¨LA INCAPACIDAD DEL LEGISLATIVO FRENTE A LOS ALTOS INDICES DE VIOLACIONES SEXUALES EN EL PAÍS ¨

 

 AUTOR:  AARON ALEMAN YACTAYO

Los abusos sexuales en nuestro país se vienen repitiendo desde hace ya buen tiempo, frente a la misma y mortal ecuación: las autoridades locales solo se interesan en solucionar un  problema social cuando lamentablemente ya es demasiado tarde para ayudar a muchas de las personas que lo han padecido. ¿Acaso no tenemos una cultura de prevención?

En el caso en concreto que nos trae a colación, la Comisión de Justicia del Congreso, solo luego de haberse hecho recientemente público la muerte de una menor de edad (11 años) ultrajada en el distrito de San Juan de Lurigancho es que ha emprendido un desplazamiento técnico para poder debatir el día martes 13 de Febrero en una sesión extraordinaria  las posibles modificaciones que se puedan realizar a nuestro vigente Código Penal con el propósito de que los casos de violación sexual en nuestro país disminuyan.

Ese día los miembros que conforman la Comisión de Justicia presidida por Salvador Heresi discutirán la viabilidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico alguno de los 15 proyectos de Ley elaborados entre los años 2016 y 2017 con respecto a  propuestas que pretenden erradicar los drásticos índices de violencia sexual que ubica al Perú en el segundo país a nivel mundial con mayores casos de violación sexual.

 Teniendo esto en cuenta algunos ciudadanos despistados o los que intencionalmente quieren serlo vociferaran que por lo menos el actual congreso está adoptando medidas eficientes y eficaces para sacar a nuestro país de estas alarmantes cifras, jactándose quizás que la mayor parte de los 15 proyectos de Ley antes mencionados han sido elaborados por el partido político que apoyan.

Sin embargo, un ciudadano informado es consciente que la sesión extraordinaria a llevarse a cabo brota únicamente como una precipitada respuesta del Congreso hacia una desazón coyuntural producida por el trágico caso que mencionamos al principio.

¡Ahí radica el problema! Como toda respuesta precipitada, ésta arrastra varios desperfectos. El principal de ellos es que la mayor parte de los 15 proyectos de Ley a discutirse adolecen de vicios materiales, ya que a pesar de encontrarnos en un  Estado Constitucional de Derecho transgreden abiertamente  nuestra Constitución Política de 1993 o algún Tratado internacional suscrito por nuestro país, mientras que el poco resto de ellos simplemente insisten en que una óptima solución es aumentar el quatum de la pena.

Ahora bien, antes de pasar a exponer nuestro punto de vista sobre las razones por las cuales consideramos que lo plasmado en la totalidad de los proyectos de ley es infructífero e inconstitucional, revisaremos cómo es que actualmente se encuentra tipificado el delito de violación sexual en mayores de edad y menores edad correspondientemente, así como también cual es el bien jurídico tutelado en ambos casos.

“Artículo 170°.- Violación sexual

El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años” (Énfasis Agregado)

 

“Artículo 173°.- Violación sexual de menor de edad

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:

  1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena perpetua.
  2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años (Énfasis Agregado)

 

Como bien se puede apreciar en ambos casos  lo que el legislador penal ha intentado prevalecer es que los comportamientos sexuales desarrollados dentro de nuestra sociedad se tornen con estrictas y absolutas condiciones en los que los intervinientes puedan ejercer su actividad sexual en libertad, a ello los juristas han denominado indemnidad sexual y es en la actualidad el bien jurídico protegido resguardado por estos dos delitos.

Siguiendo esta línea argumentativa es precisamente que el  Tribunal Constitucional a través de un  pleno jurisdiccional recaído  sentencia 00008-2012.PI/TC llegó a despenalizar las relaciones sexuales consentidas  con  menores  edad a partir de los 14 años a más, ya que consideró que a partir de esas edad los jóvenes pueden perfectamente expresar su libertad sexual.

Partiendo de estas premisas debemos analizar brevemente 3 de los proyectos de Ley que desde nuestra óptica solo tienen como afán ganar réditos electorales, pues bajo ninguna circunstancia podrían incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico, sin que ello conlleve en el mejor de los casos una drástica contradicción a doctrina consolidada con respecto a los fines de la pena establecidos en el Derecho penal y en el peor de los casos    una responsabilidad internacional para el Estado peruano por el incumplimiento de sus obligaciones. Es como ir a la guerra con pistolas que no tienen balas.

Para empezar,  el proyecto de Ley N°11164-2016 plantea que sea haga una modificación al artículo 80° de nuestro Código Penal de tal manera que sean imprescriptibles los delitos de libertad sexual, entre ellos incluidos los dos artículos que hemos citado previamente.

