“Una batalla perdida y una guerra por ganar: El rol especial de garantía del Estado peruano y las cárceles del Perú en el Estado de Emergencia (COVID-19)”

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“Una batalla perdida y una guerra por ganar: El rol especial de garantía del Estado peruano y las cárceles del Perú en el Estado de Emergencia (COVID-19)”

  1. Introducción

“Una batalla perdida”. Año tras año hemos sido testigos de la indiferencia social y la sistemática vulneración a los derechos humanos en los centros penitenciarios en agravio de los reclusos. A pesar de la gravedad del asunto, la discusión fue dejada de lado y, por el contrario, se normalizo la problemática. Nos dimos por vencidos en una batalla que nunca afrontamos, siempre la evadimos.  

“Una guerra por ganar”. Paradójicamente, el contexto actual protagonizado por el coronavirus (en adelante, COVID-19), hizo inevitable volcar la mirada sobre esta población, a la cual le habíamos dado la espalda. Los estragos del mega hacinamiento provocado deliberadamente son ahora más que evidentes, mayor es la probabilidad de contagio y, a su vez, es alto el índice de muertes. Así, se presenta una oportunidad para que el Estado pueda adoptar medidas urgentes con la finalidad de proteger a esta población altamente vulnerable, y de esta forma poder reivindicarse. Esta vez iremos a una guerra en la que está prohibido perder.

Como bien se sabe, esta pandemia global ha propiciado la preocupación de los diversos gobiernos a nivel mundial por este sector de la población. El Perú no ha sido la excepción y así, en estas últimas semanas, hemos advertido la publicación de Decretos Supremos que tienen como fin el contrarrestar el problema de la sobrepoblación penitenciaria. Ante ello, nos surge la siguiente interrogante: ¿estamos yendo por un buen camino?

Precisamente esta pregunta es la que motiva el presente trabajo de investigación, el cual tiene como principales objetivos i) exponer la situación, en la que se encuentra, actualmente, la población penitenciaria en nuestro país; ii) analizar los riesgos y posibles consecuencias que la propagación del virus COVID-19 tendrá en las personas privadas de su libertad y finalmente iii) examinar y comentar las propuestas de solución analizadas tanto a nivel nacional como internacional.

De este modo, en primer lugar, se analizará el contexto actual de los centros penitenciarios, precisando información estadística sobre la realidad en los penales; así como, se exhibirá casos concretos que la ejemplifican en el contexto del COVID-19. 

En segundo lugar, analizaremos los riesgos y posibles consecuencias de la expansión del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios. Para ello, primero, se realizará un breve recuento de los factores que nos llevaron al actual contexto de hacinamiento en penales. Acto seguido, se pondrá en evidencia la vulneración de derechos humanos en los establecimientos penitenciarios, contrastando ello con las recomendaciones brindadas por la CIDH y la Defensoría del Pueblo, y comentando además los posibles futuros episodios a los cuales esta situación nos podrá conducir. 

En tercer lugar, se analizarán las diversas medidas de solución propuestas. Primero, se examinará la política criminal implementada a nivel internacional. Luego, expondremos los alcances de las medias propuestas y los Decretos Supremos recientemente publicados en nuestro país. Finalmente, nos pronunciaremos con respecto a la efectividad de la aplicación de las diversas propuestas enunciadas, y brindaremos algunas medidas de solución que puedan contribuir a contrarrestar los impactos nocivos de este virus dentro de los recintos penitenciarios. 

El hacinamiento y el mega hacinamiento ¿Somos conscientes de su magnitud?

De acuerdo a los reportes estadísticos elaborados por el Instituto Nacional Penitenciario (en adelante, INPE), si bien las cárceles peruanas cuentan con una capacidad total de albergue de 40 mil 137 reos, a fines del año 2019 la población penitenciaria (en adelante, POPE) ascendió a 95 mil 548[1]. Tal como la misma fuente expone, ello significa que, actualmente, nuestras cárceles se encuentran pobladas al 238% del total de su capacidad. 

