Las claves de la detención preliminar dictada en contra de Keiko Fujimori

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Las claves de la detención preliminar dictada en contra de Keiko Fujimori

Las claves de la detención preliminar dictada en contra de Keiko Fujimori

Por: Alessandra Huamán Hidalgo[1]

          David Torres Pachas[2]

 

El día 10 de octubre el 1° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del Juez Richard Concepción Carhuancho, dictó la medida de detención preliminar por diez días en contra de la lideresa del Partido Político Fuerza Popular, Keiko Fujimori[3]. Los hechos materia de investigación se refieren a los aportes recibidos por Fuerza Popular en la campaña presidencial del año 2011 por un monto total de $1 200 000 dólares,y que habrían sido entregados por la empresa brasilera Odebrecht. Dicha medida fue dictada además a otras 19 personas[4].

Cabe mencionar que la orden de detención preliminar se ha dictado conforme a la ley N° 30077 (ley contra el crimen organizado), en concordancia con el Código Procesal Penal (artículos 261 y 264 inciso 3).

A continuación, analizaremos lo señalado por la resolución del 1° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en lo que se refiere al caso particular de Keiko Fujimori.

  • Sobre los hechos materia de imputación

Conforme a la resolución, a Keiko Fujimori se le atribuye la creación de una organización criminal al interior del entonces partido político Fuerza 2011 (hoy en día, Fuerza Popular). La resolución identifica diferentes niveles al interior de la organización, la cual sería liderada por Keiko Fujimori.

Asimismo, tendría otros líderes y encargados de la captación de dinero ilícito, como Jaime Yhoshiyama y Augusto Bedoya. La administración y colocación del dinero ilícito estaría a cargo de Adriana Tarazona (tesorera alterna). Finalmente, la organización tendría colaboradores que el Juzgado clasifica en cinco categorías: i) personas que habrían figurado como aportantes, ii) personas que aceptan ser aportantes sin haberlo acreditado, iii) personas que transportaron o depositaron dinero ilícito en las cuentas de Fuerza 2011, personas que trabajan en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, que habrían emitido informes técnicos favorables a la organización, y v) personas que realizaron actos de ocultamiento y/o obstrucción de la investigación.

Lo anterior puede detallarse en el siguiente gráfico[5]:

Cargo/función Nombre
1 Líder que dispone Keiko Fujimori Higuchi
2

3

Líder que solicita y recibe el activo ilícito Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka

Augusto Mario Bedoya Camere

4 Líder que administra el activo ilícito Adriana Tarazona de Cortés
5 Participantes que trasladan el activo ilícito/depositan en el banco Daniel Mellado Correa

Ángela Bautista Zeremelco

6 Participante que capta falsos aportantes Erick Matto Monge
  Participante que presta su nombre Ytalo Pachas Quiñones

Mayra Castañón Davila

Marizol Valles Chong

Pedro Velayarce Llanos

Liz Documet Manrique

Liulith Sánchez Bardales

Rafael del Castillo Reátegui

  Participantes que habrían entregado dinero a transportista Giancarlo Bertini Vivanco

Patrizia Coppero del Valle

  Participante que obstruye investigación u ocultan activos ilícitos Jorge Javier Yoshiyama Sasaki

Luis Alberto Mejía Lecca

Aurora de Jesús Torrejón

Walter Rengifo Saavedra

Es a partir de dicha organización que se habrían lavado activos ilícitos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht por una suma de $1 200 000 dólares. A cambio de ello, ésta recibiría beneficios como la adjudicación de contrataciones de obras con el Estado, así como ventajas a nivel legislativo, favorecimientos judiciales, entre otros[6].

De esta manera, Keiko Fujimori habría dispuesto al Secretario General Nacional, Jaime Yoshiyama y al Secretario Nacional de Economía, Augusto Bedoya, que se solicite dinero a la empresa Odebrecht. En total, ambos recibirían un monto de $1 000 000 de dólares. La ilicitud de dicho dinero sería conocido habida cuenta que Odebrecht incurría en actos de corrupción para conseguir la buena pro de obras públicas en diversos países de la región. Así también, la resolución señala que Fujimori habría solicitado la participación de José Briceño, a fin de que solicite dinero a Odebrecht, recibiendo este último $200 000 dólares.

