividad de la resolución jurisdiccional para el caso concreto[15].

En esta línea, la imparcialidad tiene una naturaleza y carácter subjetivo que hace referencia a la convicción personal de un magistrado presumida hasta que se pruebe lo contrario, es decir,  está en función a la presencia de circunstancias ajenas al cumplimiento de la función por el juez a un caso determinado[16]. Por otro lado, está garantía tiene también un carácter objetivo que se entiende en el plano de la concurrencia de garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima, objetivamente fundada o legítima de la imparcialidad del juez para lo cual son importantes las consideraciones de carácter funcional y orgánico. Es decir, el carácter objetivo trata de determinar si existen hechos objetivos que autoricen a  poner en duda la imparcialidad de alguno de aquellos y de asegurar que existen garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre esa imparcialidad.

En suma, los elementos de esta garantía permiten que se le pueda catalogar como un medio o instrumento de protección contra el poder estatal. El juez no solamente deberá garantizar este derecho, sino también deberá garantizar todas las garantías que brinda el ordenamiento para efectivizar el derecho al debido proceso. Con ello, el juez no solo deberá ser imparcial sino que deberá parecerlo, es decir, el juez debe exteriorizar una postura de relación lo razonablemente equidistante de ambas partes, de manera que el proceso judicial cumpla mínimamente con las exigencias derivadas del derecho al juez imparcial[17].

CONCLUSIONES

 En estos tiempos, es sumamente relevante tomar conciencia de la necesidad de garantizar un debido proceso. El derecho al juez imparcial es un derecho de los ciudadanos a que sus litigios o controversias sean decididos por un tercero neutral y ajeno al conflicto. Como hemos observado, la jurisprudencia de Corte IDH ha señalado correctamente los contornos de este derecho relacionándolo expresamente con el derecho al debido proceso. De esta manera, su finalidad se resume no solamente a resguardar el derecho al debido proceso, sino también asegurar la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad que actualmente pide a gritos justicia y transparencia.

BIBLIOGRAFÍA

[1]Artículo realizado por Yois Katherine Alejos Montero, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Directora de la comisión de Dirección Académica de la Asociación Civil especializada en Derecho Penal Iter Criminis.

[2]SAN MARTÍN, César.(2014). Derecho procesal penal. Lima: Grijley. P.89.

[3]PICANDO, Carlos. El derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Revista de IUDEX. 2014. PP. 89.

[4]Sentencia de 2 de junio de 200 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. F.J. 171

[5]STC N° 6149-2006-AA/TC. F.j. 48.

[6]Ibid. F.j. 49

[7]PICADO VARGAS, Carlos.”El derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Revista de IUSDEX. 2014.p. 37.

[8]SHARMAN (Jeffrey M.), “Ética judicial: independencia, imparcialidad e integridad”, Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo, 1996, p.16.

[9]ALVARADO VELLOSO, (Adolfo). Resumen de la conferencia a pronunciar en el Congreso Nacional de Derecho Procesal. Homenaje a1 Dr. Román J. Duque Corredor en el Centro Insular de Estudios de Derecho, Porlamar, 18 de abril de 2008.

[10]MONTERO AROCA, Juan: Sobre imparcialidad del Juez y la incompatibilidad de funciones procesales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

[11]SAN MARTÍN, César.(2014). Derecho procesal penal. Lima: Grijley. P.89.

[12]SCARPINETTA. En SAN MARTÍN, César.(2014). Derecho procesal penal. Lima: Grijley.

[13]SAN MARTÍN, César.(2014). Derecho procesal penal. Lima: Grijley. P.94.

[14]CORDON MORENO, Faustino. Las garantías constitucionales del proceso penal, Ed. Aranzadi, Navarra, 1999.

[15]PERÉZ- CRUZ MARTÍN, Agustín/FERREIRO BAHAMONDE, XULIO-XOSÉ/PIÑOL RODRÍGUEZ, José Ramón/SEOANE SPIELGLBERG, José Luis: Derecho Procesal Penal, Ed. Civitas, Pamplona, 2009

[16]Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, sentencia de la Corte IDH.

[17]Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Causa Piersack, 1 de octubre de 1982, 53 Ser. A 14.

Comments are closed.