Si bien la realidad nos muestra que, año tras año, la POPE crece de manera exponencial, escasas han sido las medidas estatales dirigidas a contrarrestar el hacinamiento en penales. Basta hacer referencia al caso del establecimiento penitenciario de Chanchamayo, el cual posee una sobrepoblación de 538%; es decir, un mega hacinamiento. 

En el actual contexto mundial, protagonizado por la pandemia del COVID-19, esta grave situación cobra especial importancia. El impacto de la propagación de este virus, en los penales, tiene un efecto multiplicador en relación al espacio/habitante del recinto penitenciario, en tanto no existe posibilidad alguna de respetar siquiera el distanciamiento social obligatorio. 

En ese sentido, resulta ser de vital importancia conocer y analizar el porcentaje de la POPE más vulnerable a las consecuencias del virus. Así, exponemos que, acorde con los datos estadísticos publicados por el INPE, del total de población penitenciaria peruana, 4 mil 761 reos (aproximadamente el 5% del total) superan los 60 años.  Por su parte, tal como expone Stefano Corzo Vargas, Investigador del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), en la actualidad 13 575 reclusos, es decir, aproximadamente el 14% de la POPE total, sufren de graves afecciones de salud, tales como VIH y TBC[2]

En síntesis, la combinación de hacinamiento, población vulnerable y COVID-19 en las cárceles puede desencadenar una ola de muertes nunca antes vista, situación que no solo afectará a los reos, sino también a quienes resguardan y laboran en dichos establecimientos; es decir, aproximadamente 11.000 agentes del INPE. Lo referido anteriormente, ya viene presentándose en la realidad, pues hasta ahora se ha confirmado el contagio de 13 agentes y 500 internos[3].

¿Qué está pasando en las cárceles de nuestro país? 

La realidad señalada, anteriormente sobre el problema del mega hacinamiento, ha tenido como principal consecuencia, en el contexto del COVID-19, que se inicien motines dentro de las cárceles peruanas, propiciados por reclusos que exigen que se respeten sus derechos a la vida, salud e integridad. A continuación, se relatará de manera breve, algunas protestas carcelarias originadas desde que se decretó el estado de emergencia nacional: 

  • Centro Penitenciario de Piura (ex Río Seco): A solo días de la declaración del Estado de Emergencia Nacional, el INPE informó que los internos de los pabellones A, B, C y D se amotinaron, para evitar ingresar a sus celdas por temor al posible contagio del nuevo Coronavirus[4].  Casi un mes después, el 14 de abril, se informó de la muerte de un reo de 81 años por COVID-19[5]


  • Centro Penitenciario de Chiclayo (Picsi): El 17 de abril los medios de comunicación informaron sobre el amotinamiento de los internos del penal de Picsi, que se produjo luego de la muerte de un interno, presuntamente, a raíz del Coronavirus. El reclamo consistió en que se les brinde pronta atención, ya que varios de los reclusos presentarían síntomas del nuevo virus[6]. El miedo de los reos es la posible ola de muertes que se generaría, pues tal como señaló el jefe del Instituto Nacional del INPE, hace unos meses, hay 416 internos con TBC, por el hacinamiento que existe en las celdas de este centro penitenciario[7].

  • Centro Penitenciario de Trujillo (El Milagro): El 23 de marzo, los reos provocaron una gresca entre ellos mismos, ya que habría un sector que se oponía a las visitas por miedo a posibles contagios de COVID-19, mientras que otro sector estaban a favor de seguir recibiendo visitas. Posteriormente, el 17 de abril hubo otro motín para demandar una mejor atención ante presuntos casos de COVID-19, lo cual que trajo como consecuencia la muerte de dos internos y un herido[8].

Como se puede observar, estos motines tienen en común el miedo de la POPE de contagiarse, miedo que se genera por las nocivas consecuencias del hacinamiento sostenido dentro de los centros penitenciarios.

