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La realidad de la reducción prudencial

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el
Recurso de Casación N.° 134-2019 / Puno, como línea jurisprudencial, estableció que son
causales de disminución de punibilidad la tentativa (artículo 16 del Código Penal), las
eximentes imperfectas (artículos 21 y 22 del Código Penal), el error de prohibición
vencible (artículos 14 y 15 del Código Penal) y la complicidad secundaria (artículo 25 del
Código Penal). Su efecto de operatividad es la afectación de la extensión mínima de la
punibilidad establecida para el delito, esto es, que siempre la disminución deberá operar
por debajo del mínimo legal, teniendo como límite final, la pena concreta que el órgano
jurisdiccional decida discrecionalmente, pero observando la proporcionalidad adecuada
al caso. Estos efectos de disminución se justifican según el tipo de causal, por los
principios de lesividad (para la tentativa y complicidad secundaria) y culpabilidad (para
el error de prohibición vencible e imputabilidad disminuida).
En el presente caso, el quantum de esa reducción lo va decidir discrecionalmente el
órgano jurisdiccional observando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad
adecuada al caso concreto, habiendo podido fallecer Joe Ronald Montenegro Sánchez si
no era por la pronta atención médica; es decir, que el sentenciado con el fin de lograr
apoderarse de los bienes de los agraviados, utilizó como medio comisivo un arma blanca,
no limitándose a realizar una amenaza con esta, sino ejercer violencia en desprecio de la
vida del citado agraviado; por lo que, se atentaron dos bienes jurídicos: el patrimonio y,
principalmente, la vida humana independiente.
En conclusión, la pena concreta final en este caso, con estricto arreglo a los principios de
proporcionalidad y culpabilidad por el hecho, es de veinte años (equivale al mínimo del
delito de robo agravado consumado con lesiones leves), que se le debe imponer al
sentenciado Yon Brem Apaza Quispe; no siendo válida la pena de treinta y tres años
impuesta en primera instancia (folio 67), ni la de ocho años impuesta en segunda instancia
(folio 162).
Por tanto, se demuestra que la Sala Penal de Apelaciones realizó una errónea
interpretación del artículo 16 del Código Penal, configurándose la causal regulada en el
inciso 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal

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