“Sistema penitenciario y corrupción: la evolución de pensamiento como el mejor sistema de prevención, detección y sanción”

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“Sistema penitenciario y corrupción: la evolución de pensamiento como el mejor sistema de prevención, detección y sanción”

“Denunciar la corrupción es echarse la lápida en la espalda”- Carlos Ortega

                                                                                               Aaron Emilio Aleman*

 

I. Introducción. –

La corrupción pública imperante al interior del sistema penitenciario de nuestro país en la actualidad, se explica a partir de la existencia de tres factores principales i) la política criminal vigente, ii) exiguos recursos públicos destinados al pago de salarios adecuados a los trabajadores y a la protección integral de los mismos iii) ausencia de control y seguimiento de las metas institucionales específicas.

En ese contexto, la utilidad del presente informe jurídico recae en demostrar cómo estas problemáticas se originan, por un lado, a raíz del absoluto desinterés y participación de la sociedad en las políticas públicas del sector penitenciario y, por otro lado, una cultura enraizada de tolerancia de la corrupción y la sensación de impunidad de estos delitos.

Es menester destacar que el análisis no se agotará en efectuar una descripción del panorama de la corrupción al interior de las cárceles bajo estos tres aspectos, sino que también se abordará las estrategias que conduzcan a prevenir, detectar y sancionar esto actos corruptos, a fin de que los futuros mecanismos públicos anti corrupción recojan e implementen las conclusiones obtenidas.

II. ¿Por qué la corrupción se luce y no se reduce?:

A) La política criminal en nuestro país.-

La política criminal de nuestro país, basada en el incremento exponencial de las penas y la limitación de los beneficios penitenciarios a la mayor parte de los delitos que sanciona nuestro código penal[1], no solo refleja la debilidad institucional y democrática en nuestro país – en tanto, se satisface el clamor popular al margen los fines que persigue la pena (tecnocracia)[2] – , sino que también conlleva a la creación de una necesidad en la vida de los reos: comprar formas de “libertad” .

En efecto, al colocárseles a estos sujetos en un contexto en el cual estarán privados de su libertad por un lapso de tiempo excesivamente extenso y, adicionalmente, exista una prohibición total sobre el acceso a los beneficios penitenciarios, proyecta en estos sujetos la necesidad de obtener a cualquier costo formas de poder satisfacer la sensación de libertad, tales como a) comunicarse ilimitadamente con personas del exterior (familiares, amigos, parejas sentimentales, etc), b) entretenimiento no autorizado (uso de televisores, computadoras, equipos de sonido, etc), c) visitas sexuales (contratos con damas de compañía o meretrices), d) compra de alcohol y cigarros, entre otros.

Para cubrir estas necesidades y, por ende, alcanzar esta sensación de “libertad”, los reos tienen que ofrecer beneficios indebidos a los funcionarios públicos que resguardan la protección de los centros penitenciarios (fundamentalmente, económico y sexual), para que así -ya sea por medio de la visita o de modo directo- se puedan ingresar ilícitamente todos los elementos antes descritos y, finalmente, puedan hacer disfrute de los mismos.

Como se advierte, solo se podrá producir este acto de corrupción si es que ante el ofrecimiento realizado (demanda de corrupción), el funcionario público acepta u ofrece dicho servicio ilegal (oferta de corrupción). En consecuencia, la concretización de este pacto solo se hará posible si es que existe: a) una precarización de los salarios y/o b) falta de protección y seguridad de los trabajadores[3].

B) Sueldos precarios y nula seguridad de los trabajadores.-

El sueldo aproximado que perciben los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fluctúa entre S/1800 y S/2300 Nuevos Soles, el cual es excesivamente bajo para poder cubrir todos los costos básicos que se requiere para llevar una vida digna, puesto que solo el gasto de alimentación y movilización demandan un 20% del sueldo percibido.