Lamentablemente, este miedo sí es fundado, puesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) – en la guía provisional del 15 de marzo del presente año – indicó que existe un índice de 20% de probabilidades de que la persona que contraiga el virus se enferme gravemente y pueda presentar cuadros respiratorios de cuidado clínico; siendo que los adultos mayores, las personas con presión arterial y las personas con problemas cardíacos o diabetes son los más propensos a desarrollar las enfermedades más graves del coronavirus.

¿Cómo llegamos a esto?

Podemos responder esta interrogante con la siguiente frase: “Cosechas lo que siembras”. 

En nuestro país, la siembra se basó en el aumento sistemático de las penas, la aplicación indiscriminada de las medidas de coerción personal, la exclusión a beneficios penitenciarios y, recientemente, en las deficiencias en la aplicación de medidas alternativas de las penas. En definitiva, se vio motivado en una espiral de odio y venganza (castigo) sin límite. 

Lógicamente, la cosecha no pudo ser otra que el crecimiento de la POPE. Y es que, al momento de que la detención preliminar y la prisión preventiva se convirtieron en regla – legitimada, por supuesto, por la influencia mediática (tecnocracia) – no tardó mucho para que la totalidad de las cárceles concentre, en su gran mayoría, a personas con una situación jurídica de procesados y/o investigados, más no de sentenciados, aun cuando ello constituye un grave atentado contra los derechos fundamentales a la libertad y a la presunción de inocencia.

El mismo efecto tuvo la limitación de los beneficios de semi-libertad o libertad condicional únicamente al 20% de los delitos tipificados en nuestro Código Penal, dejando de lado al 80% de los delitos fuera de la aplicación de este beneficio. Ello tuvo como consecuencia que la gran mayoría de reos, pese a cumplir con los requisitos establecidos para acceder a estos beneficios penitenciarios, como el acreditar un certificado de buen comportamiento, se vean obligados a permanecer en las celdas, durante todo el tiempo que dure su sentencia; en otras palabras, en una “jaula”, como lo indicaba Alcale Sanchez, citando a Zaffaroni[9].

Como si no fuera poco, la aplicación de medidas alternativas de las penas nunca estuvo presentes como siquiera una opción en beneficio de esta población. De este modo, a pesar de existir, por ejemplo, el programa de vigilancia electrónica personal (VEP), a partir del cual se puede emplear grilletes electrónicos con GPS, para custodiar la libertad del individuo, el mismo es empleado de manera totalmente insuficiente (23 casos); pese a que, se conoce que su uso podría significar el cambio sustancial de la vida tanto del reo, quienes se ven sometidos a las afectaciones de sus derechos durante su estancia en los centros penitenciarios, como la de su familia.

Vulneración de Derechos Humanos

La actual pandemia del COVID-19 afecta a toda la sociedad en general; sin embargo, la afectación se acentúa en las personas y poblaciones en situación de especial vulnerabilidad, como lo son las personas privadas de su libertad. 

Resulta esencial precisar que, tal como se ha señalado jurisprudencialmente, este colectivo, a pesar de encontrarse privado de su libertad, no ve suspendidos o restringidos sus derechos a la salud e integridad, sino que los mismos son objeto de protección por parte del Estado, el cual tiene la obligación de desarrollar acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud[10].

En tal sentido, en el contexto de crisis generado, por la propagación del COVID-19, tanto en el ámbito internacional como nacional, se han emitido una serie de recomendaciones y estándares que los Estados podrían adoptar para la población carcelaria. 

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) ha emitido la Resolución Nº 1/2020[11], a través de la cual exhorta a los Estados que las medidas que adopten, en el contexto de la actual pandemia, tengan como núcleo el respeto de los derechos humanos. 