Nosotros convergemos en que este proyecto de ley atenta contra uno de los más importantes principios jurídicos y uno de los más trascendentales baluartes tanto a nivel social como económico dentro de un Estado: la seguridad jurídica.

Decimos esto en tanto concebimos que toda persona tiene derecho a poseer condiciones mínimas para que pueda tener una vida digna y eso no cabe duda debe garantizarlo el Estado peruano. En especial si el plazo legalmente establecido para iniciar la acción penal ha sido superado y hasta ese momento el posible violador no ha cometido ningún delito.

Es por esta razón que creemos firmemente que de adoptarse la imprescriptibilidad solo se evidenciaría una actitud meramente punitivita y garantista por parte de las Entidades Estatales, actitud que dicho ya ha sido desacreditado numerosamente por el Derecho Penal. ¡La cuestión es avanzar, no retroceder!

En segundo lugar, el proyecto de Ley N°2165-2017 propuesto por Fuerza Popular dictamina que se debe aumentar la pena a 25 años en caso se presente un agravante, teniendo como máximo argumento en su exposición de motivos que con ello habría un mayor efecto persuasivo en la población.  ¿Esa es la gran solución? Claro que no.

Creemos que es un nefasto error incrementar el quantum de la pena porque ello no cumple realmente los fines de la pena establecida dentro de nuestro sistema jurídico, hacemos referencia al preventivo y el resocializador.

El primero de ellos, en vista a que en este tipo de delitos el agresor no tendría en cuenta a la hora de cometer la posibilidad de que puede ir a prisión 25 años como máximo y ya no 18 como era antes, en realidad esos años de diferencia no cumplen el efecto disuasivo que se busca alcanzar.

El segundo de ellos, no se llega a cumplir a cabalidad puesto que al incrementarse la pena se le arrebataría casi por completo la posibilidad de volverse a incorporarse a la sociedad como un sujeto nuevo, en especial si tenemos en cuenta las condiciones en las que se encuentran actualmente nuestro decadente sistema penitenciario.

Por último, existe un proyecto de Ley efectuado por Karla Schaefer (Fuerza Popular) que nosotros catalogamos como populista en tanto que propone se aplique la pena muerte en caso de violación sexual en menores de 7 años incluso cuando se conoce de antemano que existen impedimentos a nivel nacional e internacional que hacen imposible su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico.

Para empezar, este proyecto de Ley busca modificar el artículo 140° de nuestra Carta Magna sin prestar atención a que hay instrumentos legales internacionales de los que el Perú es parte y se prescribe la pena de muerte, en específico hacemos referencia al artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”) que a la postre dice lo siguiente:

 

“Artículo 4.  Derecho a la Vida

  1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
  2. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido” (Subrayado Nuestros).

Es por esta razón que el Estado peruano se encuentra impedido de incorporar este proyecto de Ley en particular, ello claro está si quiere respetar sus obligaciones internacionales asumidas y no desencadenar las nefastas consecuencias que significaría desobedecer este tratado internacional. 

Como abran podido notar, a lo largo de este artículo solo he puesto en evidencia que en realidad no existe ninguna clase de intereses por parte de las autoridades en que cesen este tipo de delitos en nuestro país, pues ninguno de estos proyectos de ley son viables para solucionar el problema que nos aqueja  y lo peor de todo es que ello ya lo deben de saber de antemano. Me cuesta creer que la realidad sea tan cruda, pero me atrevo a decir a que el día 13 de Febrero los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso solo cumplirán un simple formalismo, así que “debatirán” y finalmente se tomaran una foto de recuerdo que saldrá al próximo día en los diarios de mayor circulación, mientras tanto el problema sigue latente y nadie hace nada para combatirlo.

Desde acá una vez más alzamos la voz e invitamos a nuestros lectores a hacer lo mismo para que de esta manera hechos como el ocurrido la semana pasada no vuelvan a ocurrir ¡REPUDIAMOS ESOS ACTOS!

Nosotros como ciudadanos y futuros profesionales del Derecho debemos luchar para que estos hechos nunca más sucedan y ello solo se hará posible a través de la educación, la concientización masiva y políticas públicas de prevención a nivel nacional que deben ser desarrolladas de manera coordinada por las distintitas entidades gubernamentales.

 

 

07/02/2018

#OPINIÓN JURÍDICA ¨LA INCAPACIDAD DEL LEGISLATIVO FRENTE A LOS ALTOS INDICES DE VIOLACIONES SEXUALES EN EL PAÍS ¨

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13/05/2014

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