Es decir, los trabajadores del INPE se ubican en un contexto económico adverso, el cual torna prohibitivo llevar a cabo gastos por otros conceptos, como por ejemplo entretenimiento, vestimenta, educación, servicios, salud y ahorro. Todo lo cual permite que se generen mayores probabilidades de que el funcionario público finalmente acepte y ofrezca emprender el acto corrupto, pues este nuevo “ingreso” ilegal podrá dotarlo de recursos necesarios para acceder a estos bienes y servicios que legalmente no puede hacerlo.

Por tanto, desde la perspectiva del trabajador del INPE, se concibe a la corrupción como el nexo idóneo para poder satisfacer las necesidades excluidas por el sueldo que actualmente perciben, de tal modo que muchos de los trabajadores permanecen en la institución en vista de que conocen que pueden obtener mayores ganancias a raíz de la corrupción, coludiéndose así con las mafias al interior de las cárceles[4].

Por otra parte, los pocos trabajadores del INPE que opten por no sucumbir ante la tentación de acceder al beneficio indebido producto de la corrupción, realmente tampoco tienen un margen de decisión para que este fenómeno los termine involucrando tarde o temprano. Nos explicamos. El hecho de que estos buenos elementos, en un primer momento, se opongan férreamente a aceptar la dádiva o el soborno, no implica que luego sí lo hagan, ya que pueden doblegar su voluntad ante la falta de protección y seguridad a sus vidas y las de sus familiares[5].

Resulta lógico que el agente penitenciario que es amenazado y/o amedrantado a fin de que se perpetre el acto corrupto y no existe fuentes oficiales[6] que lo puedan proteger, finalmente este se vea forzado ya sea a amparar que se sigan perpetrando actos corruptos o, en el peor de los casos, convertirse en un agente corrupto más.

Siendo ello así, se cimentan las bases para que la corrupción se institucionalice al interior de los centros penitenciarios, puesto que no se presentarán averiguaciones o se formularan denuncias en lo que atañe al tráfico corrupto, porque por propia iniciativa de los agentes corruptos, a todo aquel – incluyéndose a los trabajadores del INPE probos– que denuncie estas actividades se les atentará contra su vida o la de sus familiares[7].

C) Ausencia de control y seguimiento de metas institucionales. –

Los planteamientos y metas institucionales elaboradas año tras año para alcanzar mayores índices de salubridad, infraestructura, deshacinamiento, alimentación y reducción de delitos promovidos desde el interior de los centros penitenciarios, no son verificadas al finalizar la gestión que lo promovió, a efectos de que se contraste los resultados obtenidos y, sobre todo, se analice los aspectos más vulnerables y urgentes de intervención.

Este contexto de falta de rendición de cuentas coadyuva a que los agentes corruptos puedan apropiarse de los fondos recibidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que tenían como destino el financiar y ejecutar estos proyectos, de tal modo que se sobrevaloran los costos, se desvían los fondos o, en el peor escenario, se crean costos inexistentes.

En otros términos, a pesar de que el presupuesto encomendado para el sector penitenciario es ínfimo, el mismo ni siquiera es íntegramente invertido en lo presupuestado, como por ejemplo, en la adquisición de bienes o servicios que colaboren a mejorar las condiciones de las cárceles en nuestro país.

En virtud a ello es que, actualmente, las cárceles en nuestro país, mantengan índices muy altos de enfermedades (tuberculosis, en especial), hacinamiento, drogadicción y, en definitiva, condiciones paupérrimas de vida ofrecidas a la población penitenciaria.

Lo antes mencionado, incluso ha conllevado a que el máximo intérprete de la constitución (Tribunal Constitucional) declarase el estado inconstitucional de las cárceles en nuestro país, en tanto se concluyo que había un espectro amplio de derechos vulnerados en agravio de la población penitenciaria porque existían severas deficiencias en la calidad de la infraestructura y servicios básicos a nivel nacional (sentencia N°05436-2014-HC/TC).