Entre las recomendaciones dadas por la CIDH para enfrentar el hacinamiento carcelario, se encuentra la reevaluación de los casos de prisión preventiva, con la finalidad de adoptar medidas alternativas a la privación de libertad, en el caso que corresponda, dando preferencia a la población con mayor riesgo de salud ante la posibilidad de contagio del COVID-19. Además, recomienda a los Estado garantizar la evaluación de solicitudes de beneficios carcelarios. Por su parte, en el caso de personas que hayan sido sentenciadas por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, la CIDH aconseja que los Estados realicen un análisis más profundo y contemplen requisitos más rigurosos, siempre con apego al al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.

En el ámbito nacional. la Defensoría del Pueblo ha emitido la Serie de Informes Especiales N° 003-2020[12], mediante la cual aborda el tema de la situación de las personas privadas de libertad, a propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria. En el mismo, y dentro del apartado de “Conclusiones y recomendaciones”, resalta la promulgación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, el cual transfiere S/ 10 000 000.00 a favor del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, considera que la referida cifra es deficiente teniendo en cuenta la situación de carencia que presentan los centros penitenciarios en materia de salud e infraestructura. En esa línea, consideramos relevante señalar las siguientes recomendaciones dadas por la entidad:

  • Que se incremente el personal concerniente al rubro de salud, entre los que se encuentran médicos, enfermeras y técnicos, en centros penitenciarios y centros juveniles. 
  • Que se garantice que todas las personas que se encuentran en los centros penitenciarios, cuenten, por lo menos, con un médico. Siendo que en el caso de las cárceles de mujeres con niños, deberá garantizarse un/a pediatra. 
  • Que, en atención al contexto de la emergencia producida por el COVID-19, esta exige la necesidad de evaluar y poner en funcionamiento mecanismos que permitan reducir, con rapidez, el número de personas privadas de libertad. En ese sentido, dichas medidas deberán ser evaluadas, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, enfocándose con prioridad sobre las personas más vulnerables al COVID-19.
  • Que, es necesario que se otorgue al personal penitenciario y de Centros Juveniles una compensación económica extraordinaria. Asimismo, señala que debe apoyarse a los mismos con la dotación de víveres y productos de primera necesidad.

En base a lo antes expuesto, no cabe duda alguna que se deben implementar medidas recogiendo estos postulados. No obstante, es menester indicar que cualquiera fuese la política criminal adoptada, esta no puede prescindir del análisis caso por caso. Así, será necesario evaluar el grado de afectación al bien jurídico lesionado por el delito imputado, el daño a la sociedad en base a la conducta, la duración de la pena privativa de la libertad y, principalmente, la situación de a la víctima. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto señalaremos cuáles han sido las decisiones acogidas por los gobiernos de distintos países a nivel internacional y, en particular, en el nuestro.

  1. Propuesta de política criminal a nivel nacional e internacional 

La rápida expansión del virus y su llegada a los centros penitenciarios ha ocasionado que los Gobiernos, a nivel mundial, adopten medidas para contrarrestar y prevenir el contagio del COVID-19, ya que los altos índices de sobrepoblación y hacinamiento, y las deficiencias en sus sistemas de salud e infraestructura vuelven a las cárceles en auténticos focos infecciosos.  En este punto, se busca dar un panorama general de las políticas criminales que están siendo aplicadas en determinados países y enfocarnos, principalmente, en las medidas acogidas en nuestro país.

Por un lado, en el continente europeo, resulta interesante ver qué soluciones han tomado los países que han sido fuertemente afectados por la pandemia. Italia, país que llegó a convertirse en foco de la epidemia, ha incluido en su decreto “Cura Italia” la posibilidad de dar arresto domiciliario a los reclusos a los cuales les quede menos de 18 meses para cumplir su condena, y para aquellos que tengan que cumplir una pena, entre 7 y 18 meses, la posibilidad del uso del brazalete electrónico (salvo para ciertos delitos)[13]. España, otro de los países gravemente afectado por el COVID-19, ha dispuesto que los internos de tercer grado y los que tengan un régimen de semilibertad podrán cumplir su condena por arresto domiciliario, y que estos serán monitoreados por llamadas telefónicas o visitas aleatorias[14].

