Violación sexual de menor de edad y determinación de la pena

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Violación sexual de menor de edad y determinación de la pena

Para empezar, debe entenderse que el legislador, en los casos donde se ha cometido el delito de violación sexual, intenta proteger el derecho a la libertad sexual, entendida en un doble sentido: primero, el derecho de autodeterminación sexual en las personas mayores de edad, y segundo, el derecho a la indemnidad e intangibilidad en los menores de edad. De acuerdo a la doctrina, la idea de autodeterminación en cuanto a “libertad”, viene limitada por dos requisitos fundamentales:

  1. En primer lugar, por el pleno conocimiento del sujeto del contenido y alcance de dichas relaciones. Lo cual implica que, este ha de contar con la capacidad mental suficiente para llegar a tener dicho conocimiento.
  2. En segundo lugar, por la manifestación voluntaria y libre del consentimiento para participar en tal clase de relaciones, lo que tiene como presupuesto el que el sujeto pueda adoptar su decisión de manera libre.

Es importante mencionar que, el delito de violación sexual se encuentra tipificado en el artículo 170 del Código Penal Peruano. Respecto a la tipicidad objetiva, este delito se configura cuando el agente, haciendo uso de la violencia o amenaza grave, logra acceder carnalmente (vaginal, anal o bucal) o análogo (introducción de objetos o partes del cuerpo vía vaginal o anal) a la víctima sin contar con su consentimiento o voluntad. De acuerdo a la tipicidad subjetiva, este delito es doloso.

Artículo 170.- Violación sexual

El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de catorce ni mayor de veinte años.

 La pena privativa de libertad será no menor de veinte ni mayor de veintiséis años, en cualquiera de los casos siguientes:

  1. Si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos.
  1. Si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio o se aprovecha de cualquier posición, cargo o responsabilidad legal que le confiera el deber de vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a depositar su confianza en él.
  1. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendente, por consanguinidad, adopción o afinidad; o de cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga; o tiene hijos en común con la víctima; o habita en el mismo hogar de la víctima siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; o es pariente colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o adopción o segundo grado de afinidad.
  1. Si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima.
  1. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima.
  1. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, o de una relación laboral con la víctima, o si esta le presta servicios como trabajador del hogar.
  1. Si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, o cualquier funcionario o servidor público, valiéndose del ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas.
  1. Si el agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.
  1. Si el agente, a sabiendas, comete la violación sexual en presencia de cualquier niña, niño o adolescente.
  1. Si la víctima se encuentra en estado de gestación.
  1. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, es adulto mayor o sufre de discapacidad, física o sensorial, y el agente se aprovecha de dicha condición.
  2. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.
  3. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudiera alterar su conciencia.

FUNDAMENTOS DEL CASO:

La agraviada, menor de edad, de iniciales M.E.G.M. ofreció una sindicación coherente, uniforme, persistente y sustentada periféricamente. De manera específica, se indica que la pericia anatómica acreditó la producción de los actos sexuales instruidos; mientras que la pericia psicológica demostró: la desestabilización de su estado psíquico y precocidad sexual. Asimismo, se refleja una situación de vulnerabilidad previa, concomitante y posterior a los actos sexuales, lo que impide concluir que haya entablado relaciones libres, voluntarias, igualitarias y equilibradas. En estos casos se adoptan actitudes de sometimiento y pasividad.

Por consiguiente, la presunción constitucional de inocencia del procesado MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ROQUE ha sido enervada. La condena dictada, en observancia del artículo 285 del Código de Procedimientos Penales, es conforme a derecho. El imputado MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ROQUE no perpetró una sino varias violaciones sexuales consumadas, en las que no cabe el error de tipo y no se configuran las exenciones de responsabilidad que franquea la ley penal. Las agresiones sexuales poseen un componente que implica naturalmente la vejación, la humillación y el menosprecio para las víctimas, pues se vulnera un ámbito de la y libertad tan importante para las personas como es el de su sexualidad.

Bajo esta lógica, la dignidad siempre resulta mellada. Debido a que el hecho delictivo es notoriamente grave y existe un reproche jurídico absoluto, la sanción impuesta al acusado MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ROQUE resultó sumamente benigna e infringió los principios de legalidad y proporcionalidad.

Desde la perspectiva de la prueba pericial, cabe indicar lo siguiente:

8.1. El Certificado Médico Legal número 004173-H de fojas treinta, detalló que la menor de iniciales M. E. G. M. tuvo himen con: «Desgarros incompletos en horas ll y IX» y presentó: «Signos de desfloración antigua» y «No signos de coito contra natura». La víctima especificó que las relaciones sexuales con el procesado MIGUEL ANGEL RAMÍREZ ROQUE se iniciaron en enero de dos mil doce. La data de la antigua desfloración se condice con el evento delictual y su contexto temporal.

8.2. El Protocolo de Pericia Psicológica número 014602-2012-PSC de fojas treinta y cinco, estableció que la agraviada de iniciales M. E. G. M. sufrió: «Afectación emocional significativa en relación al motivo de la evaluación». En la pericia también se indicó que fue evasiva y reservada, brindó poca información, exhibió cambios en su relato involucrando a una segunda persona, se dejó llevar por sus emociones e impulsos, se expuso a situaciones de riesgo y, a nivel sexual, denotó precocidad.

RESOLUCIÓN DEL CASO:

Por lo tanto, con el propósito de mantener la proporcionalidad de la pena dentro de la lógica de prevención, y en uso de la facultad conferida por el artículo 300, numeral 3, del Código de Procedimientos Penales, es razonable su elevación. La sanción que finalmente se aplica corresponde a treinta años de privación de libertad, es decir, coincidente con el mínimo legal estipulado en el artículo 173 primer párrafo, numeral 2, del Código Penal, modificado por Ley número 28704, del cinco de abril de dos mil seis.

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