Sobre el particular, es de subrayarse que era indispensable que el Tribunal Constitucional centre su atención a explicar las razones – además de la existencia del populismo punitivo (fundamento jurídico N°94)– por la cual existen todos estos vejámenes, pues de esta manera se hubiera tenido la oportunidad de evidenciar cómo en este caso la corrupción pública desencadenó este caótico escenario, efectuando para ello un análisis en función a la vinculación de la corrupción y la violación de los derechos humanos[8].

A partir de todo lo antes señalado, se colige que todas estos estos espacios en los cuales se ha cimentado la corrupción dentro del sistema penitenciario, se debe, entre otras cosas, a la total indiferencia por parte de la sociedad en participar dentro de las decisiones públicas que involucran el futuro de la situación de la población penitenciaria y, por consiguiente, la permanencia y explícita complicidad hacia los padecimientos y flagelos a los cuales estos se veían inmersos durante su estancia en prisión.

Esta anuencia por parte de la sociedad además de anular las posibilidades de una discusión pública en torno a los fondos públicos sustraídos por parte de los funcionarios públicos en el INPE, simultáneamente genero que la corrupción pública se consolide a nivel nacional; esto debido a que, condujo a que la sociedad invisibilice por completo todo lo que esté relacionado con el sistema penitenciario, incluyendo desde luego a la corrupción dentro de la misma[9].

Eso último ocasionó que las víctimas de la corrupción (en especial, los funcionarios públicos honrados y reos con intención de resocializarse) perciban que la corrupción es impune y, por tanto, todos los esfuerzos para luchar contra ella son en vano, viéndose obligados a convivir con ella.

En otros términos, se transmitió el mensaje que los actos corruptos son parte del sistema penitenciario y si se desea sobrevivir dentro de la misma solo se tiene una opción: tolerar la corrupción y la impunidad. 

Así pues, se explica cómo en las cárceles de nuestro país los reos deben asumir los costos que, en principio, deben ser cubiertas por el propio Estado como lo son, la habitación, la comida y la seguridad. La propia existencia del denominado “taita” como líder del pabellón explica la corrupción dentro del sistema penitenciario, pues para que este ostente tal poder – el cual implica, en otros, el cobro de “cupos”[10] – demanda que haya llevado a cabo previamente acuerdos subrepticios con los funcionarios públicos, pues solo así podría operar todo un subsistema paralelo al interior de las cárceles peruanas.

A nuestro juicio, todos los estragos ocasionados por la corrupción pueden ser revertidos, si es que se implementa una reforma integral dentro del sistema penitenciario, entre las cuales se tengan como principios, la primacía de la realidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Por tal motivo, a continuación enunciaremos cuáles son los mecanismos que deben ser tomados en cuenta a la hora de llevarse a cabo este procedimiento de reforma integral del sistema penitenciario dentro de nuestro país.

III. ¡Cuando la corrupción es ley, la reforma es orden!

La primera reforma que consideremos urgente de realizar para lograr este objetivo se sitúa en el primer factor analizado líneas arriba: la política criminal en nuestro país.

Al respecto considero que es fundamental que el legislador incorpore en su análisis la valoración adecuada de la sanción a aplicarse en función a los fines que persigue la pena (esto es, equilibrio entre el desvalor de la acción y el castigo punitivo), toda vez que ello es trascendental para que, por un lado, se pueda disuadir a las personas de que no cometan determinado delito y, por otro lado, sea realmente excepcional la aplicación de prohibición de reducciones de las penas, puesto que las mismas contravienen el fin preventivo-especial instaurado en nuestra constitución, dado que compromete la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad[11].