A continuación, se abordarán las medidas más resaltantes que los países del continente americano han adoptado. En EEUU, las políticas varían según el condado, pero varios de estos han optado por liberar a presos a quienes les quedaba 30 días de condena y la disminución de la cantidad de arrestos[15]. Asimismo, el Procurador General del país ordenó a la Agencia Federal de Prisiones el uso del confinamiento domiciliario para los reclusos que cumplan determinadas características. Por su parte, México ha dispuesto la aprobación de la Ley de Amnistía, cuyo efecto es la extinción de la acción penal y la sanción impuesta. En dicha ley, se explica quién puede solicitarla y qué tipo de delitos están incluidos[16]. En Colombia, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo N°546, por medio de la cual se podrá sustituir penas de prisión y medidas de aseguramiento de detención, en los centros penitenciarios, por prisión y detenciones domiciliarias transitorias para los presos más vulnerables, cuyo término de duración sería 6 meses[17]

En Chile, se promulgó la Ley N° 21 228, la cual concede un indulto general conmutativo, de modo que se permitirá intercambiar la pena privativa de libertad por una pena de arresto domiciliario, siendo los principales beneficiarios adultos mayores, mujeres embarazadas y población en riesgo[18]

Enfocándonos en Perú, el gobierno ha optado por promulgar el Decreto Legislativo N° 1459, que regula la conversión automática de la pena para los reos que se encuentran sentenciados por el delito de omisión de asistencia familiar, quienes podrán salir de prisión automáticamente cuando se realice el pago íntegro de la reparación civil y la deuda alimenticia acumulada hasta dicho momento. 

Asimismo, el 23 de abril se promulgó el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS que regula los indultos presidenciales (comunes y humanitarios) y la conmutación de penas. Cabe resaltar que su vigencia es excepcional y temporal. Respecto a los supuestos de indulto humanitario, el mismo se encuentra dirigido a internos e internas que padezcan enfermedades crónicas, ya sea en etapa avanzada o aquellas que sean vulnerable al contagio del virus. En lo referente al indulto común y la conmutación de penas, este está dirigido a la siguiente población penitenciaria: i) madres que permanezcan con su niño o niña en el centro penitenciario, ii) a las que se encuentran en periodo de gestación, iii) aquellos cuya condena se cumpla en los próximos seis meses, iv) aquellos cuya pena efectiva no sea mayor de cuatro años y v) aquellos que sean mayores de 60 años. Asimismo, de manera concurrente a lo anterior, se debe cumplir con tener la condición de primario, no registrar condena por otros delitos y/o no registrar medida de detención; así como, no contar con prohibición expresa. A ello agregado que no procederá si han sido sentenciados por los delitos establecidos en el Libro Segundo, Parte Especial del Código Penal y leyes especiales.

A partir de todo lo señalado, podemos evidenciar que diversos países, con la finalidad de descongestionar los centros penitenciarios, están optando principalmente por dos medidas: por un lado, la conmutación de penas (cambiar temporalmente la pena privativa de libertad por una pena de arresto domiciliario), y por otro, otorgar indultos (perdón de las penas, extingue la acción penal y la sanción impuesta).

Soluciones a nuestra realidad

Ahora, es momento de aplicar soluciones. Si bien las propuestas sobre el tema son, tal como se ha podido apreciar, bastante interesantes, es necesario adecuarlas a nuestra realidad nacional. Así, precisamos que, buscar e implementar soluciones en nuestro país, dada la situación actual ya expuesta, es una labor sumamente urgente e importante.

Ante todo, consideramos fundamental delimitar de manera adecuada el grupo de reclusos, al cual se aplicarán las medidas con prioridad. Así, estimamos pertinente lo establecido en el Decreto Supremo 004-202-JUS, en tanto nos encontramos de acuerdo con focalizar las propuestas de solución al grupo más vulnerable, es decir, al conformado por personas mayores, población con enfermedades crónicas y mujeres gestantes. 

