No existe estafa si la víctima podía acceder a información sobre titularidad de bienes

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No existe estafa si la víctima podía acceder a información sobre titularidad de bienes

El caso que ha motivado la decisión de la Corte Suprema ha sido el siguiente: se le imputó a Hilda Chacaltana haber sido autora de dos actos, en los cuales mediaría el engaño y que, producto de ese engaño, hubo perjuicios patrimoniales a una serie de personas. El primer acto fue recibir, por parte de dos empresas, varios vehículos y camionetas, con la finalidad de ser trasladados a empresas mineras. La obtención de vehículos fue dada bajo una serie de engaños, uno de los cuales fue que la actora se presentó como una persona con solvencia económica y de confianza; sin embargo, vendió los vehículos sin contar con la autorización.

El segundo acto versa sobre la compra de los vehículos, en la que los adquirentes agraviados los compraron creyendo que se trataban de vehículos usados provenientes de remates judiciales; sin embargo, la procesada no les entregó la tarjeta de propiedad, a pesar que les decía que los estaba tramitando. Finalmente, los adquirentes tuvieron que devolver los bienes -sin que se les devolviera el dinero- porque la señora Chalcaltana no tenía facultad para venderlos.

La Segunda Sala Penal expidió su fallo y consideró que, el primer hecho no constituía un ilícito de índole penal sino civil, toda vez que se trataría del incumplimiento en virtud de relaciones contractuales, y, debido a la forma en que se firmaron los contratos, no se configuraría los elementos típicos de estafa. Por otro lado, en relación de los adquirentes agraviados, la Sala determinó que, el engaño fue idóneo y eficaz generando un error en los compradores, razón por la cual la procesada fue condenada a cuatro años de prisión en calidad de autora del delito de estafa, en agravio solo de tres de los compradores agraviados, mientras que fue absuelta respecto del resto, ya que estos no cumplieron con presentar los medios probatorios originales que respaldan sus afirmaciones.

Esta Resolución fue impugnada por el Ministerio Público mediante el presente recurso de nulidad, en el que sostuvo que se habrían dado los siguientes agraviados: en primer lugar, los “agraviados otorgantes” se desprendieron de sus vehículos y camionetas creyendo que solo se trataba de transacciones cotidianas (compra y alquiler de motorizados, de acuerdo a su giro de negocio), debido a que la señora Hilda generó un ambiente de confianza cuya finalidad no era más que procurarse un provecho ilícito; y, no se habría tenido en cuenta el grave perjuicio económico ocasionado a los agraviados. Respecto a los terceros que adquiriendo los vehículos de una non domino, no se ha habido una valoración adecuada de las pruebas. Este recurso fue admitido a trámite por la Corte Suprema.

La Corte Suprema señaló que la tipicidad del engaño es la imputación objetiva; y, en tal sentido, afirmó que, en los procesos por delito de estafa lo primero que los jueces deben verificar es si el engaño puede imputarse objetivamente al autor.

Así, el órgano supremo aseveró que es el criterio de accesibilidad informativa el que orienta los límites de competencia, en relación a la superación de la carencia de información que condicione la toma de una decisión libre en el mercado. En tal sentido, se entiende que existe accesibilidad a la información cuando el disponente tiene acceso a la data necesaria del bien que desea adquirir y, además, cuenta con la capacidad para descifrar; por ende, cuando exista dicha accesibilidad corresponde al disponente averiguarlo.

En el caso, y de acuerdo al artículo 2012º del Código Civil, quien desea adquirir automóviles tiene como carga conocer el contenido de las inscripciones, sin admitirse prueba en contrario; y, de acuerdo a lo referido, la Corte Suprema determinó que los agraviados no cumplieron dicha carga, por lo que existiría competencia de la víctima. Asimismo, del caso se tiene que los agraviados estaban en capacidad de acceder a la información y descifrar el contenido de dicha data con la finalidad de que puedan decidir de manera libre e informada, por lo que estos- a menos que se subsumen en el inciso 1 del artículo 196º-A del Código Penal o exista un acto que bloqueo el acceso de la información por parte de la procesa- tenían que cumplir con el deber mínimo de autotutela en el ingreso al mercado.

Sobre el acto de bloqueo, la Corte Suprema mencionó que, en caso de que, efectivamente, se hubiese dado, corresponde que el autor, en virtud del deber de veracidad, haga saber esa información a la víctima antes de que ésta efectúe la disposición.

La Corte Suprema concluye que a los agraviados, ante el incumplimiento de su deber de autoprotección, les corresponde que su afectación patrimonial les sea imputada a ellos mismos. Asimismo, los adquirentes agraviados no fueron diligentes, en la medida que no accedieron a información de los bienes contenida en los Registro, más aún cuando el esfuerzo para ingresar a los mismo es mínimo, por lo que la no se configura el engaño típico, pues la procesada no tenía el deber de veracidad respecto a los adquirentes.

Sobre lo mencionado anteriormente, la Corte hace una precisión importante sobre el delito de estafa perpetrado en el ámbito contractual, y en tal sentido, señala que, la estafa no deja de serlo cuando se dan las relaciones contractuales, pues si no es así, se estaría dando carta libre para eludir la pena. Asimismo, señala que la demarcación entre el delito de estafa y el incumplimiento de las obligaciones contractuales son acreditadas en la esfera de la tipicidad objetiva.

Por lo tanto, la Corte Suprema concluye que el engaño es un elemento que se presenta tanto en la estafa como en materia comercial. Y, en estos supuestos, el operador de justicia debe delimitar a quién corresponde la situación de error del agraviado; es decir, a quien correspondía la exigibilidad de dicha información: si era exigible que dicha información sea conocida por la víctima o si, por el contrario, era el autor quien debía otorgar. En el primer supuesto, no se configuraría el elemento del engaño típico del delito de estafa pues es de responsabilidad del agraviado la disminución de su patrimonio; y, en el segundo caso, sí se configuraría el engaño típico; por ende, la existencia del delito de estafa en atención a criterios objetivos.

En atención a todo lo mencionado, la Corte Suprema resolvió absolver a la procesada por no haberse acreditado la comisión del delito de estafa.

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