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La traducción:¿una garantía irradiadora?

Nos preguntamos, ¿cómo es que el fiscal, asumiendo que el imputado tenga conocimiento único de una lengua originaria, pueda mantener cierto grado de cognoscibilidad sobre los hechos a revelar?

Introducción a la problemática de la interpretación jurídica

No es costumbre que un pronunciamiento de los máximos jueces mantenga cierta línea interpretativa dentro de lo que puede llegar a representar un principio o una garantía procesal. Uno de los casos paradigmáticos es la Casación Nº 1155-2021 (Ayacucho) que, dentro de sus múltiples problemáticas, afirma la necesidad de presencia de un intérprete dentro de la etapa del enjuiciamiento (Fundamento Jurídico 5 y 8). Sin embargo, si bien es una razón digna de aplauso que se reafirme la garantía de defensa procesal, considero que existe un desentendimiento dentro de lo que representa dicha categoría jurídica.

La necesidad de garantías procesales

Así mismo, Cesar Castro (2020) ha presentado que esta, por constituir una garantía genérica, debe estar presente y, resalto, durante todo el proceso penal  (p. 127), pues tiene un efecto irradiador. Sin embargo, sería conveniente evaluar si el proceso penal debería otorgar tal garantía de manera preponderante. Desde mi perspectiva personal, considero que no, dado que esto entra en conflicto con otros principios, como el de la eficacia procesal.

Para facilitar un mejor entendimiento, un ejemplo: es crucial que los imputados estén informados sobre el objeto de la investigación, tanto en la etapa intermedia como en la de investigación preliminar. Esto es importante porque, durante la primera etapa, se realizan múltiples actos procesales, tales como el deslacrado de especies o la toma de declaraciones, que posteriormente pueden servir como medio de prueba contra el imputado ¿No es acaso vital para ellos conocer estos detalles para poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa, entendido como la capacidad de responder a las acusaciones en su contra?

Claro está que en la etapa intermedia va a existir un control de la acusación, dado que nos encontramos dentro de un proceso ordinario. Haré una breve mención sobre esto en los procesos especiales. No obstante, cabe preguntarse si realmente existe una igualdad de condiciones donde el procesado pueda tener un conocimiento completo de todos los cargos formulados contra él y, en base a ello, pueda presentar razones para solicitar un sobreseimiento. Considero que las complejidades prácticas pueden obstaculizar un análisis más exhaustivo, lo cual, dadas las características del ensayo, no se puede desarrollar en profundidad.

Retos en los procesos especiales y la colaboración eficaz

Las complejidades aumentan cuando consideramos procesos especiales, como el proceso inmediato y de colaboración eficaz. Presentaremos algunas pinceladas que deben ser tomadas en cuenta a efectos de formular un pronunciamiento consciente de la magnitud de la problemática. Tomando en cuenta este último, aunque sostenemos como requisito para la colaboración eficaz la asunción de culpa por parte del imputado del delito y obligación de que este aporte medios probatorios reveladores e idóneos para la persecución del delito. Nos preguntamos, ¿cómo es que el fiscal, asumiendo que el imputado tenga conocimiento único de una lengua originaria, pueda mantener cierto grado de cognoscibilidad sobre los hechos a revelar?

Además, resulta aún más problemático determinar cómo el investigado podría participar efectivamente en el proceso de delación si desconoce las preguntas específicas que se utilizarán para dialogar sobre los hechos que fundamentan la persecución penal. Hasta en una etapa previa a la intención por parte del imputado de acogerse a la colaboración eficaz, ¿cómo podría sostenerse que el imputado tiene incentivos de acogerse al proceso especial si es que ni siquiera conoce los medios de convicción que fundamentan la labor del fiscal de investigar y perseguir el delito? Estas problemáticas son obviadas por parte de la labor de la Corte Suprema.