Sin embargo, discrepamos con lo señalado en el Decreto Supremo acerca de la no aplicación de estas medidas a las personas procesadas por delitos graves (delitos con un mínimo de pena de 4 años), ya que, siguiendo la recomendación de la CIDH, en los casos de aquellas personas que han sido condenada por delitos graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, las evaluaciones deberían contemplar un análisis y requerimientos más rigurosos, más no negar de plano las solicitudes. 

Por su parte, para la aplicación de los beneficios penitenciarios, consideramos factores importantes a evaluar el hecho de haber ostentado un comportamiento adecuado dentro de las instalaciones penitenciarias, expresadas en la ausencia de sanciones disciplinarias y la comisión de nuevos delitos (criterio subjetivo). Asimismo, opinamos que es pertinente considerar que existen altas probabilidades de reinserción a la sociedad, teniendo en cuenta la participación del recluso (a evaluar) en actividades socio educativas, durante su estancia en el penal; así como, sus oportunidades reales e individuales de conseguir un empleo y poder retornar a una situación, en la que no se hagan propicias las circunstancias para volver a cometer el mismo delito y/o uno análogo. 

Asimismo, ponemos a discusión la propuesta realizada por la CIDH concerniente a la posibilidad de considerar, en la aplicación de las medidas, al grupo de personas de la Población Penitenciaria con prisión preventiva, es decir, aún no sentenciada e inocente ante la ley. Esta, según los reportes estadísticos elaborados por el INPE[19], a fines de diciembre del 2019 ascendió al 36% del total de la POPE, es decir, a 34 mil 879 reclusos, un porcentaje sumamente importante. Cabe precisar que, además, en estos casos consideramos fundamental analizar la gravedad del delito, por el cual los reclusos a evaluar se encuentran siendo procesados.

Teniendo como base todo mencionado, procederemos a exponer las propuestas de solución que, a nuestro criterio, serían las más adecuadas a aplicar en nuestro país. 

En primer lugar, consideramos que aplicar indultos, tomando en consideración los factores previamente explicados, es una medida justificada y ampliamente aplicable a nuestro contexto. En ese sentido, no posicionamos a favor de la aplicación de medidas tales como la adoptada en el Decreto Supremo 004-2020-JUS[20]. Estimamos que sería necesario implementarla, dado el peligro de la rápida expansión del virus, lo más pronto posible.

Con respecto a la publicación del Decreto Supremo citado, consideramos necesario valorar positivamente el haber tomado previsiones, con enfoque de género en el mismo, pues en este se menciona expresamente que los delitos cometidos contra la mujer e integrantes del grupo familiar vulnerable no podrán acceder a este tipo de beneficios. Consideramos dicha precisión adecuada y necesaria, en tanto no estimamos posible que los perpetradores de tales delitos se reintegren al hogar familiar de la víctima . 

En segundo lugar, con respecto a la medida adoptada en nuestro país que tiene como fin liberar a los sentenciados por omisión de asistencia familiar, en tanto realicen el pago de su deuda exponemos lo siguiente: si bien consideramos que el fin de la medida es positivo, esta podría encontrar algunos problemas en su aplicación. En nuestra opinión, en el actual contexto, resulta sumamente complicado, para los sentenciados, contar con recursos económicos suficientes para realizar el pago de la deuda. 

Ahora, con respecto a la aplicación de las propuestas adoptadas por ambos Decretos, consideramos esencial el tener en consideración la implementación de ciertas medidas para evitar la propagación del virus. Ciertamente, es adecuada la medida contemplada en el Decreto Supremo 004-2020-JUS que consiste en realizar pruebas de COVID-19 previa excarcelación. Sin embargo, exponemos que, además de ello, se deben tener en cuenta dos factores importantes: el primero de ellos es el tipo de prueba a utilizar, la cual, a nuestra opinión, debería ser la prueba molecular, en tanto su efectividad es la más alta. El segundo factor a considerar es el precisar que las propuestas deben ir acompañadas de medidas de aislamiento obligatorio de 14 días, como mínimo, para los reclusos que salgan en libertad, pues aunque la efectividad de las pruebas antes mencionada es alta, no es infalible.