Este último es el que nos interesa para efectos del presente informe, puesto que reducirá  significativamente los índices de corrupción al tener los reos mayores incentivos a participar en los programas de educación y trabajo para así obtener estos beneficios penitenciarios, lo cual ocupará no solo un mayor espacio de su día para realizar estas actividades, sino también fomentará un cambio tanto en su propia concepción de ser humano – le hará sentir útil para la sociedad –, sino también en su propio comportamiento, pues dejará gradualmente de involucrarse en los actos de corrupción, pues conoce que los mismos pueden privarlo de recibir estos beneficios penitenciarios de ser detectados[12].

Ahora bien, a nuestro criterio, lo antes señalado debe ir acompañado de la introducción de programas y/o servicios reglamentados para cubrir las necesidades de los reos que han sido reconocidas como elementales para tener una cercanía con la sensación de libertad, debido a que ello reducirá los posibles espacios de corrupción que actualmente son ocasionados con motivo a sus prohibiciones.

En efecto, si la necesidad de comunicarse es una manera por la cual los presos pueden encontrar tranquilidad mental y psicológica, pues les permite formar parte de la realidad actual de sus familias o amistades, lo que se debe hacer es instalar plataformas individuales (por ejemplo, celulares o tablets) a través de las cuales estos puedan sostener llamadas a un bajo costo y de modo regulado, para que así puedan comunicarse con personas que no presenten riesgos de alerta y todas las conversaciones sean registradas, como forma de prevención de nuevos delitos.

Esta técnica permitirá que la mayor parte de los reos puedan acceder a este servicio por un pago justo, lo cual destierra la posibilidad de alquilar celulares de manera ilícita, ya sea para cubrir estos fines y otros (perpetración de crímenes), lo cual facilita la identificación de los proveedores de este servicio – entre ellos, trabajadores públicos – para así poder sancionarlos por actos de corrupción.

En el mismo sentido, el entretenimiento puede también estar regulado y ofrecerse como un servicio complementario a bajo costo para que la mayoría de los internos puedan acceder al mismo, para que se lastre otra vía por la cual los agentes corruptos puedan emprender acuerdos ilícitos con los reos.

En la misma línea, el poder acceder a visitas sexuales reglamentadas, en las cuales solo se permita el ingreso a las damas de compañía y/o meretrices que ejerzan dicha profesión de manera ordenada por ley y plenamente voluntaria, permite que no solo se combata la corrupción, sino también la trata de personas.

La primera de ellas, puesto que no hay espacio para el pago de coimas a los funcionarios públicos corruptos para que se les deje ingresar ilícitamente a las cárceles a estas mujeres, mientras que la segunda de ellas puesto que solo se permitirá que realicen estos servicios a aquellas que sí lo hagan de manera voluntaria y no producto de una relación de poder en su contra, como actualmente viene ocurriendo[13].

Por último, siguiendo la misma lógica, al permitir el ingreso de alcohol y otras sustancias autorizadas por ley, reduce que haya contrabando al interior de las cárceles, el cual es posible porque los agentes corruptos aceptan un beneficio ilícito; de tal modo que, al poder comercializarse estos productos, ya no existirá la posibilidad de que se tenga que pagar esta “coima” al funcionario público.

En consecuencia, hasta aquí lo que se ha demostrado es que la corrupción se puede combatir frontalmente si se anulan los espacios en los que esta aparece debido a la prohibición irrestricta que se genera a partir de una política criminal que percibe a las cárceles meramente como un castigo para los reos. Esto, como ya se indicó, no solo vulnera los fines de la pena que rige dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sino que también se aparta de la realidad.

En ese sentido, coincidimos en que el Derecho no puede oponerse a la realidad[14], por tal motivo las estrategias políticas criminales y, en estricto, la ejecución de la pena debe adaptarse a la luz de los hechos que se suscitan en los centros penitenciarios, para que así se pueda satisfacer las necesidades que son dejadas de lado en perjuicio de los reos y, principalmente, reducir la demanda de corrupción a partir de la búsqueda de poder cubrir estas necesidades.