Asimismo, se le atribuye el conocimiento de que la captación del dinero se realizaba de manera ilícita a través de personas que captaban supuestos aportantes, así como de la creación de actividades proselitistas (rifas, cocteles y cenas) que no podrían justificar los montos declarados ante la ONPE.

  • Sobre los requisitos para dictar la orden de detención preliminar

La detención preliminar se encuentra regulada en el artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, el mismo que estipula que será el Juez de la Investigación Preparatoria quien la dicte a pedido del Fiscal, sin existir trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones que le hayan sido remitidas. Sus requisitos son los siguientes:

  1. No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.
  2. El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención
  3. El detenido se fugare de su detención preliminar

A diferencia de la prisión preventiva en donde se exige la existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de delitos (artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal); o, en otras palabras, que exista evidencia de la comisión del delito para que el juez la dicte; en el caso de la detención preliminar se requiere estar frente a “razones plausibles” para considerar la comisión de un delito. Por este motivo incluso, Julio Banacloche Palao denomina a la detención preliminar como una medida precautelar[7],ya que para dictar prisión preventiva deberá existir cierto “nivel de certeza” sobre la comisión de los hechos delictivos por parte del imputado.

En segundo lugar, podemos hacer una observación en relación a la finalidad de ambas medidas. Por un lado, la prisión preventiva tiene la finalidad de garantizar la presencia del imputado durante la investigación y juicio oral. Ello puede explicarse además por los plazos de la prisión preventiva. Según el nuevo Código Procesal Penal esta no debe ser mayor a nueve meses, mientras que si se trata de un proceso complejo, el plazo se podría extender hasta 18 meses. En procesos de criminalidad organizada este plazo podría ser ampliado hasta por 36 meses.

Por otro lado, la detención preliminar tiene el objetivo de garantizar la presencia del imputado para la realización de diligencias inmediatas. Ello explica por qué, conforme al artículo 264 del Nuevo Código Procesal Penal, la detención preliminar tiene un plazo de setenta y dos horas. Cabe mencionar que, excepcionalmente y por motivos de la complejidad del caso, puede extenderse hasta por un plazo de siete días. Asimismo, en casos de criminalidad organizada (como el caso que comentamos) el plazo será hasta por diez días.  Si estuviéramos frente a delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, el plazo podría extenderse hasta 15 días.

En tercer lugar, podemos determinar como una diferencia sustancial el trámite para que el juez dicte ambas medidas. En la detención preliminar, tal como es señalado en el artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, se dictará a pedido de la fiscalía, sin la necesidad de trámite alguno, mientras que el artículo 271 del Nuevo Código Procesal Penal estipula la necesidad de que el Juez de la Investigación Preparatoria realice una audiencia para la determinación de la procedencia de la medida.

Además, es necesario resaltar que en el literal a) es señalado que “por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad” modificación hecha con el Decreto Legislativo 1298, valoración que debe ser realizada objetivamente, en el caso comentado.

  • La verificación de los requisitos de la detención preliminar en el caso de Keiko Fujimori

La resolución divide el análisis en cuatro puntos:

  1. Concurrencia de suficientes elementos de convicción

Según el Juzgado existen elementos que permiten afirmar la existencia de una organización criminal. De tal manera que se habría constituido al interior de Fuerza 2011 una organización criminal que recibía aportes provenientes de actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Al respecto, se cuenta con la declaración de Marcelo Odebrecht, quien reconoció la anotación “Aumentar Keiko a 500”, la cual haría referencia a una entrega adicional de dinero.

Asimismo, se toma en cuenta lo señalado por Jorge Simoes Barata, quien afirmó haber entregado un millón de dólares a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya. En relación a ello, se presentan reportes de llamadas telefónicas entre Jorge Barata y Jaime Yoshiyama.

El dinero entregado provenía de la Caja 2 de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht. De igual manera, se habría realizado una entrega de doscientos mil dólares a través de Ricardo Briceño, representante de la CONFIEP.

Por otro lado, se cuenta con otras evidencias como los reportes de ingresos presentados ante la ONPE por concepto de donaciones y aportes en efectivo y especie. Entre los ingresos por actividades de financiamiento proselitista destacan: i) gran rifa pro-fondos Campaña política: 1´566938.60 soles, ii) cóctel fujimorista 2010: se obtuvo 325 210 soles y iii) cóctel naranja: 233 086.39 soles. Es decir, un monto de 2 125 234.99 soles recaudados. Sin embargo, no se han identificado a las personas que participaron en los cocteles, o quiénes adquirieron los boletos de la rifa, por ejemplo.