Por último, consideramos aplicable a nuestro contexto implementar medidas alternativas a la pena privativa de libertad, tales como el arresto domiciliario. Precisamos esta opción como idónea para reducir el hacinamiento en centros penitenciarios. Consideramos que la aplicación de esta medida es acorde al principio de necesidad y mínima intervención; así como, al principio de subsidiariedad del Derecho Penal, los cuales serían conformes, ante la sanción a implementar a delitos de baja gravedad, a la aplicación medios de control menos lesivos. 

En suma, exponemos que existen diversas propuestas para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, consideramos que su aplicación no puede ser automática, y que se debe analizar con precisión el caso concreto y el contexto nacional. Solo de esta manera se asegurará que la aplicación de estas medidas sea efectiva y coherente con los principios y normas nacionales.

 Conclusiones y Reflexiones Finales

A tenor de lo antes expuesto, se concluye que en la actualidad nuestro país padece de una profunda crisis dentro del sistema persecutorio penal, y que la política criminal empleada es inadecuada; puesto que, en lugar de perseguir la reinserción social del reo, se pretende volver a castigar al condenado por el delito cometido. Esto se evidencia en la escasa aplicación de beneficios penitenciarios y la deficiente aplicación de medidas alternativas de penas, como la prisión domiciliaria o el uso de grilletes electrónicos. También se ve reflejado en el aumento excesivo de las penas y en el uso indiscriminado de la prisión preventiva, a pesar que este debería ser un recurso excepcional.

Consideramos que esta forma de proceder ha sido ineficaz y totalmente nefasta, dado que, como se ha podido comprobar, ha generado que la situación que afrontan los presos, en el Perú actualmente sea incompatible con la protección que debe brindar el Estado a los derechos fundamentales de la persona. Una muestra clara que refleja esa situación es el alto grado de hacinamiento en las cárceles y en el hecho de que un porcentaje de ellos padezca de enfermedades crónicas. Como se podía anticipar, la llegada del COVID-19 al Perú iba a traer graves consecuencias a la población penitenciaria, debido a las precarias condiciones de subsistencia que sufren. Ello, lamentablemente, ya se ha evidenciado en los 500 casos de contagios en los penales, en los contagios que sufrieron algunos trabajadores penitenciarios, y en los motines realizados en diversos centros penitenciarios en nuestro país.

Para brindar una propuesta adecuada a la problemática largamente explicada en el presente artículo, revisamos las recomendaciones brindadas por la Corte IDH y la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, una de las principales recomendaciones que podemos extraer es la necesidad de reevaluar los casos de las personas con prisión preventiva. Por otro lado, examinamos las medidas adoptadas por diversos países que enfrentan problemas similares al nuestro, en ese sentido, algunas propuestas interesantes son el arresto domiciliario y el indulto. En ambos casos, para la aplicación de estas medidas, los diversos ordenamientos jurídicos proponen realizan una evaluación teniendo en cuenta el tiempo que le falta a la persona para cumplir su condena y sus condiciones de especial vulnerabilidad.

Estamos parcialmente de acuerdo con la reciente medida adoptada por el gobierno peruano para afrontar la situación de los presos en nuestro país: el Decreto Supremo 004-202-JUS, que propone aplicar, a presos que reúnan ciertas condiciones, un indulto o una conmutación de penas. En ese sentido, nos encontramos a favor del hecho de que se tome en cuenta la situación de especial vulnerabilidad que pueden tener determinadas personas que se encuentran en las prisiones, por ejemplo, los que padecen enfermedades crónicas o las madres gestantes. No obstante, nos encontramos en contra de la exclusión de los sentenciados por delitos con una pena mayor a 4 años (considerados como delitos graves) de la posibilidad de acceder a las medidas del Decreto Supremo 004-202-JUS. Ello en tanto nos alineamos a la postura adoptada por la Corte IDH, la cual si bien señala que en estos casos el análisis para aplicar un potencial beneficio penitenciario debe ser más riguroso, no descarta dicha posibilidad.