Ahora bien, no solo al reducir la demanda de corrupción se puede finiquitar este fenómeno, sino que también debe ocurrir lo mismo con la oferta, puesto que así desaparecen gradualmente los casos de corrupción en el sistema penitenciario. Por consiguiente, es totalmente necesario que se den aumentos de salario a los trabajadores del INPE y, sobre todo, se proteja su integridad y la de sus familiares.

Estas dos herramientas son indispensables para que la corrupción disminuya considerablemente, porque hará que no hayan incentivos perversos por parte de los funcionarios públicos de ofrecer o aceptar actos corruptos a los internos, pues no tendrán la necesidad económica de comercializar su función; de igual modo, permitirá que se inicien investigaciones y se responsabilicen a los agentes corruptos, ya que tendrán el respaldo institucional de que los actos corruptos son realmente sancionados y, sobre todo, no existan represalias a partir de efectuar esta labor que puedan significar la puesta en peligro de su propia vida y la de sus familiares.

Como se podrá advertir, estos mecanismos son apropiados para combatir la corrupción a un nivel pequeño o mediano, los cuales son sustanciales para frenar la mayor parte de casos en este sector, pues son estos los que se presentan en la vida cotidiana de los trabajadores del INPE y su relación con los reos. Sin embargo, las mismas deben ser engarzadas con un mecanismo que combate la gran corrupción dentro del sector penitenciario, ya que solo así se podrá pretender erradicar definitivamente este fenómeno.

La lucha contra la corrupción a nivel de gran corrupción, implica que, en primer lugar, se realice un estudio contable – financiero para conocer a ciencia cierta cuáles son los recursos actuales que dispone la institución, ello a fin de poder emprender dos acciones concretas.

La primera de ellas, consistente en analizar en que periodos de tiempo específicos se produjo el desfalco del erario público dentro de la administración y gestión de los recursos los centros penitenciarios y, por tanto, ser capaces de detectar quienes son los responsables de los actos de corrupción antes enumerados[15].

La segunda de ellas, dirigida a poder tener en claro la situación económica y financiera de las cárceles, para así poder solicitarse los fondos necesarios para que se empiece a gestar mega proyectos que permitan reducir progresivamente los índices nefastos de enfermedades, hacinamiento e infraestructura dentro del sistema penitenciario, para que de este modo el Estado pueda cumplir sus obligaciones internacionales con respecto a la relación de sujeción especial que mantiene con la población penitenciaria[16].

Es imprescindible que para que estas dos acciones surjan los efectos deseados se debe adecuar dentro de la política anticorrupción un sistema que permita monitorear los procesos de gestión clave y espacios de riesgos por los cuales empieza y expande los actos de corrupción, dado que ello se traducirá en el incremento de percepción de las oportunidades de detección de los actos corruptos, conllevando así que dentro del análisis costo/beneficio del agente corrupto continuar con dichas operaciones ilícitas sea insostenible.

En segundo lugar, y en sintonía con lo antes mencionado, se debe impulsar una cultura de rendición de cuentas en todas las gestiones dentro del sistema penitenciario a nivel nacional porque ello además de permitir corroborar el grado de cumplimiento de las metas trazadas – por medio de la cual se pueda evaluar la eficiencia y eficacia de los funcionarios públicos y, en ese sentido, renovar sus cargos o no –, también aumenta las oportunidades de detección de los actos corruptos, de tal modo que los agentes corruptos no podrán proseguir con estas actividades ilícitas[17].

En tercer lugar, y el más importante de todos, debe existir un cambio de cultura por parte de la población en general, para que no se conciba a las cárceles como una “jaula” en términos de Zaffaroni[18], sino en un lugar en donde residen seres humanos que están asumiendo su responsabilidad ante la sociedad por los crímenes que han cometido, pero que no se les puede volver a sancionar con tratos inhumanos, condiciones deplorables y, en definitiva, la anulación de toda probabilidad de poder reinsertarse a la sociedad.