En el caso de aportes, existen ciertas irregularidades como el hecho de que hay firmas no identificadas que figuran como depositantes, o la identificación de depósitos fraccionados, supuestamente realizados por diferentes personas. A partir de ello, el Juzgado señala que se habría utilizado la técnica del pitufeo a fin de eludir los controles bancarios.

En la misma línea, se han detectado aportes fraudulentos, de tal manera que existen testigos que afirman no haber realizado aportes o que incluso se evidencia que no tendrían disponibilidad económica para realizar dichos aportes. Ello permitiría afirmar que en muchos casos se ha suplantado a personas a fin de que aparezcan como aportantes de dinero. Otras evidencias permiten verificar que hay personas vinculadas a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya que aparecen como aportantes del partido Fuerza 2011.

2. Peligro procesal

En relación a este punto se señala que existiría posibilidad de fuga, en primer lugar porque si bien tendría arraigo domiciliario y familiar, Keiko Fujimori no cuenta con un trabajo conocido. Así también se toma en cuenta las facilidades que tendría para salir del país, en virtud de las amistades y parientes que tiene en Estados Unidos y Japón. Por otro lado, se toma en cuenta la gravedad de la pena que oscilaría entre los 10 y 20 años. En este punto, el Juzgado estima que, por máximas de la experiencia, una pena en ese rango generaría el temor suficiente para decidirse por abandonar el país.

Finalmente, se señala que Keiko Fujimori no acude a las citaciones del Ministerio Público sin acreditar los motivos por los cuales no puede concurrir. Así también se ha valorado lo ocurrido durante la diligencia de allanamiento del 7 de diciembre de 2017 al local de Fuerza Popular en donde se presentaron incidentes durante la labor fiscal.

3. Test de Proporcionalidad

En relación al test de proporcionalidad, la resolución indica que la medida es idónea pues permitirá asegurar la presencia de los investigados. Por otro lado, es necesaria, ya que de lo contrario se correría el riesgo de que los investigados eludan la justicia, dejen el país o perturben la actividad probatoria (e incluso el sistema de justicia). Finalmente, es proporcional pues, asegura la persecución penal de los hechos garantizando la presencia de los implicados dentro de la investigación.

 4. Determinación del plazo de detención preliminar judicial

Con respecto este punto, el Juzgado señala que el plazo de 10 días es razonable ya que permitirá al Ministerio Público realizar los actos de investigación necesarios sobre las 20 personas implicadas.

[1]Estudiante de X ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Asistente jurídica del Estudio Ugaz Zegarra y Abogados Asociados. Presidenta de la Asociación Civil Iter Criminis.

[2]Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Investigador del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción (DEPEC). Adjunto de docencia de los cursos “Instituciones del Derecho Sancionador” y “Delitos contra la Administración Pública” en la Facultad de Derecho de la PUCP. Expresidente de la Asociación Civil Iter Criminis.

[3]Disponible en:  https://goo.gl/6hmP2C. Consulta: 10 de octubre de 2018

[4]Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Bedoya Camere, Adriana Tarazona Martínez, Ytalo Pachas Quiñones, Ángela Bautista Zeremelco, Daniel Mellado Correa, Luis Mejía Lecca, Jorge Yoshiyama Sasaki, Mayra Castañón Dávila, Liz Documet Manrique, Marizol Valles Chong, Pedro Velayarce Llanos, Rafael del Castillo Reátegui, Liulith Sánchez Bardalez, Giancarlo Bertini Vivanco, Patrizia Coppero del Valle, Erick Matto Monge, Aurora Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra.

[5]Auto de detención Preventiva. Resolución N°1. Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, recaído en el Expediente N° 00299-2017-28-5001-JR-PE-01, del 10 de octubre de 2018. P. 109.

[6]Así, Keiko Fujimori en su condición de presidenta de Fuerza 2011 (hoy, Fuerza Popular), “habría formado una organización criminal con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupción nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht y otras, y estando en el poder cometer actos de corrupción”. Resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, recaído en el Expediente N° 00299-2017-28-5001-JR-PE-01, del 10 de octubre de 2018. P. 103.

[7]Citado por SAN MARTIN CASTRO, César.               Derecho Procesal Penal, Volumen 2. Lima:2003. Editora Jurídica Grijley EIRL, segunda edición. P. 1099.

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