“Los fines no justifican los medios: breves comentarios sobre la Ley Nº 31012, Ley de protección Policial”

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“Los fines no justifican los medios: breves comentarios sobre la Ley Nº 31012, Ley de protección Policial”

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El día de hoy, 28 de marzo del 2020, se publicó la Ley Nº 31012, “Ley de protección Policial”, la cual expone por objeto el brindar determinadas prerrogativas legales a los efectivos de la Policía Nacional del Perú que, en ejercicio de su función constitucional, causen lesiones o muerte mediante el empleo de armas o medios de defensa (Art.1 de la ley). En ese sentido, es pertinente para nosotros analizar los principales aspectos de la ley en cuestión desde una interpretación del Derecho Penal y Procesal Penal constitucionalizado, toda vez que se encuentran inmersos en ella los derechos fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos, destinatarios últimos de la presente Ley.

En primer lugar, la Ley de Protección Policial incorpora el artículo 292-A al Nuevo Código Procesal Penal, a la postre de la siguiente redacción:

“Artículo 292º-A.- Comparecencia restrictiva para el Policía Nacional del Perú

Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva.”. 

Se colige, a partir de una interpretación sistemática, que dicho artículo es consecuente con lo dispuesto en la presente Ley. Ello, en atención a que resulta evidente que, si un efectivo policial causa lesiones o muertes en el “ejercicio constitucional” de sus funciones no existirá la posibilidad para que se satisfagan los presupuestos configurativos de la detención preliminar judicial ni tampoco de la prisión preventiva, ya que habría una ausencia del elemento denominado fumus comissi delicti, el cual es fundamental para la imposición de una medida cautelar dentro de un proceso penal. 

 

Sin perjuicio de ello, advertimos que esta incorporación es pasible de generar – al menos en la praxis – potenciales casos de vulneración al derecho al trato igualitario de la ley. Ello en tanto se pueden presentar casos en los que, a pesar de que amerite el inicio de actos de investigación dentro de un proceso penal, tales como el  control de identidad (art.205. CPP), retención (art.209 CPP), registro personal (art.210 CPP) o examen corporal (art.211), los mismos no se lleven a cabo bajo la justificación de que sobre los efectivos policiales no recae la imposición de una detención preliminar o prisión preventiva. 

Es de recordar que, en todos los casos en que haya despliegue de fuerza por parte de un efectivo policial, corresponde evaluarse si es que el mismo estuvo ajustado a Derecho o no, puesto que, solo de esta manera será factible poder iniciar o no el respectivo proceso penal a efectos de determinarse la existencia de responsabilidad penal. De no ser así se estaría amparado deliberadamente la impunidad de actos fuera del marco de la ley en la labor ejercida por los efectivos policiales.

En segundo lugar, distinguimos lo expuesto en el artículo 5 de la Ley, el cual modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal. Este queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal:

    […]

  1. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria cause lesiones o muerte” ( énfasis agregado)

Precisamos que la modificación realizada reemplaza el término “cumplimiento de su deber” (de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú) del artículo previo por el de “cumplimiento de su función constitucional”. Así también, observamos que se incorpora al artículo la precisión de que el uso o empleo de armas u otro medio de defensa debe hacerse de forma reglamentaria. 

Al respecto, señalamos que para entender a cabalidad la expresión “función constitucional” es pertinente remitirnos a lo establecido por nuestra Carta Magna, en la que se precisa, en el artículo 166, lo siguiente: 

La Policía Nacional tienen por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”

Con respecto al primer extremo de esta modificación, referente al “cumplimiento de su función constitucional”, señalamos falta de relevancia jurídica. Ello en tanto el uso de fuerza o armas en la actuación de un efectivo policial ya se encontraba supeditado a los alcances y límites establecidos dentro de la Norma Suprema y las normas Internacionales, entre las cuales destacan los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. Por ello, consideramos que la norma recae en una redundancia innecesaria. 

Por su parte, consideramos que la incorporación de la precisión referente al uso de armas u otro medio de defensa “en forma reglamentaria” sí es importante. Ello a efectos de tener en cuenta a lo dispuesto en el  Decreto Legislativo Nº 1186, en el cual se determinan las circunstancias ante las cuales el uso de la fuerza policial es permitida, tales como detener flagrante delito, en defensa propia o de otras personas, cuando se genere un peligro real o inminente de muerte o lesiones graves, entre otras. Este extremo sí reviste utilidad porque recorta la discrecionalidad de los efectivos policiales con respecto al uso de la fuerza. 

Finalmente, observamos que lo expuesto en la disposición complementaria derogatoria de la Ley suprime el numeral 4.1.c del Decreto Legislativo Nº 1186, que establece el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Consideramos que dicha derogación infringe lo establecido en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, toda vez que prescinde de uno de los principios trascendentales a tomarse en cuenta para el empleo de la fuerza por parte de los efectivos policiales. La referida norma suprime un criterio objetivo mediante el cual se puede conocer el grado de intensidad del uso de la fuerza en el ejercicio de las funciones competenciales de la PNP, abriendo la posibilidad de generar posibles casos en los que no exista equivalencia entre la gravedad de la amenaza y el uso de la fuerza empleada, esto es, a excesos y arbitrariedades. 

En esta misma línea, es menester destacar que, en un Estado Constitucional de Derecho, pueden ocurrir situaciones en las cuales exista un objetivo legítimo, por ejemplo, proteger el orden público, cuyo logro amerite limitar ciertos derechos. Sin embargo, exponemos que no es lógico el permitir la vulneración a los derechos a la vida o la integridad de una persona, en tanto el objetivo principal siempre recaerá en la protección de estos dos derechos. 

En suma, si bien nos  alineamos a los objetivos de la ley en cuestión, referentes a garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el cumplimiento de sus funciones, consideramos que la dación de la referida deviene en innecesaria. Ello, por un lado, en la medida en que nuestro Código Penal contempla eximentes penales para los efectivos policiales que causen lesiones o muertes en el ejercicio de sus funciones, y, por otro lado, en tanto trae a colación un supuesto jurídico evidente en lo que respecta a la aplicación de las medidas cautelares dentro del proceso penal, ya que nos coloca ante un caso en el que no existe un presupuesto configurativo esencial (fomus comissi delicti). Asimismo, concluimos que la referida norma es inconstitucional parcialmente en el extremo que suprime el principio de proporcionalidad, puesto que, al derogar este principio en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), infringe lo establecido en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. 

Finalmente, y a modo de reflexión, reconocemos las excelentes labores que viene desarrollando la Policía Nacional del Perú (PNP), en el contexto del vigente Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio, las cuales no deben ser objeto de menosprecio o críticas por parte de la población. En ese sentido, el presente comentario realizado a la Ley busca erradicar cualquier tipo de desviación abrupta e ilegal dentro la actuación de esta institución y, en específico, en su proceder durante el ejercicio de sus funciones. Consideramos que el reforzamiento del principio de autoridad sólo puede concretarse si existe una debida y permanente formación y capacitación para nuestros efectivos policiales, pues sólo a través de esta se garantiza que existan altos estándares de eficacia en el cumplimiento de sus funciones y, por ende, se salvaguarde los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

 

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