Una vez que se produzca este cambio de visión, el cual requiere políticas públicas de sensibilización y educación para comprender que es un tema de interés público, será factible que se fortalezcan la protección hacia los derechos humanos de la población penitenciaria[19] y, como correlato de esto, se instalen mecanismos de participación ciudadana en los cuales se pueda exigir una rendición de cuentas claras a las acciones adoptadas por el gobierno, sobre tres áreas concretas :a) respeto y garantía de los derechos humanos de esta población, b) la disposición de los recursos para la cobertura de las metas institucionales y c) la reducción de los casos de corrupción al interior de los penales.

Las manifestaciones de este nuevo modelo podrán ser, entre otras, la exigencia de la creación de canales de denuncias de actos de corrupción, la creación de manuales de ética de la función de los trabadores del INPE y la renovación de portales webs de transparencia idóneos para que pueda haber una cautela aun mayor de las actividades que se realizan al interior del sistema penitenciario.

Todo ello permitirá poder otorgar mayor transparencia dentro del sistema penitenciario, disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos y, sobre todo, tener a los elementos más idóneos dentro del INPE, todo lo cual es necesario para combatir la corrupción.

IV. Conclusiones y Reflexiones Finales:

La política anticorrupción a implementarse dentro del sistema penitenciario debe empezar por la identificación de los principales factores por los cuales la corrupción impera actualmente dentro de las cárceles de nuestro país, en tanto ello le permitirá diseñar estrategias para prevenirla, detectarla y sancionarla.

Estas estrategias deben ser plenamente acordes y coherentes con la realidad que afrontan los trabajadores del INPE, los reos y la población en general, pues solo así se podrá abordar esta problemática desde estas distintas perspectivas, teniéndose un impacto altamente eficiente y eficaz, pues las mismas se complementan entre sí mismas.  

Por consiguiente, la política anticorrupción tendrá éxito si es que se toma en cuenta cada una de estas necesidades a satisfacerse, pues todas en conjunto le dotan del poder suficiente para poder cumplir el objetivo de luchar contra la corrupción y la impunidad. De no ser ello así, tendremos únicamente una política anticorrupción incompleta, insuficiente y defectuosa, la cual está destinada a fracasar.

El punto de partida contra la lucha de la corrupción y la más importante será el cambio dado por el dejar de concebir a las cárceles como meras jaulas, pues ello dará pie a que exista un rol de participación por parte de la población dentro de las políticas dentro del sistema penitenciario y, por ende, la misma no se convierta en un caldo de cultivo para la corrupción. Como dice el título, “la evolución de pensamiento es el mejor sistema de prevención, detección y sanción contra la corrupción”.

*El autor es Miembro del estudio jurídico Arbizu & Gamarra. Miembro del Programa de Segunda Especialidad en Derecho en Prevención y Control de la Corrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Director académico de la Asociación Civil Iter Criminis, adscrita a la PUCP. Adjunto de cátedra de los cursos Derecho Procesal Penal y Delitos contra la Administración Pública en la PUCP. 

[1] Medio para salvaguardar la protección de la ciudadanía, inspirada en una política de tolerancia cero.

[2] Alcale Sánchez, María (2017). “Balada Punitivista: Tambor, bombo y Platillo” en Revista de Derecho Penal N°25,pp 7-21.

[3] Es importante resaltar que la moral y la ética son valores que también se deben tener en cuenta para abordar las razones por las cuales el funcionario público acepta el medio corrupto, no obstante al ser estas de naturaleza abstracta, se ha optado por versar el análisis únicamente sobre estos dos motivos.

[4] “Las cárceles del país son convertidas en zonas liberadas manejadas por mafias de presos que actúan coludidas con un sector de la policía y los funcionarios de prisiones”.  Beatriz Jiminez (2010). “Las cárceles peruanas, entre la corrupción y el hacinamiento”. El Mundo. Lima, 2 de diciembre del 2010. Consulta 19 de julio del 2020.

