Presupuesto de la prisión preventiva: sospecha fuerte

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Presupuesto de la prisión preventiva: sospecha fuerte

El 17 de setiembre se ha publicado el Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116, mediante el cual se zanjan diferentes discusiones respecto a la prisión preventiva, de conformidad con el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Siendo así, se estableció como doctrina legal, entre otros, los fundamentos jurídicos 24 al 27 relacionados al presupuesto de la prisión preventiva: sospecha fuerte.

24. Un presupuesto imprescindible de la prisión preventiva, base de las causales o motivos que le corresponde y que solo deben examinarse a continuación para su dictación y mantenimiento, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el de sospecha grave q fundada, tal como está definido por el artículo 268, literal A, del Código Procesal Penal, a fin de determinar la fundabilidad de la pretensión de prisión preventiva del fiscal.

El término “sospecha” debe entenderse, en sentido técnico jurídico, como el estado de conocimiento intermedio, de diferente intensidad, a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de la averiguación del delito, que autorizan a dictar decisiones y practicar determinadas actuaciones. Se trata, entonces, de una conditio sine qua non de la legitimidad de la privación procesal de la libertad personal, cuya ausencia determina que la prisión preventiva dispuesto sea arbitraria.

Presupone la existencia de hechos o informes adecuados para convencer a un observador imparcial de que el individuo de que se trate pudo haber cometido el delito. Lo que puede considerarse “racional” dependerá del conjunto de las circunstancias; es decir, que el juez debe valorarlos según las máximas de la experiencia y del normal sentido común.

25. La verificación de esta sospecha fuerte requiere, en tanto juicio de atribución el delito al imputado, el examen de las fuentes-medios de investigación o de las entes-medios de prueba lícitos —la licitud es un componente necesario del concepto de prueba— acopiados en el curso de la causa —principalmente por el fiscal, aunque también es de examinar los que puede presentar el imputado y su defensa—, tras cuyo análisis corresponda concluir, desde una inferencia razonable, que el imputado es fundadamente sospechoso; esto es, que exista un alto grado de probabilidad de que él luego va a ser condenado —el estándar probatorio es particularmente alto, aunque no al nivel de la sentencia condenatoria (no se requiere certeza sobre la imputación).

Se ha de afirmar un juicio de probabilidad sentado en criterios objetivos sólidos o indicios consistentes (STCE 128/1995, de 26 de julio, FI 3ro.); esto es, contar con un sistema coherente de datos graves, precisos y concordantes, y con un alto grado de confianza, consistencia, fiabilidad y credibilidad, sin llegar, por cierto, al estándar de convencimiento más allá de toda duda razonable, propio de la sentencia condenatoria.

26. Desde la perspectiva del juez, la probabilidad que se requiere, a diferencia de la certeza, significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, esto es el juicio del sujeto cognoscente que estima haberse acercado al resultado buscado, el resultado de la verdad, aunque reconoce no haber alcanzado totalmente; en otras palabras, no está convencido de estar en posesión de la verdad, pero cree que se ha aproximado a ella. Los datos o elementos que aportan las fuentes- medios de investigación o de prueba han de ser graves; no bastan débiles probabilidades, aunque es de entender que las probabilidades no son cuantificables.

Ahora bien, es de aclarar que el indicio en materia de coerción procesal, a diferencia del indicio en materia de probatoria —propio de la etapa principal del juicio oral y utilizado para fundar la sentencia condenatoria—, tras la interpretación objetiva de la fuente-medio de investigación o de prueba (preconstituida, o anticipada si fuere el caso) —fase de traslación en la apreciación de los mismos—, valorados libremente —que no arbitrariamente— por el órgano jurisdiccional, da lugar a un juicio centralmente hipotético —con cierto nivel de incertidumbre—, en cuya virtud el indicio es la base fáctica —no de una comprobación, propia del indicio probatorio— de una predicción, esto es, para afirmar la posibilidad que algo suceda en el futuro —no que sucedió en el pasado: no da lugar a afirmar una probabilidad tan alta que equivalga a la certeza jurídica.

27. El juicio de imputación, siempre de un determinado delito, requiere, por consiguiente, de que precisamente el hecho sea delictivo —éste no puede carecer de tipicidad penal— y que, además, no se acredite la concurrencia de alguna causa de exención o extinción de la responsabilidad penal (artículos 20 y 78 del Código Penal).

La prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la imputación, una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido el hecho punible. Es, empero, un requisito indispensable pero no suficiente pues debe ser confirmado por el peligrosísimo procesal. La imputación, entonces, requiere, primero, de la existencia de un hecho constitutivo de infracción penal; y, segundo, de la existencia de un sujeto pasivo del proceso penal (de un imputado, contra quien se ha dictado la inculpación formal —es decir, con mayor precisión, Disposición Fiscal de formalización de la investigación preparatoria). Este análisis de alta probabilidad debe realizarse, como enfatizó la Sentencia Casatoria 564-2016/Loreto, de 12 de noviembre de 2018, FJ 5to, no solo a partir de un alto grado de probabilidad de la comisión del delito y de la intervención del imputado, examinándose los actos de investigación de manera individual y conjunta —así, incluso, lo estableció la sentencia casatoria vinculante 626-2013/Moquegua de 30 de junio de 2015—, sino además conforme con los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva; y, tiene como sustento, que los cargos sean concretos y definan con claridad lo penalmente relevante (Sentencia Casatoria 724-2015/Piura, de 15 de abril de 2016).

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dc2ca880414a8f409b07bb5aa55ef1d3/Acuerdo_Plenario_1_2019_CIJ_116_Prisi%C3%B3n_preventiva_Presupuesto_requisito..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc2ca880414a8f409b07bb5aa55ef1d3

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