Asimismo, sostenemos que la aplicación de estas medidas debe tener en cuenta factores como el adecuado comportamiento del preso. Además, consideramos importante evaluar la situación del amplio porcentaje de población penitenciaria con prisión preventiva, en cuyo caso se debe tener en cuenta la gravedad del delito por el que está siendo procesado el sujeto.

A pesar de las graves consecuencias que ha traído la llegada del COVID-19 a nuestro país, y la situación especialmente riesgosa que puede afrontar nuestra población penitenciaria, consideramos que esta es una oportunidad para que el Estado revierta la actuación que ha tenido con respecto a este segmento de la sociedad. Es hora de plantear medidas que no solo tengan como fin combatir la coyuntura actual, sino que impliquen un cambio de paradigma con respecto al tratamiento que reciben los presos de nuestro país. Esa es la guerra que debemos ganar.

[1]  https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html

[2]  https://idl.org.pe/el-espejo-concavo-sobre-el-coronavirus-y-las-prisiones/#_ftn5

[3] https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-ministro-de-justicia-113-trabajadores-del-inpe-y-aproximadamente-500-internos-se-contagiaron-con-la-covid-19-noticia-1260476

[4] https://diariocorreo.pe/edicion/piura/motin-en-penal-rio-seco-de-piura-presos-protestan-por-temor-al-coronavirus-covid-19-video-noticia/  

[5] https://peru21.pe/peru/coronavirus-peru-i-penales-covid-19-motin-inpe-muere-preso-del-penal-de-piura-por-covid-19-noticia/

[6] https://rpp.pe/peru/actualidad/chiclayo-internos-del-penal-de-picsi-se-amotinan-y-demandan-mejor-atencion-ante-presunto-caso-de-la-covid-19-noticia-1259432?ref=rpp

[7]  https://rpp.pe/peru/actualidad/chiclayo-mas-de-400-internos-del-penal-de-picsi-tienen-tbc-noticia-1245436

 

[8] https://peru21.pe/peru/chiclayo-dos-reclusos-muertos-y-uno-herido-tras-motin-en-penal-por-covid-19-nnpp-noticia/

[9]  Alcale Sanchez, María (2017). Balada Punitivista: Tambor, Bombo y Platillo, en Revista de Derecho Penal N°25, pp.7-21.

[10]  Exp. N°01429-2002-HC

[11] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

[12] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%BA-003-2020-DP.pdf

[13] ttps://publimetro.pe/actualidad/internacional/coronavirus-que-puede-ocurrir-si-el-covid-19-se-expande-en-las-carceles-de-italia-nndc-noticia/?ref=pur

[14] https://elpais.com/espana/2020-03-18/interior-facilita-que-los-reclusos-en-semilibertad-cumplan-su-condena-en-casa.html

[15] https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/coronavirus-covid-19-varias-carceles-de-eeuu-liberan-a-sus-presos-para-disminuir-el-contagio-noticia-1252000?ref=rpp

[16] https://www.elimparcial.com/mexico/Aceleran-Ley-de-Amnistia-para-liberar-presos-durante-pandemia-por-Covid-19-20200416-0094.html

[17] https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/9313/Consideraciones-sobre-el-Decreto-Legislativo-546-del-2020-Decreto-Legislativo-546-Defensor-Negret-Defensor%C3%ADa-c%C3%A1rceles-coronavirus-COVID-1.htm

[18] https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/16/pinera-promulga-ley-de-indulto-conmutativo-por-coronavirus-en-chile/

[19] https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html

[20] Decreto Supremo que establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales, y determina su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19

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