<https://www.elmundo.es/america/2010/12/03/noticias/1291337386.html>

[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución N°1/17. Derechos Humanos y lucha contra la impunidad y corrupción, de fecha 12 de septiembre del 2017.

[6] La ley de la carrera especial pública penitenciaria (Ley N°29709), no regula un supuesto para la protección de su personal, así como tampoco la de sus familiares.

[7] Todo ello acarrea que el cargo de trabajador del INPE pueda ser asumido por las personas idóneas y capaces, motivo por el cual exista una vocación en la profesión y, por ende, haya un perfil ideal para ocupar este puesto de trabajo en el sector público.

[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución N°1/18. Derechos Humanos y corrupción, de fecha 2 de marzo del 2018.

[9] Esto último se reflejó recientemente ante el surgimiento de la pandemia global del COVID-19, en el cual la población estaba totalmente en oposición a que los reos puedan dejar las cárceles, aún cuando se conocía que eran una población altamente vulnerable ante el contagio de este virus.

[10] Rodríguez Fernández, Erick (2014). Criminialidad: jerarquía y poder de los reos sentenciados por homicidio calificado del penal el milagro.Tesis para optar por el título profesional de licenciado en antropología. Lima: Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales. 

[11] “El derecho penal sí persigue fines superiores, como lo es en el caso de pena, pues la misma detenta un fundamento constitucional de prevención especial positiva o la reeducación de los penados[11]. Milla Vásquez, Diana Gisellla (2012) “Los beneficios penitenciarios y el crimen organizado. El nuevo modelo penal de seguridad ciudadana en Iberoamérica”. ADPCP. Lima. 2012.Vol LXV, pp.325-363.

[12] Claro está que estas dos modificaciones solo tendrán éxito si existe una correcta labor de identificación, detección y sanción de los actos corruptos cometidos al interior de las cárceles, lo cual presupone, entonces, que los agentes del INPE no estén sometidos ante la corrupción y, por tanto, defiendan los intereses de la administración pública y no intereses particulares, lo cual será posible a partir del aumento de salario y la rendición de cuentas de la gestión, como veremos más adelante. No obstante, ahora corresponde seguir enunciando propuestas concretas a la política criminal en nuestro país.

[13] Montoya Vivanco, Yvan (2016). “El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultadas en la jurisprudencia peruana”. Derecho PUCP. Lima, N°76, pp.393-419.

[14] Cornejo Chávez, Héctor (1969). “Derecho y realidad social”. Derecho PUCP. Lima, pp.77-79.

[15] Los cuales, desde luego, son altos funcionarios público que ejercen el poder de decisión sobre las políticas internas en las cárceles.

[16] Ambas medidas, a su vez, deben estar circunscritas a un programa control y seguimiento, en atención al rango de nivel de peligro, pues así puede trasladarse mayores esfuerzos y recursos a las áreas asociadas con un nivel de riesgo elevado de corrupción, las cuales son las cuales ocasionan mayores pérdidas al erario público y, por consiguiente, impide se cumplan las metas institucionales en los ámbitos ya descritos.

[17] Resulta necesario aclarar que para que estos mecanismos contra la lucha con la corrupción tengan éxito es vital que los órganos que ejerzan el monitoreo y seguimiento, así como las que lleven a cabo la rendición de cuentas, sean autónomas e independientes – sobre todo, en lo económico –, sobre quienes recae dichas labores, pues de lo contrario los informes o resultados obtenidos serán parcializados y, en el peor escenario, fraudulentos, todo lo cual conduce a volver a un círculo vicioso de la corrupción.

[18] Zaffaroni, Eugenio Rául (2019). “La cuestión criminal”. Planeta.

[19] Palacios Guastar (2016) “Los derechos como límite al sistema carcelario en Colombia”. Derecho y Realidad, N°14, pp. 245-271.

 

 

 

 

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