Y es que, si apreciamos dicho pronunciamiento con respecto de las declaraciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, notaremos que mantienen cierto grado de disimilitud con respecto de la afirmación que ha sido objeto de crítica durante el desarrollo del presente trabajo académico: en el juicio oral, se necesita la presencia de un traductor (Exp. Nº 00099-2010-PHC/TC, Fundamento Jurídico 7). Al respecto, la problemática radica en que el supremo intérprete de la constitución señaló que, efectivamente, el imputado de nacionalidad turca tuvo garantizado su derecho de defensa al respetar y recalco, durante la etapa judicial o de enjuiciamiento, la presencia de un intérprete.

De esta forma, esbozamos la necesidad de un pronunciamiento mucho más completo que analice la complejidad que esta problemática perfila. No hemos obviado el proceso especial inmediato, puesto que este introduce muy bien el asunto que se debe ser objeto de matices para lograr una ponderación correcta con el principio de eficacia procesal. Y es que, tomando en cuenta el recorte dentro de los plazos que se presentan dentro de las particularidades del proceso, la formalización de la investigación preparatoria prácticamente es inexistente.

Desafíos en la traducción judicial, protegiendo el derecho a la defensa

Al respecto, ante el nivel de presencia del principio de eficacia procesal, convendría preguntarnos cómo podríamos lograr que la garantía del derecho a la defensa también sea tomada en consideración. A partir de cifras establecidas por el portal del Poder Judicial, existió un total de 436 requerimientos de intérpretes en juzgados y/o salas en 12 Cortes para un total de 199 proceso judiciales durante el año de 2021. Ello no ha sido contrastado con respecto de las problemáticas prácticas sobre las que radica el interín del proceso.

Sobre este punto, convendría preguntarnos si es que las terminologías legales que se presentan a lo largo de nuestro quehacer jurídico podrían ser entendidas por los intérpretes y, como consecuencia lógica, a las personas que mantienen como lengua materna a alguna de las lenguas originarias. Ello en atención a que es muy complejo el poder señalar como una traducción cuasiliteral el presentar términos tales “control formal de la acusación” o “sobreseimiento”. En atención a todo lo mencionado, preciso que la garantía procesal de acceso a un traductor es y ha sido una problemática que debe sostener un grado de comprensión, puesto que, dadas las características innatas de las partes procesales como lo es el tener conocimiento exclusivo de una lengua originario y/o extranjera, se verá reflejado durante todo el desarrollo del proceso. El aterrizaje señalado durante las etapas del proceso y los procesos especiales esbozan nuevamente las circunstancias prácticas que se podrían presentar- si no es que ya se han presentado- en el desarrollo de casos.

Conclusión y reflexiones finales

Asimismo, haciendo énfasis en los procesos especiales, sobre todo, en el proceso inmediato, se ha traído a colación la pregunta ¿cómo poder asumir que la logística judicial pueda asumir la presencia de un traductor durante todo el proceso, tomando en consideración que este debe ser eficaz? Si tomamos en consideración que los actos procesales pueden, dependiendo de la complejidad del caso, ser muy extensos en cuanto a cantidad, podríamos plantear como propuesta el realizar resúmenes judiciales de los actos procesales más relevantes que se han presenciado en el proceso.

Ello tomando en cuenta un importante aporte con respecto del principio de concentración procesal, y es que es imposible que el juez penal tenga el conocimiento de todos los actos procesales que se presentan durante la investigación y enjuiciamiento del delito. Ello podría ser un aporte relevante si es que se traslada de forma análoga al investigado que no tiene un conocimiento del idioma castellano y se pretende realizar una traducción de los aspectos más importantes a considerar.

Finalmente, el tercer aspecto a considerar es ¿cómo poder evitar una traducción literal que convierta en un despropósito la elaboración del “resumen” que concentre tales actos? La comunicación entre expertos juristas y traductores debe ser vital para la explicación de instituciones y términos jurídicos que conviertan en entendible el producto final que llegará a las personas imputadas.

Bibliografía

  1. Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación Nº 1155-2021 Ayacucho. 26 de julio de 2023.
  2. San Martín, C. (2020). Derecho Procesal Penal. IDCPP
  3. Tribunal Constitucional. Exp. Nº 00099-2010-PHC/TC. 07 de septiembre de 2010.

 

Sebastian G. Vizcarra Lizarbe

Asociado Ordinario

 

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